El trabajo legislativo del grupo parlamentario del tricolor en el Congreso federal ha sido intenso. La agenda del tricolor en el arranque de la Legislatura federal ha sido diversa. Ha abarcado diversos temas, desde temas relacionados con la protección a ahorradores frente a organizaciones financieras fraudulentas, pasando por propuestas ecológicas y los recursos para el apagón analógico, hasta el cabildeo presupuestal.

Cabe señalar que los diputados priistas han trabajado en diversas comisiones. Entre otras, el coordinador de la bancada tricolor, Carlos Sánchez Romero, participa en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

La bancada priista de Puebla está formada por Ana Isabel Allende Cano, Lisandro Arístides Campos Córdova, Frine Soraya Córdova Morán, diputada plurinominal; Víctor Díaz Palacios, distrito 3; Enrique Doger Guerrero, distrito 6; Josefina García Hernández, distrito 4; Rocío García Olmedo, distrito 13; María del Carmen García de la Cadena Romero, por el distrito 15; Javier Filiberto Guevara González, por el distrito 14; Javier López Zavala, diputado plurinominal; José Luis Márquez Martínez, distrito 2; Jesús Morales Flores, por el distrito 7; Carlos Sánchez Romero, por el distrito 5 y Laura Guadalupe Vargas Vargas, legisladora por el distrito 1.

A continuación, al corte del inicio del primer período de sesiones del Congreso de la Unión estas son algunas de las iniciativas que han buscado colocar los legisladores priistas en San Lázaro.

La agenda tricolor en San Lázaro
El diputado del PRI Javier López Zavala propuso la adopción de paneles solares en escuelas para ahorrar 10 mil millones de pesos al año. La innovadora propuesta ecológica significaría que los padres de familia no paguen cuotas de “cooperación” para energía eléctrica Con este objetivo, el legislador federal por el tricolor propuso una reforma el artículo 7 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, a fin de establecer una estrategia escalonada y multianual, para la incorporación de paneles solares en las escuelas públicas priorizando las que se encuentren en regiones donde no exista cobertura de energía eléctrica.

La propuesta tricolor también implica una reforma al artículo 11 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, para que la Federación esté obligada a definir estrategias para promover la realización de proyectos de generación de electricidad a partir de energías renovables para escuelas y edificios públicos. De acuerdo con los datos de su propuesta de ley en México se contabilizan más de 72 mil centros escolares de educación preescolar, primaria y secundaria.

Según datos de la SEP, el costo del suministro de luz en el país en las escuelas llega a los 10 mil millones de pesos anuales. En las pequeñas comunidades donde no tienen energía eléctrica, los paneles solares en las escuelas podrían abastecer incluso a la comunidad, lo que significa un ahorro muy importante destinando estos recursos para la compra de equipamiento o mobiliario de las escuelas.

Un estado pionero en este rubro es Coahuila, donde se ocupa este sistema. El periodo de vida útil que tienen los paneles solares es de 30 años. Además, el costo del kilovatio/hora de los paneles solares ronda los 11 y 12 centavos de dólar, frente a los 17 a 24 centavos de dólar que cuesta la energía generada con métodos tradicionales.

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Otra propuesta de la bancada tricolor es que sea obligatorio que las sociedades cooperativas de ahorro sean autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. A partir de la experiencia poblana, cuando se suscitó una crisis en los ahorros de miles de ahorradores que colocaron su dinero en cajas de ahorro y que al final quebraron, el diputado priista Jesús Morales Flores planteó una iniciativa que hace obligatorio para todas las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo contar con la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y en consecuencia estar bajo vigilancia de la misma, para evitar los actos que desembocan en la pérdida del patrimonio de miles de mexicanos, iniciativa que fue presentada prácticamente al inicio de la actual Legislatura federal.

