El gobierno del estado aceptó, con la mediación de la Secretaría de Gobernación federal, comenzar esta semana el diálogo con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, así como con los representantes del movimiento Los de Abajo, para abordar los temas de los ambientalistas detenidos, el Arco Norte, los mototaxistas y los enfrentamientos en San Bernardino Chalchihuapan.
La diputada federal Roxana Luna Porquillo anunció que el pasado sábado, en asamblea, se acordó levantar el plantón que tuvieron afuera de la Secretaría de Gobernación federal, luego de que por su mediación se acordara que será el miércoles a las 12 horas cuando el secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, reciba a una comisión de siete miembros de las organizaciones, un representante del Gobierno Federal y un académico.
Luna Porquillo señaló que continúa la lucha contra la represión y persecución que se ha dado por parte del gobierno del estado, que se negaba a dialogar con los afectados y tocar temas como el de los mototaxis, cuyos conductores son tratados como delincuentes.
Explicó que el miércoles se presentarán a las 12 horas en Casa Aguayo, donde presentarán al gobierno del estado sus planteamientos, principalmente que sean liberados los ambientalistas, ya que los delitos por los que son acusados no pertenecen al fuero federal, sino al estatal.
Indicó que se le planteará al titular de Gobernación en Puebla que se dé la inmediata liberación de Enedina Rosas Vélez, Abraham Cordero Calderón y Carlos Flores detenidos a principios de abril, dos de ellos se encuentran en el penal de Atlixco y uno más en Cholula.
Roxana Luna indicó que se presentará al gobierno la documentación que comprueba los riesgos que genera la construcción del gasoducto Morelos, ya que no es un capricho de los pobladores, ellos ven que es un verdadero riesgo para los habitantes.
Insistió en que era el gobierno del estado el que se había negado a dialogar con las organizaciones, por ello se dio la movilización de la gente y reconoció el papel de la Secretaría de Gobernación federal para que las autoridades locales aceptaran finalmente reunirse con quienes enfrentan el problema.
Indicó que el caso también seguirá en la Cámara de Diputados, donde el 29 de abril se presentó un punto de acuerdo que señala:
Primero. Se solicita la conformación de un grupo plural de legisladores, para dar seguimiento y esclarecer la presunta violación de diversos derechos humanos cometidos por el gobierno del estado de Puebla contra activistas sociales y campesinos, así como miembros del sector académico y laboral de la entidad.
Segundo. Se exhorta al ciudadano gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, para que instale mesas de diálogo en donde se consulte a las comunidades indígenas, campesinas y al sector académico, sobre la viabilidad social, cultural y ecológica de los megaproyectos que el gobierno a su cargo pretende realizar para la explotación minera en la Sierra Norte, la construcción de la autopista del arco poniente y la construcción del gasoducto del llamado Proyecto Integral Morelos.
Tercero. Se exhorta al gobierno del estado de Puebla y al ciudadano Procurador de Justicia del estado, Víctor Antonio Carrancá Bourget, para que cese la persecución y encarcelamiento arbitrario en contra de opositores de dichos proyectos y se transparenten los procesos seguidos en contra de los activistas sociales Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón.
Cese a la persecución
La legisladora Roxana Luna señaló que en la mesa tiene que abordarse el tema de los mototaxis toda vez que el problema se ha recrudecido pues se trata de personas desesperadas que tienen un empleo digno y son perseguidos como si fueran delincuentes.
Señaló que no se puede criminalizar a un grupo de trabajadores que está prestando un servicio, y lo que debe hacerse es apoyarlo.
