Con 31 detenidos a cuestas, Adolfo López Badillo continuará por cinco años más al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
El ombudsman poblano acudió al Congreso del estado para buscar la ratificación; ahí, la Comisión de Derechos Humanos del legislativo aprobó la petición; sin embargo, al menos 25 personas se encuentran “en la sombra” o en la cárcel detenidas sólo por protestar en distintos puntos de Puebla y por distintas casos. Solo seis han logrado su libertad bajo caución.
Ante estos hechos, la diputada federal Roxana Luna Porquillo señaló tajante que en Puebla no se están protegiendo los derechos de los poblanos y por estas omisiones se premia a Adolfo López Badillo con estar un lustro más en el cargo.
Las últimas ocho personas aprehendidas, apenas este lunes, perdieron su libertad durante un operativo policiaco para disolver una manifestación en el Centro Integral de Servicios (CIS) en Tehuacán, las que se suman a otras 19 aprehendidas en sólo un mes.
Manifestantes que están contra el gasoducto, así como mototaxistas, defraudados de cajas de ahorro y ahora inconformes con que el Registro Civil se lo quitaron a juntas auxiliares, engrosan las filas de las cárceles poblanas, de por sí ya llenas.
Incluso uno de los detenidos, el activista de nombre Juan Carlos Flores, fue aprehendido en las puertas de la Comisión de Derechos Humanos, aunque de este hecho se deslindó el ombudsman.
A pesar de las diversas críticas, no sólo en Puebla, por la represión sufrida, la CEDH no ha emitido una sola recomendación, aunque en cada una de ellas ha abierto investigaciones, hasta ahora sin resultados.
Algunos casos han sonado no sólo a nivel nacional, sino internacional, sin embargo, los operativos de la fuerza pública en manifestaciones continúan al argumentar daños a terceros, por ejemplo, el cierre de carreteras o edificios públicos.
“Porque cada vez somos más los convencidos que los derechos humanos son un compromiso de todas y de todos”, concluyó López Badillo en su ponencia ante diputados.
Al ser cuestionado por las constantes detenciones de activistas que ha realizado el gobierno estatal, el ombudsman poblano respondió que quién se sienta agredido debe acercarse a su oficina para solicitar el apoyo, y con ello se pueda investigar, ya que —afirmó— en el estado existe la libertad de expresión.
El premio
En entrevista para Intolerancia Diario, la diputada federal Roxana Luna Porquillo sentenció que en Puebla no se están protegiendo los derechos humanos, al no haber pronunciamientos sobre hechos notorios.
“Lo que está pasando en este 2014 es una ola más fuerte de criminalización a la lucha social y a la violación de los derechos humanos de los poblanos, pues no ha habido una recomendación de manera urgente de parte del ombudsman López Badillo”.
Recordó que en asuntos que fue portavoz o intermediaria, como en el caso de Atzizihuacan, donde 20 personas fueron detenidos saliendo de la Secretaría de Gobierno, la CEDH no ha dado ninguna respuesta.
“Tampoco cuando el 7 de mayo de 2014 hubo víctimas de violencia de parte de de policías estatales, no hay pronunciamiento en cuanto a la intervención para solicitar o hacer acciones cautelares, para la integridad de Delfino Flores —persona que murió a los 90 años en la cárcel—, y eso que se solicitó la intervención.
”No hay un pronunciamiento del uso excesivo de la fuerza de supuestamente de la policía o grupos paramilitares que llegan en camionetas blancas, sin placas y encapuchados a los operativos contra mototaxistas.
”La agresión que se está cometiendo a las comunidades que ha generado la detención a diestra y siniestra de varias personas”.
—¿Cuánta gente está detenida?
—Hay 31 detenidos, procesados bajo procesos penales, dentro de ellas hay cinco personas que han logrado su libertad, pero otros no han podido salir por el exceso de las fianzas.
“¿Dónde está el pronunciamiento de la CEDH en cuanto a las fianzas excesivas que se fija a la gente que está recluida y que no pueden pagar y no tienen acceso a la justicia?”, insistió.
“Está las quejas presentadas también porque organizaciones de defensa del agua y de la tierra por los megaproyectos y no hay respuesta. La queja de David Macuitl Coyotl, niño cuya madre está detenida por una violación de derechos humanos, y tampoco hay nada.
”¿Dónde está el pronunciamiento del hecho de la niña agredida en operativo de mototaxis en Coronango? La que tuvo que ser hospitalizada por el salvaje trato que le dieron como delincuente a una niña de 12 años.
”No hay un pronunciamiento en cuanto a las personas detenidas. Creo que ha sido omiso el ombudsman de callar ante todo lo que está pasando en el estado y una de las obligaciones de estos organismos es para garantizar que se protejan los derechos humanos en todo el estado”, insistió.
“No hay pronunciamiento en cuando a la libertad de la manifestación. Hoy si se manifiestan hay detenciones, no se garantiza a mototaxistas una alternativa de trabajo, que es el derecho al trabajo, se les encarcela y criminaliza.
”Esto es parre de lo que estamos viviendo, yo soy testigo, como ciudadana poblana, que si marcas a una hora determinada después de las seis de la tarde, la Comisión de Derechos Humanos no contesta.
”En todo caso contesta un policía y dice que no te puede tomar la queja. La misma comisión es la primera en violentar el acceso que es un organismo que está para defender”, dijo.
