Desde que inició este año, con la llegada de Javier Fregoso Sánchez a la presidencia de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) y de Federico González Magaña como nuevo integrante, no ha habido un solo recurso en contra del gobierno estatal
en apenas mes y medio de empezar gestiones, la nueva administración del órgano garante de la transparencia en Puebla ya ha sobreseído y confirmado 21 recursos de revisión contra distintas dependencias del gobierno de Puebla.
Entre todo este panorama, el gobierno estatal continúa reservando información importante, al no entregar datos previas solicitudes como de los permisos de construcción del teleférico o los gastos en el Centro Integral de Servicios (CIS).
Desde el 1 de enero a la fecha ni un solo recurso en contra de dependencias de la administración del gobernador Rafael Moreno Valle ha sido en contra o revocando su respuesta.
De los 27 recursos de revisión en lo que va del 2013, 21 casos son contra respuestas insatisfactorias por medio de la ley de acceso a la información contra distintas dependencias, incluyendo 14 descentralizadas, según un análisis de los boletines de prensa.
Este miércoles la CAIP emitió dos resolutivos más a favor de dependencias del gobierno del estado, luego de que en sesión se apoyaron o confirmaron las respuestas a solicitudes como gastos en festejos del 15 de septiembre.
Lo anterior significa que fueron desechadas las inconformidades de diversos ciudadanos ante las respuestas de dependencias gubernamentales, ante diversos argumentos legales basados en la ley de transparencia estatal.
El resto de los recursos de revisión, fueron cuatro revocaciones, uno en contra el ayuntamiento de San Pedro Cholula, otro contra el Partido Acción Nacional (PAN) y dos contra el Sistema Operador de Agua Potable de Tepeaca.
Al revocarse las respuestas, el sujeto obligado —en este caso el ayuntamiento de Cholula y el PAN—, por medio de una orden, tiene que emitir las respuestas solicitadas a conformidad del ciudadano.
La defensa
Pero para el comisionado, Federico González Magaña, no pasa nada e inclusive defendió en entrevista al gobierno del estado al sentenciar que está actuando bajo la ley reservando la información, como la del CIS y teleférico.
En entrevista a reporteros, aseveró que son totalmente falsas las versiones de protección al gobierno estatal, al sentenciar “esta comisión resuelve con estricto apego a derecho”.
Inclusive defendió a “capa y espada” al gobierno morenovallista al sentenciar que está en su derecho legal de reservar diversos temas, incluyendo los datos del CIS y teleférico, lo que solo mediante un recurso de revisión lo estudiarían.
Y aunque reconoció que desconoce tiene las facultades para solicitar los acuerdos de reserva, argumentó que no lo hace “por la carga de trabajo”.
—¿No sería bueno que abrieran –el gobierno- la información?
—La reserva de la información es una posibilidad que la ley establece, habrá que conocer los acuerdos de reserva de la información para ver si están adentro de lo que la ley establece.
—¿Pero nos sería bueno que abrieran ese tipo de datos, como cuánto se gasta?
—Me parece que sería bueno, esto no está a valoración, la información pública, debe ser eso, información pública, el problema es que también la ley contempla que se puede hacer una reserva, entonces hasta que no conozca el acuerdo particular de reserva no me puedo pronunciar en otro sentido.
—¿Cómo consejero puede solicitar la información y el contrato de reserva?
—No lo sé, no lo tengo claro en este momento, a mí me parece que lo que tenemos que hacer procesalmente es esperar a que se convierta en un recurso de revisión.
—¿No le interesaría conocerlo en su calidad de comisionado?
—La carga de trabajo no nos permite tener en estos momentos la posibilidad de solicitar cosas adicionales.
—¿No se nota que el gobierno empieza a abusar de las facultades de reservar toda información?
—No lo sé, tendríamos que hacer un análisis más sistemático, pero es algo que la ley establece como barrido.
Pero luego corrigió: “No hay reserva para todo, más del 96 por ciento de la información solicitada se entrega, no hay reserva (…) me parece que en la mayoría de los casos se entrega lo que se solicita.
”A mí me parece que en un principio lo que tenemos que respetar es la certeza jurídica, no si es bueno o es malo, es una valoración personal, yo digo que lo que está sucediendo es que se está actuando conforme a la ley y conforme a derecho.
”Y corrijo, mientras se actúe dentro de la ley, se está actuando de manera adecuada”, siguió la defensa varios minutos más.
Trabajo sucio
El 16 de enero se confirmó el recurso 174/STUR-05/2012 donde se solicitaban detalles sobre el corredor turístico Los Fuertes-Catedral a la Secretaría de Turismo.
El recurso se desechó al confirmar la respuesta de la dependencia de que la información no se encuentra en su posesión sino de Infraestructura, situación que se hizo saber al recurrente.
Ese mismo día, se tuvo por no interpuesto el recurso de revisión 204/SA-12/2012, debido a que no fue ratificado en tiempo y forma, tal y como lo exige la Ley de Transparencia.
El 30 de enero, se sobreseyó el recurso bajo el expediente 205/SSP-08/2012, debido a que la misma persona presentó el mismo recurso dos veces, por lo que el Pleno solo analiza y estudia el primero de ellos, cuya resolución se dará a conocer en próximas sesiones.
