Organizaciones civiles interpusieron solicitudes de amparo ante la ley de expropiaciones recientemente aprobada en el Congreso del estado, alegando su inconstitucionalidad, sobre todo por quitar el derecho de audiencia.
El Movimiento por la Alternativa Social (MAS) informó de esta determinación contra la reforma a la Ley de Expropiación de Puebla, aprobada el pasado 11 de marzo.
Ricardo Jiménez Ávila y Marco Antonio Mazatle, representantes del organismo informaron, que se presentaron ante el Poder Judicial para presentar la solicitud del juicio de amparo contra la legislación.
“Este recurso fue firmado también por representantes de otras organizaciones, como el frente nacional Los de Abajo y la 28 de Octubre”, dijeron.
Aseguraron que esta nueva ley de expropiación abre la puerta a que el gobierno del estado se apropie de bienes para favorecer no sólo proyectos de muerte, como las minas en el norte del estado o el gaseoducto a las faldas del Popocatépetl, sino que contravendría los intereses de las comunidades más próximas.
De acuerdo con las reformas a dicha disposición, el gobierno estatal podrá incautar bienes inmuebles o predios bajo el argumento de la “inmediatez y urgencia”, sin que la autoridad notifique previamente por escrito a los afectados de tal acción.
“Los afectados no serán avisados por escrito de la expropiación, como se hacía antes, ahora se informará a través del Periódico Oficial del Estado”.
Además, tendrán un plazo de ocho días hábiles para interponer un recurso administrativo que permita que el gobierno no tome posesión de sus bienes, dijeron.
“Sin embargo, si los afectados optan por interponer un procedimiento jurídico, no se obligará al gobierno del estado a abandonar o suspender la obras que se desarrollen en los bienes expropiados.
”Con esto muchos campesinos podrán perder sus tierras al no tener conocimiento de que le son requeridas por el gobierno, lo cual se nos hace una trampa vil del gobernador Rafael Moreno Valle y de sus secuaces, los diputados locales.
”Otras cuestiones que encontramos preocupantes son la parte que indica que si el inmueble tuvo mejoras durante el periodo que fue expropiado, el particular las debe de pagar según la cuantificación que realice el gobierno estatal en materia de catastro.
”Es decir, dijeron, castigarán a las personas a las que sin autorización se les quiten sus predios haciéndolos pagar una compensación al estado”.
Organizaciones como la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske (UCTT), de la Sierra Norte de Puebla, han hecho público su miedo a que la ley de expropiación sirva para beneficiar a las mineras asentadas en los municipios de Tetela de Ocampo, Zautla, Tlatlauquitepec e Ixtacamaxtitlán.
