Más de 5 mil despedidos, opacidad en el ejercicio de la administración, disputas legales, daños a zonas históricas, hospitales descuidados, sectores vulnerables y campo desprotegidos, violación a derechos humanos y obras faraónicas, ha sido el saldo de dos años del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas.

Esos datos tan importantes forman parte del “otro informe”, ese que jamás se escuchó en el Congreso estatal, ni en el Centro Integral de Servicios (CIS), donde el mandatario estatal solo recibió loas, vivas y aplausos.

Pero también existen los inconformes, quienes marcharon este lunes por las calles de Puebla, tratando de alzar la voz de lo que está sucediendo en Puebla a dos años de la administración morenovallista.

Mientras mandatarios y personalidades nacionales llegaban en helicópteros al CIS, el ciudadano de a pie, sufrió de cierres de importantes avenidas como la vía Atlixcáyotl y hasta el bulevar del Niño Poblano, todo para que se realizara el segundo informe de labores.

Los despedidos
Un estigma que ha marcado a la administración de Rafael Moreno Valle Rosas, es la cascada de más de 5 mil despedidos de dependencias centralizadas y descentralizadas, incluidos trabajadores sindicalizados, de quienes se decía no serían tocados.

El conteo de Intolerancia Diario lo frenamos en el mes de mayo mediante solicitudes de información, cuando según cifras entregadas por la Secretaría de Administración, ya se contabilizaban 4 mil 49 personas dadas de baja hasta el quinto mes del 2012.

Pero continuaron a diestra y siniestra los despidos, tanto de personal de Seguridad Pública, quienes no aprobaron las pruebas de confianza, hasta los dados de baja por la desaparición del Instituto para la Asistencia Pública del Estado de Puebla (IAPEP).

Asimismo ya se han dado de baja a más de 160 trabajadores sindicalizados: lo anterior significa que en promedio nueve personas fueron despedidas diariamente —contando sábados y domingos—.

Todo en los primeros 486 días del gobierno de Rafael Moreno Valle que abarcan de febrero del 2011 a mayo del 2012. La cifra ya ha aumentado, ya que se omitió a la Secretaría de Salud.

La cifra de despidos continúa a pesar de que el 30 de junio del 2010, en la explanada de la Secretaría de Finanzas, el ahora gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, prometió en campaña que no habría bajas si le daban el voto.

Según una nota publicada por El Heraldo de Puebla, el 30 de junio del 2010, escrita por Fortino Morales Pacheco —quien a la postre sería jefe de prensa de la Secretaría de Salud y ahora también despedido— la promesa de campaña de Rafael Moreno Valle Rosas a los empleados del gobierno, era que se les respetaría su empleo si le daban el voto.

“Agregó —Moreno Valle— que a los funcionarios de Finanzas y otras dependencias los están obligando a votar por el PRI, porque si no lo hacen serían despedidos ‘y lo más grave es que los van a concentrar el día de la elección y les van a dar las boletas marcadas’.”

En el mes de marzo del 2011, el secretario de Gobernación, Fernando Manzanilla Prieto, en entrevista con reporteros, reveló que fue el propio gobernador, Moreno Valle Rosas, quien ordenó el despido masivo de trabajadores del gobierno del estado, según consta en notas periodísticas.

“La indicación del gobernador Moreno Valle es revisar y en su caso dar las gracias a quienes ingresaron hace 5 años en promedio, porque éste es otro gobierno y otro partido.”

Manzanilla Prieto, aclaró además que a los trabajadores sindicalizados no se les ha despedido, ni a quienes cuentan con más de 15 o hasta 25 años de servicio, ahora la realidad es otra tras el despido de personal del IAPEP.

Opacidad
Han sido muchos los casos de opacidad en el gobierno morenovallista, pero quizá el más emblemático fue el que se hizo para ocultar el gasto de los helicópteros Agusta que trasladan diariamente al mandatario estatal e invitados.

Al comenzar su administración, Moreno Valle Rosas anunció un plan de austeridad para su gobierno, recortes en programas sociales, eliminó entrega de despensas y el referido despidió a más de cuatro mil personas, pero fue notoria la adquisición de un helicóptero.

