El PRI presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación para relanzar la materia de civismo en las primarias y secundarias del país, a fin de corregir las deficiencias en su enseñanza, como parte de la estrategia contra el crimen y la violencia.
La legisladora Rocío Abreu Artiñano propone cambios en los artículos 7 y 49 de esa ley para “promover la educación cívica, el valor de la justicia, así como propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia”.
Pide basar el proceso educativo en principios y valores que garanticen la convivencia pacífica, entre otros puntos.
La reforma, que también pretende dar un estatus legal a la capacitación en educación cívica y al personal docente en beneficio de alumnos y padres de familia, obtuvo el apoyo por escrito de 20 legisladores priistas, de panistas como Beatriz Zavala y de la perredista Teresa de Jesús Mojica Morga.
Abreu Artiñano señala que la iniciativa busca atender las pocas horas de instrucción al año en materia de civismo.
“La existencia de muchas deficiencias de la formación cívica, en la educación para la convivencia pacífica y en la cultura de una vida libre de violencia son parte de las diversas causas sociales de la criminalidad”, dice.
Con el propósito de fomentar el civismo en las escuelas, como un antídoto a las actuales condiciones de inseguridad, violencia y criminalidad, el PRI presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa que reforma la Ley General de Educación.
La propuesta se sustenta en el cuestionamiento de que en las aulas mexicanas esa materia “ha ocupado muy pocas horas de instrucción al año”.
Presentada por la diputada priista Rocío Abreu Artiñano, la iniciativa señala que, entre las diversas causas sociales de la violencia y la criminalidad, debe considerarse “la existencia de muchas deficiencias en la formación cívica, en la educación para la convivencia pacífica y en la cultura de una vida libre de violencia”.
La propuesta priista convocó a los diputados a “reconocer que en materia de educación, tenemos asignaturas pendientes”.
La iniciativa plantea cambios a los artículos 7 y 49 de la Ley General de Educación.
En el primer caso, se establecería de manera explícita la obligación de las escuelas públicas y privadas de impartir civismo, para lo cual, al enumerar los fines de la educación que el Estado imparte, se añadiría el siguiente texto, como inciso VI del artículo 7:
“Promover la educación cívica, el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta; propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos.”
“Los mexicanos vivimos tiempos de grandes retos y especialmente condiciones de inseguridad, violencia y criminalidad que debemos enfrentar con acciones eficaces en el sistema educativo”, argumentó Abreu Artiñano.
Sin hacer referencia a los cambios realizados por la SEP en este sexenio para reformar la materia, Abreu Artiñano sostiene que “diversos grupos y pensadores propusieron la incorporación de la moral, de la moral religiosa para la enseñanza de los valores y otros en la complementación del civismo con la enseñanza de la ética”.
