Ante la propuesta del diputado local Enrique Nácer de sancionar a cualquier ciudadano que utilice información pública con fines de lucro, el analista político de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), Paulino Arellanes Jiménez, afirmó que esa propuesta legislativa debe enfocarse en los servidores públicos de los diferentes órdenes de gobierno del estado de Puebla, porque son quienes tienen la responsabilidad de apegarse a esos mecanismos y quienes siempre la violentan con la filtración de información.
Ante eso, el académico de la máxima casa de estudios del estado de Puebla aseguró que no deben olvidar que los ciudadanos siempre son fiscalizados por los diferentes gobiernos: “Pagamos impuestos y esa es la forma de comportarse con transparencia, pero los gobernantes no cumplen con todas esas exigencias”. Por eso consideró que la ley anti-transparencia debe dirigirse a los funcionarios públicos y no a los ciudadanos.
Para Arellanes Jiménez, las leyes de transparencia están enfocadas principalmente en las autoridades: “Que no se preste a interpretaciones”. Por ello, recomendó que lo viable es que cada funcionario que llegue a un cargo se desligue de sus negocios personales para evitar que haya un conflicto de intereses en la función que desempeña.
Desde su perspectiva, cuando se trata de funciones de fiscalización y rendición de cuentas públicas se presenta el fenómeno de juez y parte, porque la gran mayoría de quienes están en funciones públicas siempre involucra a familiares, negocios y las relaciones que tiene para lograr ventajas.
El investigador de la universidad estatal poblana dijo que el problema no es generar una sanción a los ciudadanos, lo que también inhibe su derecho de solicitar la rendición de cuentas, sino que hay que generarlas hacia los funcionarios gubernamentales, que no están acostumbrados a los procesos de transparencia, por eso consideró inadecuada la propuesta del legislador del Partido Nueva Alianza (Panal), que se enfoca en los ciudadanos y no en los servidores públicos.
Paulino Arellanes reiteró que la propuesta, llamada anti-transparencia, tiene que dirigirse y reforzar la rendición de cuentas de los diferentes órdenes de gobiernos, pero no ir en contra de la población: “Porque todos sabemos que los ciudadanos siempre somos fiscalizados y supervisados, algo que no sucede con los gobernantes en turno”.