Al solicitar Intolerancia Diario información sobre dicha compra, el gobierno reservó los gastos que tuvieron que ver con la adquisición de la aeronave hasta 2018, que posteriormente a través de la investigación se supo que fueron dos las aeronaves adquiridas de última tecnología.

Fue un proceso largo en donde la administración morenovallista solo proporcionaba información a medias ya que se enfocaba a entregar datos sobre la adquisición de aeronaves en administraciones anteriores pero se reservaba la de su propia gestión.

La presión de los medios de comunicación locales y nacionales, que retomaron el tema, contribuyeron a que después de dos meses de haberse dictado la resolución de la CAIP el gobierno informara que fueron dos los helicópteros adquiridos al iniciar la administración en donde se gastaron más de 160 millones de pesos.

Además, se conoció que la empresa con la que se compraron no forma parte del padrón de proveedores y no hubo licitación de por medio.

Aun más, también se conoció que las aeronaves no eran utilizadas para labores de protección civil o sociales, y aun en la actualidad se desconoce la partida presupuestan con la que fueron pagadas.

Asimismo a pesar de las pruebas, la CAIP, decidió mediante resolutivo que el gobierno del estado había entregado la información completa.

Un día después, ante la presión mediática, el gobierno decidió abrir la información demostrando que no había entregado los datos completos.

Desde la publicación del primer reportaje organismos ciudadanos y empresariales como Amedi, Coparmex y México Infórmate condenaron la opacidad con la que opera el gobierno del estado.

La opacidad también fue desnudada por Intolerancia Diario mediante un ejercicio al solicitar a 30 organismos descentralizados el número de despedidos; la respuesta fue la misma en cada una: bloqueo y burocratismo “ochentero”, pero ese es otro tema.

De las 30 dependencias estatales, 14 entregaron la información, en 12 de ellas la información se entregó de manera personal, tratando de obstaculizar al asegurar que no estaba disponible de manera digitalizada.

Desde octubre se mantienen, en revisión los 16 casos restantes, en los que la Comisión de Acceso a la Información Pública, determinará si la información negada mediante vía electrónica se tiene que ir a recoger o no personalmente.

Disputas legales
Las disputas legales también son una de las constantes del gobierno morenovallista, luego de emprender varias disputas contra empresas y particulares por sendos motivos.

La más reciente fue en su contra, luego de que investigadores y especialistas universitarios, solicitaron un amparo para frenar la construcción del teleférico, del que posteriormente se supo, no contaba con permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Gracias al cambió de administración del gobierno federal el INAH inició un proceso administrativo en contra del gobierno de Moreno Valle, por la destrucción de la casona Rincón del Torno, para la edificación de la estación del teleférico.

Finalmente se suspendió la obra del teleférico, luego de una orden judicial, por lo que no se trabajará hasta que la juez federal emita un fallo.

A pesar de esta gran controversia legal sobre una de las magnas obras del morenovallismo, hasta la fecha el gobierno del estado no ha emitido postura alguna, guardando un total silencio.

Las otras disputas legales las ha emprendido el mandatario estatal, pero la que más relevancia tuvo fue la demanda a dos periodistas, luego de que se aseguró que serían 19 los comunicadores demandados por difamación de honor.

La situación tuvo repercusiones incluso internacionales, luego de que la empresa de noticias CNN, ha dado seguimiento al caso al realizar un reportaje en el que entrevistó diversos periodistas poblanos, quienes han desnudado la situación de los medios de comunicación en el estado.

Darío Ramírez, director en México de la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19, calificó en CNN a las denuncias como “una acción inhibitoria de la libertad de expresión” y consideró que el gobierno de Puebla podría haber recurrido a otras medidas antes de la denuncia civil.

Asimismo en España, la organización Periodistas en Español dio seguimiento a la nota periodística, mientras que la agencia internacional AFP en su nota contextualizó que las denuncias en Puebla se dan en medio de asesinatos de periodistas en México.

