Al asegurar que para que suceda el fenómeno de la compra y coacción del voto se requiere de la participación de los ciudadanos —aunque eso no sucede si no se hace desde los partidos políticos—, la directora de la licenciatura en Derecho y Ciencia Política del campus Puebla del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Carla Gómez McFarland, afirmó que el organismo electoral federal salió “bien librado” de los comicios del pasado 1 de julio, porque además de cumplir con lo que marca la ley, aplicó el conteo de voto por voto en muchas casillas.

Para la académica, solventaron todas las irregularidades que se presentaron y también corrigieron muchos errores, “entonces hay que evaluar y ver si la autoridad actuó mal o si la que está mal es la ley en la materia”, porque de ser así esa es una responsabilidad que está en manos de la Cámara de Diputados. A decir de Gómez McFarland, si se cuestionan irregularidades por parte del organismo electoral, también hay que revisar la participación de los ciudadanos quienes participan activamente en los comicios y revisan que las cosas de hagan en apego a la normatividad, “hoy no se sabe si en algunas casillas hubo dolo o mala fe, pero la gente se puede equivocar”, algunos con intención de engañar pero otros no.

Por eso la directora de la carrera de Derecho y Ciencia Política del ITESM concluyó que el Instituto Federal Electoral (IFE) hizo lo que tenía que hacer y si faltó algo tiene que revisarse la normatividad y ver si las reglas lo facultan, “un tema fundamental en los procesos políticos del país es la educación tanto de funcionarios como de los ciudadanos”.

La urgente reforma política
Para asegurar procesos electorales transparentes y equitativos en el futuro cercano en el país, dijo Gómez McFarland, es necesario que los personajes de la vida pública del país tengan la voluntad política para aprobar muchas reformas que hoy en día están pendientes y que son urgentes, porque la última reforma política aprobada por los legisladores pasó “cortada” y eso no ayuda para la consolidación democrática.

Por eso enumeró los retos que tienen los organismos electorales del país para garantizar procesos transparentes y totalmente democráticos, donde destaca la organización de los comicios, la efectividad el día de la jornada electoral, fomentar el aumento de la participación social, la objetividad en el cómputo de los sufragios y la atención efectiva de las quejas presentadas, “que se tienen que resolver con imparcialidad y solventar todas las irregularidades denunciadas”.