El 8 de febrero, llegó la más controvertida de las resoluciones, ya que por mayoría de votos, resolvieron los comisionados Fregoso y González Magaña sobreseer dos recursos de revisión, por considerar que fueron interpuestos a destiempo.
Ese “viernes negro”, la transparencia en Puebla sufrió un revés de parte de CAIP, luego de que dos de sus comisionados votaron a favor de que no se entregaran cifras de despedidos en 16 dependencias del gobierno de Rafael Moreno Valle, tras respectivos recursos de revisión.
Cabe destacar que por cuestiones administrativas se juntaron 14 recursos de revisión en uno solo y dos más en otro, al tratarse del mismo tema.
En el primer asunto contenido en el expediente 138/Coespo-01 /2012 y sus acumulados, se solicitaba el número de personal que han dejado de trabajar desde el 1 de febrero del 2011 al 1 de agosto del 2012, desglosado por mes y sus totales, así como por rescisión de contrato, por despido, por cargo y por término de contrato laboral.
Los Sujetos Obligados manifestaron que los recursos son improcedentes, debido a que se presentaron de manera anticipada a los términos que establece la Ley de Transparencia.
Una vez que le notificaron al recurrente, podía consultar la información solicitada, in situ y para ello tenía 15 días hábiles posteriores a su consulta y los recursos de revisión los presentó cuando le hicieron de conocimiento la puesta a disposición de la información.
Los Comisionados Javier Fregoso Sánchez, presidente de la CAIP y Federico González Magaña, comisionado ponente, consideraron que los motivos expuestos por los Sujetos Obligados para tomar por improcedentes los recursos, fueron los correctos y decidieron aprobar el sobreseimiento de dichos recursos.
En el expediente 153/CESP-02/2012 y su acumulado requieren al Consejo Estatal de Seguridad Pública y Carreteras de Cuota del estado de Puebla, por la misma solicitud de despedidos.
De la misma forma, los sujetos obligados respondieron poniendo a disposición la información para consulta directa.
Pero la comisionada Blanca Lilia Ibarra consideró que los Sujetos Obligados cambiaron la modalidad de entrega de la información, toda vez que fue solicitada por vía electrónica, por lo que los recursos se presentaron en tiempo y forma.
Por lo tanto, afirmó que el recurrente siguió el procedimiento de acuerdo a como solicitó la información, es decir, si la solicitó en medio electrónico y se la ponen a disposición en otra modalidad.
Pero los dos comisionados ignoraron olímpicamente los diversos argumentos legales de Blanca Lilia Ibarra y sobreseyeron el caso, lo que ha derivado en una serie de críticas a CAIP.
Este 13 de febrero el Pleno de la CAIP resolvió confirmar la respuesta que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) ofreció al recurrente que solicitaba información sobre la fecha de ingreso, baja y las razones de la suspensión de un policía estatal que habría participado en un proceso de desalojo en el año 1992.
El Sujeto Obligado respondió que no se había encontrado registro de la persona referida en sus archivos.
Por lo tanto los comisionados consideraron que el sujeto obligado o la PGJ cumplió con dar a conocer al solicitante que la información no era de su competencia, de acuerdo a las facultades que le confiere la ley y le orientó para dirigirse a la Secretaría de Seguridad Pública.
Finalmente, se aprobó el cumplimiento de la resolución definitiva dictada por la CAIP dentro del recurso de revisión 136-SEP-07/2012, donde el aseguran que la dependencia entregó información sobre los gastos erogados para los festejos del 14, 15 y 16 de septiembre del año pasado.
El vínculo
Mucho tiempo se habló de la complicidad que pudiera haber entre Javier Fregoso y Federico González Magaña con el gobierno morenovallista, debido a un pasado en común que los vincula.
Javier Fregoso, es excolaborador de Martha Erika Alonso, esposa del gobernador Rafael Moreno Valle; su compañero Federico González Magaña, apoyó la campaña rumbo a la gubernatura.
Fregoso ni siquiera debía estar en el puesto, ya que Lilia Vélez Iglesias, era la integrante de la CAIP y tenía derecho a ser reelegida al concluir su periodo como comisionada interina.
Sin embargo, en diciembre de 2010 —a dos meses de tomar posesión Moreno Valle— en el Congreso local, los diputados afines al gobernador electo, designaron a Fregoso, quien públicamente admitió su total inexperiencia en materia de transparencia.
“Él reconoció que desconocía el tema. Evidentemente hay un vínculo con el gobierno; se supo que había trabajado como secretario particular de la esposa de Moreno Valle”, dijo en ese entonces Lilia Vélez.
En tanto, apenas en el mes de diciembre de 2012, Federico González Magaña fue electo comisionado en una designación que se “cantó” en diversos medios de comunicación desde muchas semanas antes.
González Magaña era delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) y no ha tenido empacho en decir que colaboró en la campaña de Rafael Moreno Valle a la gubernatura.
—¿Cómo quitarse el estigma?
—Un poco con la trayectoria y con la actuación, ustedes van a ser testigos en esa mesa como se van a resolver por parte de mi ponencia los asuntos que se presenten y ustedes tendrán a la mano todos los elementos.
“Es más ustedes (los reporteros) en muchos casos son los recurrentes de los asuntos que se presentan para resolución y van a tener todos los elementos para juzgar esta labor. Van a saber si hay intención de transparentar las cosas o la intención de tapar o esconder algo” dijo en entrevista el 16 de enero.
