“La Comisión de Derechos Humanos del Congreso local participará activamente en la defensa de los derechos humanos”, señaló el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Sergio Céspedes Peregrina, quien señaló que es indispensable armonizar el marco jurídico de los derechos humanos en términos de convenios y acuerdos internacionales.

De acuerdo con el diputado del PRI y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Sergio Céspedes Peregrina, la comisión a su cargo atenderá las peticiones de los sectores de la sociedad civil interesados en la materia. Recientemente, el Congreso local signó un acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para profesionalizar al personal del Congreso en materia de derechos humanos.

La comisión sesionará los jueves de cada mes. En la presentación de la comisión respectiva, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Sergio Céspedes, señaló que las luchas sociales a lo largo de la historia de la humanidad han dado como resultado un conjunto de reglas y normas que han intentado responder a las circunstancias del contexto que enmarca la vida de las personas.

“México no escapa a esa condición. Desde principio del siglo XX, con la promulgación de la Constitución de 1917 se sumó a la dinámica internacional en la creación de un marco jurídico que tenga como prioridad cuidar y vigilar el cumplimiento de los derechos individuales y sociales”.

La Carta Magna lo señala en su primer artículo, reconociendo que en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de estos derechos, mismos que son reconocidos en este cuerpo legal y en los tratados internacionales de los que nuestro país forma parte. Al mismo tiempo, se estipula que las autoridades deberán cuidar de su ejercicio por parte de las personas.

“Debemos hacer hincapié en el enfoque con que los Derechos Humanos deben ser promovidos, respetados, protegidos y garantizados, ya que de él depende el nivel de bienestar con el que proyectamos aspire nuestra sociedad. Principios como universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad deben ser los que rijan la observancia de estos derechos.

”Con el cumplimiento de lo antes descrito estaremos en condiciones de conseguir el desarrollo integral de los mexicanos, en especial de los poblanos; defender contra abusos de distinta índole cometido contra las personas, vigilar el correcto actuar de los servidores públicos o incluso actuar, de darse el caso, contra negligencias de los mismos, e incentivar el manejo y la solución de cuestiones que por su carácter requieran de la participación social”, señaló el legislador priista.

“Es por ello que esta comisión pretende realizar un trabajo colegiado, enfatizando sus objetivos y organizándolos de tal forma que sea congruente entre lo que se describe en la ley y lo que ocurre en nuestra cotidianeidad. Con un marco normativo claramente definido, una realidad de la cual partir y un rumbo para alcanzar, expresado en objetivos generales y específicos, una misión y visión de lo que debe ser el trabajo de este cuerpo colegiado”.  

Entre las acciones que realizará la comisión se encuentran: Estudiar, determinar y definir la metodología para el estudio de las iniciativas de decreto, de ley y puntos de acuerdo remitidos para su trámite a la comisión, así como generar de manera colegiada las propuestas correspondientes.

Acercamiento con instancias públicas y privadas en la materia para la firma de convenios de colaboración específicos, previa aprobación de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Proyección y organización de foros y mesas de trabajo con colaboración de universidades y organismos expertos en el tema de derechos humanos, para la sensibilización ciudadana. Propiciar el trabajo conjunto de las instancias gubernamentales para prestación de más y mejores servicios, para elevar la calidad de vida de la ciudadanía a través del acceso a estos, mismos que en su mayoría constituyen y se reconocen como derechos humanos.

Proyectar la realización de campañas informativas en empresas, instituciones educativas y similares, para dar a conocer a los poblanos de distintos rangos de edad, nivel económico, ocupación u otra categoría; cuáles son los derechos que en su calidad de personas les son inherentes, así como las instancias a las que pueden acudir para su defensa. Celebración de sesiones periódicas, programadas y ordenadas, con la finalidad de concretar acciones positivas y específicas a favor de la ciudadanía poblana.

El legislador del PRI señaló que la protección y defensa de los Derechos Humanos en México fue elevada a rango constitucional el 28 de enero de 1992, con la publicación del decreto que adicionó el apartado B al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta disposición facultó al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecieran organismos especializados para atender las quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa violatorios de Derechos Humanos por parte de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, así como para formular recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades correspondientes.

Sergio Céspedes Peregrina, durante la reunión de la Comisión de Derechos Humanos señaló: “Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos, establecidos en la Constitución y en las leyes, deben ser reconocidos y garantizados por el Estado.

”Todos estamos obligados a respetar los Derechos Humanos de las demás personas. Sin embargo, según el mandato constitucional, quienes tienen mayor responsabilidad en este sentido son las autoridades gubernamentales, es decir, los hombres y mujeres que ejercen la función de servidores públicos.

”La tarea de proteger los derechos humanos representa para el Estado la exigencia de proveer y mantener las condiciones necesarias para que, dentro de una situación de justicia, paz y libertad, las personas puedan gozar realmente de todos sus derechos. El bienestar común supone que el poder público debe hacer todo lo necesario para que, de manera paulatina, sean superadas la desigualdad, la pobreza y la discriminación.

”La defensa o la protección de los derechos humanos tiene la función de contribuir al desarrollo integral de la persona, delimitar para todas las personas una esfera de autonomía dentro de la cual puedan actuar libremente, protegidas contra los abusos de autoridades, servidores públicos y de particulares; establecer límites a las actuaciones de todos los servidores públicos, sin importar su nivel jerárquico o institución gubernamental, sea federal, estatal o municipal, siempre con el fin de prevenir los abusos de poder, negligencia o simple desconocimiento de la función. Crear canales y mecanismos de participación que faciliten a todas las personas tomar parte activa en el manejo de los asuntos públicos y en la adopción de las decisiones comunitarias.”

En Puebla, el día 18 de diciembre de 1992 se publicó en el Periódico Oficial la ley para la conformación de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos. No obstante, comienza sus funciones el 6 de septiembre de 1993.

Actos que no son competencia de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos: 1. Actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales, 2. Resoluciones de carácter jurisdiccional, 3. Consultas formuladas por autoridades, particulares u otras entidades, sobre la interpretación de las disposiciones constitucionales y legales, 4. Por ningún motivo podrá examinar cuestiones jurisdiccionales de fondo, y 5. Conflictos entre particulares.