Además, señala la iniciativa del diputado tricolor la difícil situación económica que afecta a miles de mexicanos; en toda la geografía nacional se han presentado lamentables acontecimientos que han puesto en la incertidumbre el ahorro y el patrimonio de un número considerable de familias, estos actos han tenido su origen en algunas sociedades de ahorro que han sido denunciadas por ahorradores que en calidad de socios acusan a sus propietarios y operadores financieros de fraude, debido a la falta de liquidez que les impide reintegrar el capital invertido o ahorrado.

Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo adquieren relevancia en el sistema financiero al tener presencia en comunidades en donde la presencia de la banca comercial es escasa o nula, 92 por ciento de los municipios con menos de 50 mil habitantes no cuentan con cobertura de servicios financieros, por otro lado las promesas de rendimientos incomparables con la banca comercial y la creciente necesidad de la población, hacen presas cautivas de estos timadores a un número considerable de ahorradores.

De acuerdo con datos de la iniciativa del legislador tricolor, en la actualidad existen más de 790 sociedades cooperativas de ahorro y préstamo de las cuales la Comisión Bancaria y de Valores solo ha autorizado a 59, lo que equivale a menos de 8 por ciento de las existentes. Otro dato que destaca la iniciativa presentada por el legislador es que un alto porcentaje de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo carecen de autorización. Tampoco son reguladas por autoridad alguna, y muchas de ellas caen en “situaciones de insolvencia”.

Esto produce que el Estado entre el rescate de los ahorradores. Se destinan más de 4 mil millones de pesos de recursos presupuestales en este rubro. Cifras señalan que más de 160 mil ahorradores han sido afectados por el desfalco de las ahorradoras.

Frente a esta grave situación la ley es omisa, señala la iniciativa, porque no se prevé la existencia de sociedades de ahorro y préstamos cuyo capital es menor a 2 millones 500 mil UDIS, lo que las ubica en el nivel básico de operaciones; en este nivel no se requiere obtener de la Comisión Nacional Bancaria autorización para operar ni se encuentran obligadas a estar bajo vigilancia del Comité de Supervisión Auxiliar, lo que genera una “laguna” que aprovechan estas organizaciones para posteriormente timar a los ahorradores.

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En su papel de coordinador de los diputados federales del PRI del estado de Puebla, Carlos Sánchez Romero integra la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La misma la preside el perredista José Luis Muñoz Soria, Sánchez Romero participa en la comisión que tiene como propósito salvaguardar el destino de los recursos públicos y mejorar el sistema de indicadores del gasto público.

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Por su parte, el legislador del PRI Víctor Díaz Palacios, integrante de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara, ha seguido de cerca el tema del denominado “apagón analógico”, es decir, el cambio de las tecnologías receptoras de televisión para que solo reciban transmisiones digitales, tema en el que México se encuentra rezagado, ya que en Estados Unidos el apagón “analógico” sucedió en 2009.

Nuestro país necesita un presupuesto de 2 mil 400 millones de pesos para realizar el “apagón analógico” tan solo en el norte del país durante 2013. El apagón escalonado inicia en Mexicali, Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Monterrey el 26 de noviembre de este año. Para el cambio digital se contempla que México, Guadalajara y el centro del país dejen de emitir señales analógicas el 26 de noviembre de 2014 y en 2015 en el resto de la República.

El término de las transmisiones analógicas estará sujeto a que 90 por ciento de la población que depende exclusivamente de las señales abiertas para recibir el servicio de televisión cuente con un televisor o decodificador digital, refiere el diputado federal.

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La legisladora del PRI Josefina García Hernández, quien integra la Comisión de Asuntos Indígenas, presentó un punto de acuerdo para punto de acuerdo por el que se exhorta a las instancias correspondientes del gobierno federal para que se revisen los resultados de las estrategias de atención a la zona de la cuenca hidrológica del río Necaxa y elaboren nuevas propuestas para el saneamiento, preservación integral y reactivación económica, de la zona hidrográfica de Necaxa. En el mismo punto, la legisladora pidió que la Conagua incorpore la opinión de pobladores, especialistas y organizaciones sociales de la zona en la elaboración del programa de manejo de la cuenca hidrográfica del río Necaxa.