Gritos de desesperación, zozobra, mentadas de madre y llanto entre veladoras prendidas fue lo que vivieron extrabajadores de los extintos Montes de Piedad, quienes fueron notificados que serían dados de baja.

El argumento del gobierno estatal para seguir despidiendo personal y desapareciendo la asistencia social fue que los montepíos “no son negocio”. Pero ni el llanto, ni gritos ni groserías y una que otra mentada de madre flexibilizaron a las autoridades, quienes tienen una orden “superior” de desaparecer el recinto que estaba destinado para apoyar a los más pobres. Entre los despedidos se encuentran personas de la tercera edad, madres solteras y jóvenes, quienes a unos días de terminar 2012 y en vísperas de las fiestas decembrinas quedarán sin trabajo.

Empleados sindicalizados y de confianza llegaron a las instalaciones del Instituto para la Asistencia Pública del Estado de Puebla (IAPEP) tras ser notificados que habría una reunión para ser despedidos. Desde las 10:00 horas los empleados, con caras largas, entraron al viejo edificio de avenida Reforma 702, donde varias mujeres de distintas edades prendieron veladoras para esperar la noticia.

Finalmente, unos minutos después los empleados fueron notificados por un auditor externo, Jorge Bracamontes, que serían dados de baja. El llanto, los gritos y la desesperación no se dejaron esperar.

Los ahora exempleados exigían al auditor que llamara al director de la institución y los burócratas sindicalizados exigieron la presencia de su líder, Héctor Posadas.

Pero el auditor no sabía qué responder, sólo escuchó las quejas y les señalaba que él era el encargado de señalarle a cada uno de qué manera serían indemnizados tras la determinación del gobernador  Rafael Moreno Valle Rosas de desaparecer las casas de empeño. Los gritos le llovían al asesor externo, por todos lados y el enojo creció sobre todo cuando le preguntaron cuánto les pagarían de indemnización, ya que exigían el 100 por ciento de lo que la Ley Federal del Trabajo marca para dejar sus trabajos.

—No tengo montos, los tendré transcurso de la mañana.

—¿Van a pagar conforme a la ley?

—Tenemos que ver caso por caso y persona por persona.

Esa frase arrancó gritos de “no” y exigencias de ver a los directivos o funcionarios del gobierno estatal, ya que acusaron en 2011 intentaron despedirlos por primera vez.

—Yo llevo 10 años de trabajo y el año pasado me querían dar 11 mil pesos por una década, quiero saber si este año va a ser la misma situación porque, según mis cálculos, me corresponden 49 mil pesos, no pido eso, pero si algo cerca.

—No, no te van a dar eso.

—¡Queremos al director! ¡Queremos al director!— gritaron al unísono.

”Se dio el traspaso o la compraventa de los Monte de Piedad, como quieran llamarle, con mucha precipitación”, dijo el asesor. Pero volvieron a increparlo al indicarle que llevaba meses esta situación y nadie les informó nada.

“Si a nosotros nos hubieran dicho desde un principio, no estaríamos aquí discutiendo”, dijo una joven mujer.

Los gritos de “¡Fuera, fuera!” no se hicieron esperar, luego de que el asesor externo no tenía ninguna respuesta del futuro del personal ni cifras u ofrecimientos a los sentenciados de despido. Los ánimos se empezaron a calentar, al grado de que los trabajadores, mujeres y hombres desesperados le gritaron en su cara: “corrupto, vendido” y distintas palabras altisonantes, ante su mirada tranquila, con un dejo de soberbia. “Nos podemos pasar así todo el día y no van a lograr nada, tengo que hablar uno por uno, no traigo cheques, tengo que dialogar”, sentenció.

Posteriormente, salieron a debatir los trabajadores sindicalizados, quienes entre groserías exigían la presencia del secretario del Sindicato de Burócratas, Héctor Posadas. El asesor les aclaró que no serían despedidos, sino reubicados; sin embargo no le creían, por lo que se lo pidieron por escrito, negándose Jorge Bracamontes. Luego llegó un delegado del sindicato, quien empezó a dialogar con los trabajadores de base, a quienes les pidió unos minutos para entrar a hablar con los directivos del IAPEP.

Así, poco a poco fueron dispersando a los manifestantes, para finalmente hablar por separado con los empleados. Luego de que el delegado del sindicato dialogara con el director de la institución, Ernesto Pineda Sandoval, los 20 trabajadores sindicalizados fueron reinstalados en oficinas de la dependencia, mientras que sus compañeros de confianza los veían con envidia.

Ya por la tarde, los extrabajadores de confianza les fue notificado que les entregarían 15 mil pesos como indemnización a cada uno de los empleados, sin importar su antigüedad, lo que volvió a desatar protestas y opciones de demanda.

Casos de vida
Detrás de los números que representar para el gobierno del estado los despidos, existen personas que quedan en una difícil situación que afrontar este fin de 2012.

Por ejemplo Cecilia Betanzos, que tiene a cargo a su mamá, por lo que con una notable cara de preocupación y los ojos humedecidos señaló que no sabía qué hacer. Ella era cajera capturista de la sucursal del Monte de Piedad en San Baltazar Campeche. “De manera personal el quedarme sin trabajo, no nada más me afecta a mí, sino a mi mamá; yo soy el sostén de la casa.

