Al arranque de su administración, Rafael Moreno Valle anunció con bombo y platillo la derogación del delito de calumnia y difamación. Pero el viraje en el área de Comunicación no se profundizó. Como otras áreas gubernamentales, la relativa a la Comunicación Social no ha estado exenta de cambios de sus titulares.
Además, la política de comunicación social se ha derivado en dos vertientes: un uso intensivo de los medios de comunicación electrónicos y la utilización de medios de comunicación nacionales, so pretexto de que las acciones de gobierno de Puebla se conozcan en todo el país. Principalmente a través de las cadenas de televisión, de salas de cine, de comunicación por internet. En la práctica, esto se ha traducido en la difusión de la figura de Rafael Moreno Valle, como ha sucedido en los informes de gobierno estatal.
Del protagonismo de Sergio Ramírez Robles a la figura casi invisible de Norberto Tapia, por la Dirección de Comunicación Social lo mismo han pasado tuiteros persistentes, expertos en branding, periodistas y hasta directores de televisión. Apenas este martes, Héctor Alcudia Goya fue nombrado vocero del gobierno estatal.
Héctor Antonio Alcudia Goya egresó del ITAM con la Licenciatura en Economía. Fue oficial mayor en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y director de Comunicación Social en la Sociedad Hipotecaria Federal, Financiera Rural, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, así como director de Coordinación y Evaluación en la Subsecretaría de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación.
Como al principio de su sexenio, la administración estatal regresa por un conocedor de los medios nacionales que ha navegado en la pasada administración federal.
Difusión ilegal de la imagen del gobernador
Sin embargo, esta política de comunicación social ha sido criticada por dispendios en la promoción de la imagen del gobernador. También ha recibido “reveses” jurídicos.
En mayo del 2012, apenas en el segundo año de su administración, el consejo general del Instituto Federal Electoral, por la difusión ilegal de la imagen de Rafael Moreno Valle en las salas de cine de todo el país, luego de su primer informe de gobierno. En esa ocasión, la empresa Make Pro SA de CV difundió en cines del Distrito Federal el primer informe de labores del gobernador Rafael Moreno Valle.
El consejo general del Instituto Federal Electoral (IFE) propinó un revés al gobierno morenovallista y al departamento de Comunicación Social al considerar que violó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) por difundir en cines del Distrito Federal el primer informe de labores de su gestión.
En la sesión extraordinaria del consejo general del IFE se desahogó la denuncia presentada por Francisco Jesús Hernández Torralba contra el gobernador Rafael Moreno Valle, “por hechos que considera constituyen infracciones al COFIPE, identificada con el número de SCG/PE/JHT/CG/024/PEF/101/2012”.
La sentencia emitida por el IFE en aquella ocasión, a la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por la que una persona física no se encuentra autorizada para realizar la contratación de tiempos en radio, a fin de realizar cualquier tipo de propaganda que beneficie o perjudique a algún partido político.
Al principio de la administración se designó a Norberto Tapia Latisnere como director de Comunicación Social, puesto en el que sirvió por cinco meses. Tapia Latisnere, exfuncionario de enlace de comunicación social de la Presidencia de la República con los gobiernos de los estados, se estrenó en la toma de protesta de Rafael Moreno Valle movilizando al equipo de Televisión Educativa.
De acuerdo con el periódico Reforma, en su edición del 2 de febrero del 2011, la SEP, a través de Televisión Educativa, destinó equipo y personal para la producción de la toma de protesta de Rafael Moreno Valle.
La toma de protesta de Rafael Moreno Valle, el 1 de febrero del 2011, inauguró en Puebla la era de la video-política. Su toma de poder fue una gran escenografía donde se privilegió el mensaje transmitido por pantallas en el Centro Expositor de los Fuertes.
Corrían los tiempos del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, ante la información del periódico Reforma, el entonces secretario de Educación Pública Alonso Lujambio solicitó una investigación y el asunto se “congeló”.
El 7 de junio del 2011, en su primer desayuno para celebrar el día de la Libertad de Expresión, Tapia Latisnere renunció al cargo. En su reemplazó llegó Sergio Ramírez Robles, quien fungió como un activo vocero gubernamental, pero en diciembre del 2012 dejó el cargo argumentado razones de salud luego de haberse filtrado una lista de periodistas a los cuáles el funcionario demandaría por daño moral.
Ramírez Robles se convirtió en una sombra para medios de comunicación y periodistas que publicaban información en torno a las acciones de gobierno que no se acomodara al criterio de la oficina de Comunicación Social.
Robles no se despegaba de su Blackberry para tuitear y responder con vehemencia a periodistas, medios de comunicación y hasta organizaciones sociales. En julio del 2011, el vocero acudió a una rueda de prensa del diputado de oposición José Juan Espinosa Torres, para “equilibrar” la información al instante.
La propuesta del funcionario, según explicaba, era aplicar una “metodología” que se ocupa en Los Ángeles para “equilibrar” las “opiniones” de críticos y organizaciones “eventualmente violentas”. El experimento de comunicación social de la administración estatal pareció darle resultados.
El funcionario morenovallista sostenía una intensa actividad corrigiendo las versiones incómodas para la administración estatal. Desde su cuenta de Twitter, intentaba corregir las aseveraciones de periodistas nacionales como Julio Hernández, columnista del periódico La Jornada, y de periodistas y medios locales.
El gobierno del estado inició su estrategia de respuesta a los medios de comunicación poblanos en los temas de coyuntura. El 25 de julio del 2011 publicó en el Periódico Oficial la disposición que faculta a la Dirección de Comunicación Social del Poder Ejecutivo del estado de Puebla a aplicar con todo rigor las recientes modificaciones al Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de daño moral, ocasionado por la publicación en medios de comunicación.
En un estilo casi físico y retador, Ramírez Robles, para cuidar la imagen gubernamental, respondía cualquier aseveración informativa incómoda enviando cartas aclaratorias. La “lluvia” de cartas aclaratorias colmó las redacciones de medios de comunicación.
Luego de la reforma estatal para derogar el delito de calumnia y difamación, y al darle facultades al vocero estatal para demandar a periodistas por el delito de daño moral, Ramírez Robles demandó a dos comunicadores de una lista de 19 periodistas a los que presuntamente demandaría el vocero.
Las primeras dos demandas se realizaron en contra de Fabián Gómez, del portal Contraparte Informativa, y de Adrián Ruiz, del diario El Heraldo de Puebla. Las demandas por daño moral se turnaron a los juzgados Primero y Cuarto de lo Civil.
La reacción de organismos internacionales ante el intento de aplicar la figura de daño moral contra 19 periodistas que formaban parte de una lista gubernamental de periodistas incómodos generó una “ola” de críticas de organizaciones nacionales como Artículo 19. Lo que obligó a que el vocero a retirar las demandas luego de llegar a un acuerdo de respeto mutuo entre los periodistas y el gobierno, por lo que el gobierno retiró las demandas por daño moral.
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Luego de la salida de García Ramírez, asumió temporalmente el cargo Marcelo García Almaguer, quien propuso una nueva estrategia de comunicación para impulsar el posicionamiento gubernamental.
García Almaguer propuso nuevamente la figura de un vocero, pero no hubo quien la ocupara. García Almaguer se fue a la campaña de Tony Gali Fayad y posteriormente tomó protesta como funcionario del ayuntamiento de Puebla.
Nelsón Galván Benítez relevó a García Almaguer como encargado de despacho en abril del 2013. En marzo del 2013 se nombró al periodista Fernando Alberto Crisanto como vocero y coordinador de enlace de medios del gobierno estatal.
