La esperada aprobación de un paquete de iniciativas presupuestales consensuada con antelación derivó en severos cuestionamientos por parte de legisladores del blanquiazul.

A pesar de la aprobación del paquete legislativo en la sesión extraordinaria, la bancada panista en el Congreso local votó de manera dividida parte del paquete de iniciativas relativas a la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS), de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público; de Deuda Pública; de Bienes; de Obra Pública y de Servicios Relacionados. Las iniciativas se aprobaron sin mayor sobresalto con votaciones mayoritarias, tal y como se había acordado el martes por la noche durante el cónclave celebrado entre los líderes de las fracciones parlamentarias que constituyen la Junta de Gobierno del órgano legislativo.

Únicamente en el caso de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, los diputados del PAN votaron en contra. Los legisladores Rafael von Raesfeld, Juan Carlos Espina von Roehrich y Ana María Jiménez Ortiz, del grupo legislativo del PAN, votaron en contra de la reforma a la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público argumentando que la misma le quita facultades de fiscalización al Congreso, cuando ésta es una función esencial del Poder Legislativo frente a otros poderes.

Desde tribuna, Ana María Jiménez explicó que el Congreso debe conservar su función fiscalizadora, lo cual anula la reforma a la Ley Estatal de Presupuesto.

“Pedimos la modificación al artículo 29 de modo que no recaiga en una sola persona, esto es el titular del Poder Ejecutivo, la posibilidad de afectar total o parcialmente y de manera irrevocable, sin mediar mayor requisito, los ingresos estatales”, planteó Jiménez Ortiz.

“Consideramos que esta soberanía no puede renunciar a la función fiscalizadora conferida por la propia Constitución local, ni podemos legislar sólo por coyuntura. La propia exposición de motivos de la iniciativa en cuestión reconoce que los esquemas de financiamiento y optimización de recursos en la administración pública son dinámicos y cada día nos ofrecen mejores posibilidades de hacer más rentables los recursos públicos; este dinamismo, pues, debe ir acompañado de un criterio de prudencia que no deje duda del manejo transparente de los recursos públicos.”

El punto al que se opuso Ana María Jiménez resulta claro en el artículo 29 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad. “El Ejecutivo estatal, a través de la Secretaría de Finanzas, estará facultada para afectar, total o parcialmente, de forma irrevocable, sin mayores requisitos que los establecidos en este capítulo, sus ingresos presentes y futuros derivados de participaciones en ingresos federales, fondos federales, contribuciones, impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, accesorios u otros conceptos o ingresos susceptibles de afectación, como fuente de pago, garantía, o ambas, de todo tipo de obligaciones que asuma el gobierno del estado, los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria, los fideicomisos públicos considerados entidades paraestatales o terceros prestadores de bienes o servicios, derivados de proyectos de inversión”.

La legisladora explicó su rechazo a restringirle al Congreso capacidades fiscalizadoras del presupuesto y diversos ingresos. “No nos oponemos a la reforma a la Ley General de Bienes, consideramos que la adjudicación directa de algún bien inmueble propiedad del estado en segunda licitación y acompañada de un descuento máximo de 30 por ciento sobre el valor catastral del bien generará algunos recursos extraordinarios al erario estatal.

”Sabedores de que, como lo han expuesto varios integrantes de esta soberanía, la llegada de la planta de Audi abona al desarrollo económico de nuestra entidad, nos manifestamos a favor de todo lo que desde un esquema transparente beneficie a Puebla, y observantes de que en todo momento se privilegie el interés público por encima de cualquier otro.”

El único mini candado que se añadió fue la modificación propuesta por el diputado Guillermo Aréchiga Santamaría, a propuesta de los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, que planteó una modificación al artículo 29 Quinquies de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, a fin de que la Secretaría de Finanzas cree y mantenga registros de proyectos, por lo que la dependencia estatal estará obligada a proporcionar al Congreso local en el primer periodo ordinario de sesiones de cada año información acerca del registro de proyectos de inversión, con el propósito de promover fuentes de empleo.