Y aunque Rafael Moreno Valle Rosas, desmintió que exista una “lista negra” de más comunicadores por denunciar, entre ellos Enrique Núñez, Ricardo Morales y este reportero de Intolerancia Diario, nadie le creyó.

Llovieron críticas de especialistas legistas, presiones de organismos de transparencia y seguimiento medios de comunicación nacionales e internacionales contra las amenazas de denuncias contra periodistas, lo que al parecer surtieron efecto.

Contradijo a su mismo vocero del gobierno estatal, Sergio Ramírez Robles, quien un día anterior en entrevista con Álvaro Delgado, periodista de la revista Proceso, aseguró que seguirían haciendo las denuncias contra quienes llamen a los funcionarios “rata”, “perro”, “cerdo”, “homosexual”, “chacha”, “mascota”.

Finalmente, los dos periodistas demandados hicieron un acuerdo con el gobierno de Moreno Valle, y las demandas fueron retiradas.
 
Derechos humanos
Los problemas en derechos humanos han sido una constante en el actual gobierno, sobre todo en operativos contra manifestaciones, donde el secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas ha ordenado represión y se ha registrado abuso de autoridad.

 Uno de los casos más notorios fue a finales del 2011 cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDHEP), emitió una recomendación a Vargas Fosado, por la violación de garantías y lesiones en contra de 31 campesinos de Chignahuapan.

De acuerdo a los hechos constatados en 97 diferentes evidencias evaluadas por la CDHEP, 31 personas resultaron lesionadas —cuatro con lesiones que tardan en sanar más de 15 días—, quienes relataron que policías los desalojaron utilizando gas lacrimógeno, proyectiles de goma y macanas, ocasionándoles diversas lesiones y privándolos de su libertad.

Otra recomendación por abuso de autoridad fue la emitida bajo el número 41/2011, por uso excesivo de la fuerza tras la represión de manifestantes a las afueras de las oficinas de la Secretaría de Finanzas, contra quienes se utilizó gas lacrimógeno.

 “No debemos perder de vista que los actos que nos ocupan son el uso de la fuerza excesiva, así como, el maltrato, las lesiones y golpes y que como puede verse del material que este Organismo recabó de los medios de comunicación en un CD y un videocasete formato VHS (…)”, continúa el documento.

La última recomendación de la CDHEP fue en noviembre por violaciones a las garantías individuales contra campesinos en el mes de mayo en la localidad de Tlachichuca, cuando Policías Estatales reprimieron una manifestación en contra del presidente municipal por parte de pobladores.

En aquella ocasión pobladores del municipio de Tlachichuca, quemaron una patrulla y amarraron de un asta bandera al hermano del presidente municipal Iván Collantes Cabañas, para exigir al edil dejar el puesto acusado de malversación de fondos para fertilizantes.
Los campesinos fueron detenidos a golpes durante el rescate del hermano del presidente municipal, a quienes finalmente se les iniciaron respectivas averiguaciones previas ente el Ministerio Público.

Por lo tanto, la CDHEP recomendó a Ardelio Vargas, instruir a quien corresponda, a fin de que se tomen las medidas necesarias para reparar el daño ocasionado respecto al pago de los gastos generados y que se generen por la atención médica.

Pero también periodistas fueron levantados y asaltados por elementos de la Policía Estatal, a quienes defendía Ardelio Vargas, finalmente fue la Procuraduría General de Justicia tras investigaciones y presión social, detuvieron a los uniformados, quienes siguen en la cárcel.

Meses antes, Intolerancia Diario reveló una grabación en la que se escucha a Ardelio Vargas Fosado, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, ordenando la represión a un grupo de reporteros que cubrían un violento desalojo de integrantes de la UNTA, en Chignahuapan.

—Ardelio: Líder.

—Vera: Adelante señor.

—Ardelio: A esos cabrones no les devuelvan las cámaras, hasta allá, y bórreles toda la imagen que tienen; de tontos nos van a acusar si se las devolvemos, ¡que chinguen a su madre!, nos agredieron, también eran parte de ese grupo.