”Ya se va a terminar el año, usted sabe que en la actualidad para encontrar un trabajo es muy difícil, muchos documentos, etcétera.”

—¿Cuánto llevaba laborando?

—Cinco años, qué más te puedo decir, realmente te quedas con mucha impotencia, tienes por delante muchas cosas, los planes que posiblemente tenía se quedarán a la mitad y si mis compañeros no se ponen las pilas nos van a llevar al baile.

”En mi caso personal, mi papá era de base, pero con la administración anterior me hicieron por perdida la base, no me la quisieron dar a pesar de que la solicité (…) y ahora me salen con esto, sin base ni nada.”

—¿Cuánto ganaba?

—Dos mil 100 pesos a la quincena.

Otro caso es el de Yunuem, de 38 años de edad, quien laboraba como encargada de bóveda en la sucursal Vidal Ruiz de la 4 Oriente y 2 Norte, pero al ser mamá soltera se le complica mucho la situación.

“Soy mamá soltera, tengo nueve años trabajando y pues ahora la situación está muy difícil para encontrar trabajo.

”Me quedo sin nada, imagínate lo poco que me vayan a dar de liquidación; vaya, ni siquiera para poner un negocio, no se vale.”

 —¿Qué va a hacer?

—Pues asesorarme, a ver que me dicen, ya de lo que me digan esperar— dijo al señalar que se asesorará mediante abogados.

En tanto, el director del IAPEP, Ernesto Pineda Sandoval, huyó en todo momento de quienes estuvieron bajo su cargo. En una muy breve entrevista, señaló que serían dados de baja 56 trabajadores y que estaba negociando con la empresa Efectivo Inmediato, para que fueran contratados los empleados de confianza.

La venta
Después de 120 años de servicio a los más necesitados, el gobierno del estado de Puebla desaparecerá las casas de empeño Monte de Piedad, al pasarlas al sector privado mediante una licitación de venta.

A finales de septiembre se publicó en el Periódico Oficial del Estado la convocatoria en la se abre a licitación pública nacional la venta de los Monte de Piedad, la cual inició una reestructuración cuando arrancó el gobierno de Rafael Moreno Valle.

En cuanto a los empleados, la dependencia informó oficialmente que los trabajadores de confianza serán liquidados y el personal de base será reubicado en otras dependencias del gobierno estatal. Según las mismas estadísticas, el Montepío atiende más de 23 mil personas mensualmente y 57 por ciento de la ciudadanía poblana ha acudido alguna vez a empeñar algún objeto. Los sectores más pobres quedarán desprotegidos con la venta del Monte de Piedad, señalaron los mismos pignorantes que acuden continuamente a los establecimientos, debido al abuso que cometen las casas de empeño particulares.

Pero para el gobierno de Puebla, por medio de un “Nuevo Modelo de Asistencia Pública”, se planea hacer un uso óptimo de recursos para la generación de resultados en beneficio de la sociedad, con el objetivo de invertir más dinero en la asistencia pública, así como sistematizar y rediseñar los procesos para hacer más eficientes los servicios y mejorar su calidad. La venta de los Montes de Piedad es parte del desmantelamiento del IAPEP, organismo creado para atender a la población más pobre o vulnerable, pero para el gobernador de Puebla debería ser un negocio con ganancias.

La excusa del gobierno del estado para la venta es la disminución en la percepción de participaciones para el gobierno estatal por 800 millones de pesos y la deuda de más de 9 mil millones de pesos que heredó la administración de Mario Marín Torres. Por medio de un comunicado, el Instituto para la Asistencia Pública del Estado de Puebla (IAPEP) informó que viernes pasado fue publicada en el Periódico Oficial del Estado la convocatoria mediante la cual se abre a licitación.

Dicha licitación pública es nacional el proceso de enajenación de su unidad productiva denominada como Monte de Piedad de Puebla.

“(…) Este instituto ha iniciado un proceso de reestructuración, en apego a criterios de eficiencia institucional y uso adecuado de los recursos, por lo que como parte de la estrategia general de la Administración Estatal.

”(…) en 2011 se decidió renovar la imagen de la asistencia pública y dejar de basar la generación de recursos en el desempeño de unidades productivas”, señala el comunicado oficial.

Se informó que fue la Junta de Directiva del IAPEP, en su tercera sesión extraordinaria, el 6 de septiembre de 2012, cuando aprobó la enajenación de la unidad productiva de Monte de Piedad de Puebla. En dicha sesión se determinó que el proceso de venta será implementado a través de una licitación pública abierta a cualquier interesado que cumpla con las características publicadas en la convocatoria y en las bases de licitación correspondientes.

“Cabe señalar que el recurso que se obtenga de la enajenación del Monte de Piedad de Puebla será destinado en su totalidad a un fondo, mismo que costearía el Nuevo Modelo de Asistencia Pública”, señala el boletín.

Afirmaron las autoridades que por medio de un “Nuevo Modelo de Asistencia Pública” se planea hacer un uso óptimo de recursos para la generación de resultados en beneficio de la sociedad, con el objetivo de invertir más dinero en la asistencia pública.