Morirse o nacer en una junta auxiliar del interior del estado es un problema legal; personas que murieron este año legalmente siguen vivas, toda vez que no hay actas de defunción ya que el trámite sólo se realiza en las cabeceras municipales, lo mismo ocurre en el caso de los nacimientos, donde los menores carecen de una acta que acredite que existen; en tanto, la Secretaría General de Gobierno señaló que son los ayuntamientos quienes deben atender este tipo de caso.
A medio año de aprobarse la reforma a la operación de las juntas auxiliares en el Congreso del estado, el haberles quitado el Registro Civil genera que las personas dejen de realizar los trámites legales para registrar un nacimiento o la defunción por el largo trayecto que tienen que caminar.
La diputada Roxana Luna Porquillo indicó que sólo en el estado pueden ocurrir este tipo de cosas: “Que los muertos para la autoridad sigan vivos”, ya que no hay un documento que certifique su muerte, lo que puede generar otro tipo de problemas legales.
Informó que presidentes auxiliares de diversos puntos del estado se acercaron con ella para advertir que con la reforma se ha generado un conflicto legal.
Al preguntarle sobre los municipios donde más se ha presentado el problema, señaló que por el momento no dirá los nombres, ya que están siendo amenazados por la autoridad estatal, pero se trata de la gente de la Sierra Norte, Mixteca y algunos municipios cercanos al volcán.
Explicó que con la reforma aprobada el 4 de diciembre de 2013, por la anterior Legislatura, se quitó la facultad a las juntas auxiliares para que manejaran el Registro Civil, esto con el pretexto de actos de corrupción.
Señaló que ante tal situación, ahora cuando fallece una persona en las juntas más alejadas se ha optado por dejar los trámites legales para después, en caso de que sea a causa de muerte natural o enfermedad, una vez que tendrían que trasladarse a las cabecera municipal que puede estar a dos o tres horas de camino, pero además con el riesgo de que en el ayuntamiento no haya quien los atienda y, por lo tanto, tienen que regresarse sin que se haya cumplido con el trámite.
Consideró que de acuerdo a la tasa de mortandad que hay el interior del estado, se podría estar hablando de cientos de personas que han fallecido sin que el registro civil tenga conocimiento.
Aclaró que no se puede culpar a los ayuntamientos de todo el problema una vez que estos no estaban preparados para atender a las juntas, y carecen de personal para hacerlo.
El problema escolar
Roxana Luna advirtió que va a presentarse un problema para el registro de nuevos nacimientos y si bien en este año la mayoría de los menores ya cuenta con el documento, cuando lleguen a la edad escolar los nacidos este año se presentarán los problemas para que sean inscritos en las escuelas.
Manifestó que se está presentando otro problema ya que no se contarán con cifras reales de la tasa demográfica en el interior del estado derivado de una mala reforma que realizó el Congreso del estado.
Falsa corrupción
Roxana Luna calificó como falso el argumento de corrupción en el Registro Civil al interior de las juntas auxiliares una vez que había un control de cada documento que expedían antes de llevarse a cabo la reforma, entregando hasta tres copias del acta levantada.
Problema de salud
En el sistema de salud se exige para entregar la cartilla de vacunación, el acta de nacimiento, por lo que algunos menores podrían quedar sin las vacunas debido a los problemas que tendrán sus padres para obtener el acta de nacimiento.
La postura oficial
La Secretaría General de Gobierno (SGG), el pasado 11 de junio, por medio de un comunicado de prensa, señaló que son los ayuntamientos los que están encargados del área del Registro Civil de manera temporal.
El documento enviado por la dependencia señala que en correspondencia a las funciones de la SGG, que define las políticas que habrán de operar para el Registro del Estado Civil de las Personas, bajo criterios de eficiencia, calidad y transparencia se publicó el “Acuerdo por el que se Emiten los Lineamientos Generales para la Entrega-Recepción del Registro Civil de las Juntas Auxiliares” a los municipios que correspondan.
“En dicho Acuerdo se establece que el Ayuntamiento de que se trate desarrollará, de manera temporal y transitoria, el servicio del Registro del Estado Civil de las Personas de las Juntas Auxiliares que le correspondan, a través de un funcionario del municipio, autorizado y registrado por la Coordinación General del Registro del Estado Civil”.
La prestación del servicio por parte del ayuntamiento y el resguardo de los libros y archivos, señala, podrán realizarse en la cabecera municipal o en el territorio de sus juntas auxiliares, conservando la prestación en los lugares en que tradicionalmente se venía haciendo y respetando los usos y costumbres de los pueblos, pero bajo la responsabilidad directa del ayuntamiento.
El acuerdo recalca que en el caso de las comunidades indígenas, el funcionario propuesto por el ayuntamiento y autorizado por la Coordinación General del Registro del Estado Civil, deberá dominar la lengua originaria de la comunidad.
La reforma
El pasado 4 de diciembre, el Congreso del estado, presuntamente, puso fin a 50 años de confusión legal en torno a las juntas auxiliares, las cuales se consideraban como un cuarto poder lo que las hacía inconstitucionales, con la reforma a la Ley Orgánica Municipal serán órganos desconcentrados de gobierno.
El diputado Guillermo Aréchiga argumentó que había que poner orden y resaltar que sólo son tres niveles de gobierno los que establece la Constitución, y nunca se habla de un cuarto poder como señalaban a las juntas auxiliares.
El diputado del Partido Revolucionario Institucional Lauro Sánchez López manifestó que era urgente el replanteamiento de la operación de las juntas auxiliares, además de que se da certidumbre a los habitantes de las 611 juntas auxiliares que hay en el estado.
Con la reforma en el artículo 230 es la adición a la fracción XI, donde se establece que los presidentes auxiliares deben realizar en los plazos legalmente establecidos la entrega-recepción a la junta auxiliar entrante, en cual deberá estar presente un representante de la Contraloría municipal.
