El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) comenzó un proceso judicial contra su exdelegado en Puebla, José Francisco Miguel Rivas García, por haber entregado permisos para la construcción del teleférico sin estar debidamente sustentados.
Del mismo modo, el organismo federal ha iniciado procesos jurídicos para revertir dichos documentos entregados al gobierno de Puebla de manera irregular.
Así lo revela el acta de la reunión de la cuarta sesión ordinaria del Consejo de Monumentos Históricos Inmuebles 2013, en poder de Intolerancia Diario.
El acta fue entregada a este medio mediante un resolutivo del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), debido a que el INAH se negó al haber reservado cualquier dato del teleférico durante dos años.
De este modo, por primera vez la institución encargada de resguardar monumentos históricos reconoció la existencia de dos permisos para realizar el teleférico, aunque con diversas irregularidades.
Permisos ilegales
El documento reveló que durante la reunión del 13 de marzo de 2013 del Consejo Nacional de Monumentos e Inmuebles Históricos, el entonces director general del INAH, Raúl Sergio Arroyo, informó de la situación del teleférico.
Comentó específicamente la existencia de un documento que autorizaba el proyecto del teleférico, con fecha del 7 de noviembre de 2013, fecha en que habían iniciado los trabajos semanas antes y hasta comenzado la demolición del inmueble histórico la Casa del Torno.
En el acta, el entonces dirigente nacional del INAH informó a los integrantes del consejo que se han iniciado procesos jurídicos, uno en contra del exdelegado del centro Puebla y otro para revertir los permisos.
“Enseguida el director general del instituto comentó a los integrantes del consejo la situación legal del teleférico de la ciudad de Puebla y para ello señaló que el anterior delegado del Centro INAH Puebla expidió al gobierno del estado de Puebla dos documentos, particularmente el de fecha 7 de noviembre de 2012, en donde otorgó una autorización para la realización del proyecto.
”Ante esta situación el instituto actuará legalmente para demandar por la vía judicial la nulidad de la autorización, también ejercitará acción legal en contra del exdelegado del Centro INAH Puebla y solicitó al gobierno del estado de Puebla la restitución del inmueble histórico que fue demolido, en el cual están impedidos para realizar obra alguna.
”En resumen, el director general del instituto expuso que, ante esta situación agotarán los recursos dentro de una controversia legal para dejar sin efectos la autorización otorgada por el exdelegado del Centro INAH Puebla”, señala textualmente el documento.
El misterio del permiso
En enero de 2013 Intolerancia Diario pidió al INAH, mediante otra solicitud de información, la número 111510045412, todos los permisos que haya entregado desde febrero de 2011 al 5 de diciembre de 2012.
En su respuesta entregada el 22 de enero de 2013, mediante correo se enviaron 124 copias cada uno de los permisos solicitados, sin embargo, no se encuentra el que refirió Raúl Sergio Arroyo ni ninguno que tengan que ver con el teleférico.
Entre los documentos se encuentran diversos permisos de remodelaciones a inmuebles históricos firmados por el delegado José Miguel Rivas García, pero ninguno por el teleférico.
Anteriormente el INAH confirmó, mediante oficios, que abrió un proceso administrativo para la suspensión de los trabajos de construcción del teleférico de la ciudad de Puebla al no contar con su permiso.
Los documentos, en poder de Intolerancia Diario, están fechados el 28 de diciembre y firmados por el titular de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, Arturo Balandrano Campos.
En los documentos oficiales, bajo el oficio número 401.F(6)138.2012/4202, informó al defensor del Patrimonio Histórico que hasta esa fecha no se había emitido ninguna autorización para la realización de los trabajos del teleférico.
Se informa que el proyecto del teleférico fue presentando ante el INAH el 26 de noviembre de 2012.
Pero las fechas no coinciden, ya que los trabajos de cimentación empezaron desde finales de octubre y el supuesto permiso se entregó el 7 de noviembre de ese mismo año, como apenas se reveló.
Después de una revisión de las obras, la dependencia hizo una serie de observaciones técnicas que tendría que cumplir el teleférico, las que fueron turnadas al Centro INAH Puebla por medio del oficio 401.F(6)11.2012/4079.
Se destaca que cualquier intervención que se haga deberá ser reversible en cualquier momento, además de que las torres que sostendrán al teleférico no deberán tener una altura mayor al templo de San Francisco, ubicado en la zona del Centro Histórico, y cuya torre más alta alcanza los 63 metros.
Delegado polémico
José Miguel Rivas García estuvo al frente de la delegación del INAH en Puebla ocho meses, y calificada por diversos medios de comunicación como de una actuación polémica, sobre todo por la entrega de permisos y acercamiento al gobierno de Rafael Moreno Valle.
Inclusive al delegado se le veía constantemente en eventos del gobierno estatal, situación que ahora nos se repite con el actual encargado del Centro INAH Puebla, Francisco Ortiz Pedraza.
