Las presiones en contra de los trabajadores de la Secretaría Pública Estatal continúan. Para presentar su declaración patrimonial, los elementos de seguridad pública requieren de un NIP que otorga la Secretaría de Finanzas, pero el mismo no puede ser otorgado si no hay un oficio de la Secretaría de Seguridad Pública estatal que lo autorice.
Trabajadores de Seguridad que están en riesgo de ser despedidos al incumplir la presentación de su declaración patrimonial —documento que jamás se les había solicitado— no pueden hacer este trámite que les salvaría su trabajo.
A través de distintos mecanismos se ha buscado despedir a los trabajadores, algunos de ellos cumplen funciones administrativas, o de chóferes o pintores, pero son asignados a tareas de policías antimotines u otras tareas, en lo que los trabajadores consideran una forma de acoso.
Lo mismo modificando turnos que enviándolos a cubrir manifestaciones o estar como policías antimotines, cuando este personal administrativo ha recibido una instrucción de un mes para cubrir dichas actividades de seguridad pública.
Elementos de seguridad pública estatal señalaron a Intolerancia Diario que los trabajadores han pasado los controles de confianza que forman parte de los requisitos de permanencia en el sistema de seguridad del estado de Puebla.
Los trabajadores entrevistados confirmaron que en años anteriores no presentaron sus declaraciones patrimoniales y que en consecuencia no serían justos sus despedidos. Además, dicho documento no se les solicitó.
En octubre del 2012 se aplicaron pruebas de control de confianza, arrojando 130 elementos del personal de seguridad dados de baja por reprobar dichos exámenes.
Sin embargo, trabajadores de la dependencia estatal señalaron que se les ha acosado de unos meses a la fecha, con distintas medidas. Por ejemplo, durante el fin de semana del Buen Fin, a personal administrativo se le destinó a estar en guardia, modificándole su horario de salida, que era a las 12 horas, para que fuera a las 2 horas de la madrugada.
“Nosotros no nos hemos hecho tontos para presentar la declaración patrimonial, pero nunca se nos había pedido ese documento. Es la primera vez que nos lo piden. A nosotros se nos hace raro cuando nos llegó el primer oficio donde se nos decía que habíamos incurrido en omisión, porque en nuestro expediente no teníamos ese documento, ¿pero cómo vamos a incurrir en omisión si este documento no nos lo habían solicitado jamás? Luego, luego acudimos a ver a los abogados, porque decían que habíamos violado ésta y otra ley, y nos citaron distintos artículos.
”Nosotros ya hemos pasado los controles de confianza. Y ahora que fuimos a presentar nuestra declaración patrimonial nos salen con que no podemos hacerlo porque no nos han asignado un NIP. A mí se me hace muy raro todo esto. ¿Quién o quiénes se quieren quedar con nuestros puestos de trabajo?”.
Las fuentes consultadas señalaron que los trabajadores están en la zozobra y que aún no se realizan los despidos anunciados por este medio de comunicación el pasado martes.
Además, los trabajadores externaron su preocupación por la medida; al enterarse de la misma a través de Intolerancia Diario, señalaron que han buscado presentar sus declaraciones patrimoniales sin éxito, debido a la ausencia del NIP.
Elementos de seguridad estatal entrevistados por este medio de comunicación señalaron que su situación laboral es precaria. Trabajadores con más de 15 años en la dependencia cuentan con contratos de confianza indefinidos, los cuáles pueden ser rescindidos en cualquier momento.
A elementos de seguridad de confianza se les entregó un oficio, hace dos semanas, donde se les señalaba que habían incurrido en omisión por no entregar sus declaraciones patrimoniales. Sin embargo, a los mismos trabajadores nunca se les habían solicitado dichos documentos. Tampoco se les solicitó en otros años presentar sus declaraciones patrimoniales.
Esta semana, los trabajadores de seguridad pública estatal, al enterarse de que estaban en una lista de trabajadores que serían despedidos, acudieron a presentar sus declaraciones patrimoniales.
Trabajadores de seguridad pública estatal acudieron al CIS para solicitar un NIP que les permita subir la información a la plataforma. Sin embargo, no pudieron realizar el trámite porque la Secretaría de Seguridad Pública estatal no ha enviado ningún oficio para que a los trabajadores se les otorgue dicho NIP, explicaron a Intolerancia Diario.
Pero mientras a los elementos de seguridad de nivel raso se les da ese trato del nivel de tenientes hacia arriba, pasando por jefes de departamento, simplemente deben llenar un formato que se les entrega en la Dirección de Recursos Humanos de la dependencia estatal, con el propósito de que la misma dependencia les presente sus declaraciones patrimoniales a dichos funcionarios, únicamente con sus nombres.
El pasado martes, Intolerancia Diario describió los vericuetos jurídicos para despedir a los elementos de seguridad pública, además de una lista de trabajadores de seguridad pública estatal, lo que produjo preocupación entre los trabajadores.
La información del periodista Enrique Núñez Quiroz, que relata la manera en que la administración pública estatal busca despedir a elementos de seguridad pública estatal, fue confirmada por elementos de seguridad entrevistados por Intolerancia Diario.
El periodista Núñez Quiroz explica que el pretexto no es otro que, al haber sido contratados con nombramiento de confianza, se encuadran en la hipótesis prevista por el artículo 82, fracción II, de la Ley de Responsabilidades.
De acuerdo con fuentes consultadas por Intolerancia Diario, en los tres primeros años del gobierno morenovallista ninguno de los más de 10 mil elementos de seguridad pública ha presentado su declaración patrimonial.
Sin embargo, ahora el gobierno estatal utiliza los recovecos de la ley para despedir a servidores públicos. De acuerdo con el artículo 85 de la Ley de Responsabilidades, los funcionarios que no presenten su declaración pueden ser multados económicamente, como medida de apremio.
El artículo, a la letra, dice: “Si transcurridos los términos a que hacen referencia las fracciones I y II del artículo 83 de esta ley, sin que los Servidores Públicos hubiesen presentado la Declaración Patrimonial correspondiente, la autoridad competente para aplicar la presente Ley podrá optar entre imponer multa económica, como medida de apremio, que no excederá de cien veces el salario mínimo diario vigente en el Estado o destituirlo del empleo, cargo o comisión que desempeña, substanciando el procedimiento administrativo; en el primer caso los Servidores que persistan en su omisión transcurridos cinco días hábiles posteriores a la fecha en que hayan sido notificados, serán destituidos y, en su caso, inhabilitados”.
La ley es clara. En caso de incumplimiento, los 151 servidores públicos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública tuvieron que ser multados y si aun si se negaran a presentar su declaración patrimonial, tendrían que ser despedidos, incluso inhabilitados.
Pero no sucedió así.
Con el simple hecho de no presentar la declaración patrimonial serán despedidos en forma fulminante.
Si el gobierno aplicará la ley a rajatabla, entonces debería despedir a los más de 10 mil elementos de seguridad pública, porque ninguno de ellos presentó su declaración patrimonial y, aún más, en los tres primeros años del gobierno estatal tampoco lo hicieron.
En fin, éste es el estilo del gobierno morenovallista.
La decisión está tomada, este 19 de diciembre serán citados los 151 elementos para que firmen sus respetivas renuncias. Para tener los expedientes listos, la Contraloría contrató a 30 analistas que les pagará mil pesos por cada expediente contratado.
Incluso, el pasado 3 de diciembre, cuando el gobierno estatal entregó estímulos a los policías estatales, los 151 elementos que serán despedidos fueron separados de la ceremonia para informarles de su caso, señala la columna de Intolerancia Diario.
