El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) y los familiares del extinto estudiante Fermín Mariano Matías exigieron a las autoridades estatales el esclarecimiento del asesinato del universitario de 32 años, quien fue hallado sin vida el 27 de julio de 2009 en el paraje conocido como La Macabrota, en el municipio de San Juan Totolac, Tlaxcala, luego de haber sido reportado desaparecido.

Durante una rueda de prensa, familiares del activista señalaron que las autoridades de procuración de justicia tanto de Tlaxcala como de Puebla no investigaron el asesinato de Mariano Matías, que consideraron realizado bajo el modus operandi de grupos paramilitares.

Mariano Matías fue fundador de grupos estudiantiles como la Liga Estudiantil Democrática (LED), además asesoró a distintos grupos sociales como la Organización Independiente Totonaca (OIT). Cuando fue asesinado contaba con 32 años de edad y era estudiante de la Maestría en Geofísica de la UNAM.

En un documento que leyeron familiares de Mariano Matías y signado por la familia y el FNLS, establecieron su postura:

“La responsabilidad y contubernio por parte de la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala y de Puebla se evidenciaron. La procuraduría de Tlaxcala, informó hasta el día en que nos entregaron su cuerpo, que lo había encontrado desde el 26 de junio y lo había mantenido en la morgue hasta el 20 de julio de 2009, fecha en que fue sepultado en la fosa común. La de Puebla el 17 de diciembre de 2009 remitió el original de todas las actuaciones a la procuraduría de Tlaxcala con previa aclaración que éstas no contenían líneas de investigación claras ni hipótesis ni conclusiones sobre el caso, de igual manera argumentó que no podía avanzar con las investigaciones pertinentes para dar con los responsables materiales e intelectuales de la detención-desaparición y el asesinato ya que no habían sido ejecutados en el estado por lo tanto estaba fuera de su jurisdicción. Hasta la fecha no hay avances en las investigaciones a pesar de constituirse como crímenes de lesa humanidad que no prescriben según tratados internacionales que México ha firmado en materia de Derechos Humanos; lo que muestra que hay una completa indisposición de ambas dependencias para resolver el caso y que ante su silencio y desmemoria se vuelven cómplices de las procuradurías anteriores y las administraciones pasadas de los respectivos estados.”

El Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo señaló: “Lo que siempre hemos dicho es que el caso debe ser investigado en ambos estados y deben involucrarse todas las dependencias e instituciones que correspondan. En Puebla, por la actividad política que durante años ejerció Fermín con las organizaciones estudiantiles y populares. En Tlaxcala, porque en su territorio geográfico y de jurisdicción política-judicial se presume aconteció el crimen de Fermín o por lo menos ahí fue hallado su cuerpo.

”A cuatro años de su detención-desaparición y posterior ejecución la omisión por parte de los tres niveles de gobierno se mantiene, constituye un crimen de lesa humanidad que no prescribe cuya tipificación establece que los responsables inmediatos y principales de esta atroz práctica es el Estado y la administración en turno del régimen prevaleciente de la nación en que se cometió este crimen, aplicándose en todo el territorio en los tres niveles de gobierno, y todas y cada una de sus instituciones y poderes de la unión, recayendo dicha responsabilidad de autoría material en las entidades de administración-procuración de justicia y el aparato de represión policiaco militar del Estado, en la mayoría de los casos.”

Todavía en marzo de 2011, la familia Mariano Matías, el Frente de Organizaciones Sindicales, Sociales, Campesinas y Estudiantiles del Estado de Puebla (FOSSCEP) y el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) solicitaron al Congreso del estado de Puebla, por medio de la diputada Denisse Ortiz Pérez, presidenta de la Comisión de Gestoría y Quejas; la diputada Zenorina González Ortega, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y el Diputado Juan Carlos Espina von Roehrich, presidente de la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales, que coadyuvaran para dar solución a las siguientes demandas: Esclarecimiento y castigo a los responsables de los asesinatos de los luchadores sociales Fermín Mariano Matías y Gumaro Amaro Ramírez, que se legisle para que se tipificara la desaparición forzada como delito y la libertad incondicional a Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio”.