En una sesión mañanera, el Congreso local aprobó “un ramillete” de iniciativas miscelánea. Sin repetir los esquemas de sesiones anteriores pero también sin entrar a fondo a los debates, con las reformas que enviara el Ejecutivo, los legisladores aprobaron por unanimidad: exhortos a favor de la actividad ganadera; se turnaron iniciativas para regular la donación de órganos y se condenó la doble práctica de dirigir al PRI y ser alcalde en el municipio de San Martín.

Los diputados aprobaron de manera unánime el exhorto del diputado tricolor, José Lauro Sánchez López, para que en la Ley de Egresos del estado para el ejercicio fiscal 2013, se fortalezca la actividad ganadera.

A petición del presidente de la Comisión de Hacienda y patrimonio municipal del Congreso, el Poder Ejecutivo deberá tomar en cuenta lo siguiente: implementación del programa Peso a Peso para la siembra, cosecha y almacenamiento de forrajes; aplicación del programa Peso a Peso para la realización de obras de retención de agua para uso pecuario; un programa de apoyo para el mejoramiento de praderas, combate de plagas y reforestación con árboles forrajeros; fortalecimiento del sistema de supervisión del ganado que ingresa al estado, para que su movilidad y rastreabilidad cuente con la certificación de sanidad correspondiente e impulsar el modelo de producción de alevines para la siembra de diferentes especies acuícolas.

El diputado de la fracción legislativa del tricolor consideró que su propuesta alentaría la participación del sector primario en la economía poblana y en el producto interno bruto. El legislador que los ganaderos han mejorado su productividad y calidad de sus productos llevando a cabo la certificación federal de los ranchos como espacios libres de clembuterol así como producción de cárnicos libres de enfermedades.

Además, también el diputado priista, Ernesto Leyva Córdova, entregó una iniciativa para modificar la Ley Estatal de Salud, para que la Secretaría de Salud fomente la cultura de la donación. La iniciativa propone difundir el procedimiento para asignación y distribución de órganos así como las sanciones a las que se hacen acreedores quienes comercien con órganos tejidos y células, así como quienes promuevan realicen y acepten una donación ilícita.

En su propuesta, aún por discutirse, se proponen sanciones de hasta 17 años de cárcel, a que se hacen acreedores quienes cometen delitos relacionados con la donación de órganos y trasplantes.

Leyva Córdova se mostró consternado que ante la falta de la cultura de donación de órganos se presenten problemáticas como la venta de riñones por 500 mil pesos. 

Por lo que el diputado manifestó que habrá graves consecuencias al incurrir en delitos que violen el marco jurídico del procedimiento para ser tanto donador como receptor de un órgano y cualquier acción que atente sobre la disposición gratuita de órganos.

Con un añadido, al artículo 97 de la Ley de Salud, se advertirá de los riesgos del mercado de órganos, agregando que las autoridades, médicos y personal médico involucrados en la disposición y donación de órganos tejidos y células, así como en trasplantes, deberán hacer del conocimiento del donante o de sus familiares, así como de los candidatos a receptor y de sus familiares, los delitos en que pueden incurrir, así como las sanciones, a que se hacen acreedores quienes los comenten, de conformidad con el capítulo sexto de la Ley General de Salud. Delitos con relación a la donación y trasplante de órganos, tejidos y células.

La severidad blanquiazul
Casi curándose en salud la bancada panista presentó una iniciativa para sancionar con severidad a los servidores públicos vinculados con el crimen organizado.
La iniciativa de Mario Riestra Piña, coordinador de los panistas en el Congreso, recupera una iniciativa de la fallida promesa de campaña de Josefina Vázquez Mota.

El diputado propuso una modificación constitucional que adiciona un segundo párrafo al artículo 22 de la Constitución proponiendo la posibilidad de establecer como pena la prisión vitalicia a los funcionarios públicos que cometan o auxilien a otras personas a cometer delitos en materia de delincuencia organizada, durante el término que dura su mandato.

El diputado Riestra planteó que si bien el gobierno federal ha llevado a cabo una estrategia de combate al crimen organizado ello no se refleja en una disminución significativa en actividades relacionadas con la delincuencia organizada: “En otras palabras, estas acciones no serán eficientes si no se rompen las redes financieras y los nexos del crimen con el poder político”, señaló el legislador blanquiazul. 
Riestra justificó su iniciativa: “De acuerdo con Edgardo Buscaglia, analista de la ONU, el crimen organizado tiene presencia en 38 países. México ocupa, el sexto lugar. Buscaglia también afirma que los grupos del crimen organizado han logrado relacionarse con el poder político, particularmente a nivel municipal. Se calcula que cerca de la mitad de las alcaldías a nivel nacional podrían tener algún vínculo con grupos del narcotráfico.”