La senadora Lucero Saldaña Pérez afirmó que a pesar de que es un avance la creación de una comisión especial sobre trata de personas, se deben profundizar las medidas para abatir este flagelo social.

Saldaña Pérez estimó que ha habido avances en la materia pero aún hay diversos rezagos en especial las legislaciones estatales, muchas de éstas no contemplan en sus códigos el delito de trata de personas. Entre los puntos que ha avanzado el país se encuentra el trabajo realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ya que la Comisión Nacional de Derechos fue el primer organismo que diseñó y puso en marcha un programa contra la trata de personas, promoviendo diversas acciones para prevenir, combatir y otorgar protección y asistencia a las víctimas de este delito a través de capacitaciones, campañas de sensibilización, convenios de colaboración, y creación de comités regionales.

“Se crea la comisión especial que es un avance en el Senado para tener en conferencia estos temas que necesitamos, de manera inmediata platicar con el titular de la Comisión de Derechos Humanos, Raúl Plascencia, donde han capacitado y han generado centros distritales para toda la República sobre la capacitación en materia de trata de personas. 

”La declaración es que voy a seguir insistiendo en que se dé el reglamento de la Ley General de Trata; dado como está, la ley está coja sino hay reglamento no podemos perder presupuesto que se aprobaría en temas de prevención, algunos se dedican más a las víctimas a atenderlas, yo creo que el rescate es importante pero sobretodo hay que en paralelo ver hacia la prevención, ver hacia lo que significa destrabar estos eslabones que son en temas educativos y en temas de capacitación.”

La senadora de la República afirmó que la cercanía del estado de Puebla con Tlaxcala hace vulnerable a la entidad en esta temática, aunque acotó en el sentido de que Puebla es solamente un estado de tránsito en la trata de personas. “Somos de tránsito y tenemos al estado de Tlaxcala, que es la punta del iceberg; hoy el referente, no significa que sea el único, pero es como si habláramos del feminicidio en Ciudad Juárez, sucede en todas partes, estamos geográficamente y en contacto”.

La senadora resaltó que en 2010 la mayoría de las víctimas de trata de personas eran mujeres provenientes de los estados con mayores índices de marginación y rezago social, como “Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca y Tlaxcala”.

”Más de la tercera parte de las entidades federativas no tienen legislación específica en la materia y en sus códigos penales no incluyen dicho delito.

”A nivel estatal, el vecino estado de Oaxaca está realizando acciones para la armonización de su legislación y coordinándose con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de dependencias del gobierno federal para prevenir y combatir la trata de personas”, señaló la senadora de la República.

De acuerdo con los datos proporcionados por la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, informó que de 2007 a 2012 ha habido al menos 200 casos denunciados. Saldaña Pérez afirmó que al carecer la ley de trata de personas de un reglamento específico se corre el riesgo de que no se destinen de manera correcta recursos a los programas en la materia, lo que impactaría negativamente en el rubro de la prevención de la trata de personas; un rubro sumamente sensible especialmente, consideró la senadora por Puebla, en los grupos de población de mujeres con mayores índices de marginación y pobreza.

Los principales grupos afectados son mujeres, niños, indígenas y migrantes que carecen de documentos para estar en el país. La senadora del PRI llamó la atención sobre este problema social como un tema central en la defensa de los derechos humanos, ya que se trata de los derechos fundamentales de las mujeres —añadió la representante— porque en nuestro país casi 12 millones de personas son víctimas de trata en nuestro país, además planteó que de esa cantidad 79 por ciento es utilizada para explotación sexual, 3 por ciento para extracción de órganos y 18 por ciento para explotación laboral.