En febrero de 2013 se informó de la salida de Rivas García; semanas antes, el Comité de Defensa del Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental de Puebla dio a conocer que el INAH admitió oficialmente que no contaba con un estudio sobre la ruta del teleférico.
Anteriormente, el ahora exdelegado aseguró a medios de comunicación que existía un documento sobre el derrotero, que justificaba su construcción en la antigua Casa del Torno.
El comité solicitó el 3 de enero al INAH una copia digitalizada del estudio dictaminado por el INAH que determinó que el recorrido del teleférico en Puebla no perjudica monumentos históricos ni causa impacto en el paisaje.
La titular de la Unidad de Enlace del INAH, María del Perpetuo Socorro Villarreal Escárrega, respondió: “Sobre el particular me permito informarle que mediante oficios números 401A311(7247) 03238 y 40.E(24)137.2013/0019, la Delegación Estatal del INAH en Puebla y la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos manifestaron que una vez realizada una búsqueda exhaustiva en sus archivos no existe la documentación requerida, toda vez que no se ha emitido ‘estudio’ alguno que determine que el recorrido del teleférico en Puebla no perjudica monumentos históricos ni causa impacto en el paisaje”.
Por lo mismo, la actuación de José Miguel Rivas no sólo fue criticada por especialistas, académicos y asociaciones civiles, sino también por los propios sindicalizados de la delegación.
Todos lo acusaron en más de una ocasión de no defender el patrimonio histórico del estado, como fue en la restauración del Fuerte de Guadalupe y la destrucción de la Casa del Torno, por lo que emprendieron una lucha para buscar su sustitución, la que lograrían finalmente.
Rivas García fue considerado un gran aliado del gobierno estatal para la recuperación de diversas imágenes urbanas de municipios en el segundo año de gestión de Rafael Moreno Valle.
El último evento al que acudió Rivas García como delegado del INAH fue el 14 de febrero, cuando acompañó al gobernador y al secretario Antonio Gali Fayad a la puesta en marcha de la recuperación de la imagen urbana del municipio de Atlixco.
En entrevista en dicho acto protocolario, insistió que el caso del teleférico estaba en manos del INAH nacional y que sería a finales de febrero cuando se definiera el futuro de dicha obra.
En enero de este año, se le cuestionó a José Miguel Rivas si temía ser sancionado por la administración de Enrique Peña Nieto al haber autorizado los trabajos para la edificación del teleférico, a lo que respondió que no, pues aseguró que las obras siempre fueron estudiadas.
“Todas las obras fueron estudiadas y ahora es el Comité Defensor del Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental de Puebla quien estudia el caso. Lo único que te puedo decir es que nunca se hizo nada erróneo”, fue una de sus últimas declaraciones como delegado.
Triunfo en transparencia
La información se logró gracias a una orden del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública al INAH, para desclasificar información sobre el juicio que mantiene contra el gobierno de Puebla por la construcción del teleférico.
Gracias a un recurso de inconformidad interpuesto por Intolerancia Diario, los consejeros resolvieron de manera unánime en sesión que la dependencia federal debe entregar información del proyecto del gobierno estatal.
Según el resolutivo hecho llegar a este medio de comunicación, señala que ordenó revocar la respuesta del INAH al no justificar la reserva de la información, tras iniciarse el recurso de revisión RDA 1920/13.
El comisionado del IFAI, Ángel Trinidad Zaldívar, fue el encargado de la revisión de la respuesta de la dependencia federal, ponencia que fue avalada por los demás integrantes del órgano garante de la transparencia a nivel nacional.
Por medio de la solicitud de acceso a la información 1115100014513, el INAH reveló que debido a un juicio de amparo existente contra el teleférico se había reservado o clasificado toda información hasta que se emita una resolución final.
En la solicitud se pidió una copia digitalizada del acta de la reunión del 13 de marzo de 2013 del Consejo Nacional de Monumentos e Inmuebles Históricos, para el caso del proyecto del teleférico de Puebla, donde se comprobó la situación contra el exdelegado.
Pero al hacer un minucioso análisis, IFAI comprobó que la estrategia jurídica se estaba llevando a cabo, por lo que la otra parte, el gobierno del estado, estaba enterado de las mismas, por lo que no se ponía en peligro el proceso jurídico.
“(…) es de utilidad pública la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos de las zonas de monumentos”, expone Trinidad Saldivar al basarse en la ley federal de monumentos.
”(…) si bien en dicho documento se mencionan distintas acciones jurídicas que el sujeto obligado llevaría a cabo respecto de las obras realizadas dentro de la zona de monumentos, las mismas ya habían sido promovidas.
”(…) dicho documento no constituye en sí una actuación o diligencia propia del procedimiento administrativo respectivo”, continúa el IFAI.
