Cadena perpetúa para funcionarios públicos que estén ligados al crimen organizado, y sancionar de igual manera tanto al promotor del turismo sexual como a quien adquiera los servicios cuando se trate de menores de edad o discapacitados, propuso el grupo legislativo de Acción Nacional en el Congreso del estado.
Durante la sesión ordinaria, Mario Riestra Piña presentó la propuesta de iniciativa para reformar el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos a fin de que se instaure nuevamente la cadena perpetua, misma que no es violatoria de los tratados internacionales, castigo que podría aplicarse a funcionarios públicos que se vinculen al crimen organizado.
En la tribuna del Congreso el legislador precisó que ser funcionario público es el más alto privilegio cívico a que puede aspirar un ciudadano. Su investidura implica un compromiso directo con la sociedad y con el estado. Entre sus funciones destacan la de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar la libertad, el orden y la paz pública, y no puede traicionar a la gente.
Reconoció que en México, la inseguridad pública es una de las mayores preocupaciones que tienen los ciudadanos. Esta situación se agrava por la competencia entre bandas de delincuentes que buscan dominar la actividad sobre la que delinquen. Ejemplos de esta batalla por el control del mercado de las drogas y otros, sumamente remunerados, son las muertes violentas.
“Hemos sido testigos de un proceso de descomposición de las instituciones encargadas de prevenir y castigar los delitos; pues en algunos casos, la fuerza de la delincuencia organizada radica en las alianzas y vínculos que se han logrado establecer con funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno. Estas bandas criminales que emplean sus propias técnicas, métodos e ideologías, han podido asociarse a funcionarios públicos para dedicarse a impunemente a diferentes actividades ilícitas.
”El gobierno federal lleva a cabo una estrategia de combate al crimen organizado. Y a pesar de que se ha llegado a señalar que para cumplir cabalmente la función de seguridad pública establecida para los ámbitos locales y municipales, cada entidad federativa ha expedido el correspondiente marco legal que atribuye facultades a sus autoridades para actuar en esta importante labor, ello no refleja una disminución significativa en actividades relacionadas con la delincuencia organizada. En otras palabras, estas acciones no serán eficientes si no se rompen las redes financieras y los nexos del crimen con el poder político.”
El coordinador de los diputados de Acción Nacional indicó que ante tal problemática presentó la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose en consecuencia el actual párrafo segundo y siguientes en el orden subsecuente al mencionado artículo, para proponer la posibilidad de establecer como pena la prisión vitalicia a los funcionarios públicos que mediante el ejercicio indebido de su servicio, cometan o auxilien a otras personas a cometer delitos en materia de delincuencia organizada, durante el término que dura su mandato.
Van contra enfermos sexuales
La diputada del PAN, Miriam Galindo Petriz, por su parte advirtió que en Puebla se está dando un crecimiento del turismo, y es el momento de inhibir que crezca el llamado “turismo sexual” donde se da la trata de menores de edad e incluso personas con discapacidad.
Explicó que actualmente sólo se sanciona como delito grave a quien lo promueve, mientras quien contrata los servicios tiene una pena menor y puede salir en libre con el pago de una cantidad, por ello la propuesta de reforma al Código de Defensa Social para el estado de Puebla establece que las penas serán similares para ambos.
Indicó que quienes contratan este tipo de servicios son gente sin escrúpulos y enfermos, que además de que tienen que ser sancionados penal y económicamente tendrán que recibir un tratamiento sicológico.