“Lo que se hizo en el Congreso es darle un premio y ocultar lo que sucede. Un premio a quien no ha sido aliado de los ciudadanos y no ha cumplido con sus funciones de vigilar el estado de derecho.
”Eso significa que no haya recomendaciones y que, al contrario, ha traído omisiones que generan clima de miedo e inestabilidad”, continuó Roxana Luna.
—¿Que viene para Puebla con la ratificación?
—Viene una situación muy difícil en donde a partir de que en el estado este organismo no da una respuesta, que se siga violentando sistemáticamente el derecho al trabajo, a la libertad de expresión, a la vivienda, hasta a una familia con los hijos de las personas detenidas.
Informó que ya existen nueve solicitudes oficiales a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de intervención ante la omisión de la CDH.
“El primer visitador de la CNDH, Luis García López Guerrero, ha dado trámite a todas las quejas que he podido ir coadyuvando con la gente y que finalmente no hay recomendaciones”.
Protesta=cárcel
Integrantes del el Movimiento por la Alternativa Social (MAS) hace unos días afirmaron que el gobierno ha criminalizado la protesta social, al encarcelar a 19 personas que participaron en manifestaciones en distintos municipios de la entidad.
Los integrantes de este organismo civil Marco Mazatle Rojas y Ricardo Jiménez Ávila señalaron que hasta entonces el caso más reciente ocurrió el 21 de junio, cuando un centenar de granaderos llegaron al poblado de San Antonio Cacalotepec.
En este lugar fueron detenidos en forma violenta a ocho pobladores de esa comunidad rural que realizaban una protesta por el servicio deficiente que presta el sistema de transporte metrobús.
En la protesta fueron retenidas seis unidades del sistema de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) para demandar de que el gobierno estatal estableciera una mesa de diálogo, ya que —aseguran— nunca han sido escuchados.
Los vecinos sólo querían las mesas de diálogo para plantear sus quejas sobre los problemas que enfrentan a diario por el servicio que presta el sistema de transporte articulado, actualmente administrado por el gobierno poblano. Pero en respuesta recibieron la cárcel.
Según el MAS, entre los 19 detenidos se encuentran cuatro hombres y cuatro mujeres, una de avanzada edad, que se congregaron para exigir una solución real a sus problemas de transporte.
Mazatle Rojas recordó que de la misma forma han sido detenidos habitantes de los municipios de Atzizihuacan, San Francisco Tepeyecac y San Andrés Cholula, que protestaron contra el gasoducto Morelos.
Recordó que el 15 de junio fueron detenidos otros ocho habitantes de las comunidades de Coronango, San Francisco Ocotlán y San Miguel Xoxtla, quienes se manifestaron contra los violentos operativos que llevó a cabo la administración estatal para decomisar mototaxis.
Como en todos los casos, elementos de la policía utilizaron gas lacrimógeno en contra de operadores y usuarios de esas unidades de transporte, las cuales fueron declaradas ilegales por decreto del Congreso del estado.
La presidenta municipal de Coronango, Mely Macoto Chapuli, informó que la autoridad judicial fijó una fianza de 385 mil pesos por cada uno de los mototaxistas detenidos.
El último caso de múltiples aprehensiones en una manifestación, apenas ocurrió el martes pasado, cuando ocho personas fueron detenidas en Tehuacán.
La manifestación fue contra de la decisión del gobierno estatal de arrebatar a las juntas auxiliares los registros civiles, para lo que cerraron el Centro Integral de Servicios en dicho municipio.
Entre los detenidos se encuentran: Román Hernández Ramírez, Emilio Montalvo Montalvo, Abel Torres Martínez, Domingo Rivera Reyes, Modesto Fausto Cortés, Lucio Fuentes Corte, Eduardo Rivera Espinoza y el presidente auxiliar de Cuayucatepec, Manuel Morales Guillermo.
En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) informó que los pobladores impidieron la circulación en algunas vialidades, mantuvo retenidos a empleados, lesionó a un ciudadano que intentó salir de su centro de trabajo que estaba tomado por los inconformes, y causó lesiones a policías estatales que reabrían la circulación.
“El gobierno del estado de Puebla respeta a quienes ejercen su derecho de manifestarse, pero reitera que llevará a cabo las acciones pertinentes, actuando en consecuencia, en contra de quienes en flagrancia, cometan actos fuera de la Ley, causando afectaciones a la sociedad”, señaló al final del comunicado la SSPE.
Tres activistas
El caso más sonado a nivel nacional e internacional fue la aprehensión de tres activistas que luchaban contra el gasoducto Morelos, uno de ellos aprehendido a las afueras de la misma CDH.
Desde el 2012 se han realizado diversas protestas por la instalación del gasoducto Morelos de parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que atravesará tres estados, entre ellos Puebla.
Pero este año las protestas arreciaron e incluso se violentaron ante los avances de la obra, lo que derivó en la detención de los tres activistas, quienes están recluidos en penales de Cholula y Atlixco.
Los detenidos son la comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan, Atlixco, Enedina Rosas; el vocero de del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua en Atlixco, Juan Carlos Flores, y el dirigente del Frente Campesino del Valle de Texmelucan y Sierra Nevada, Abraham Cordero.
Desde la aprehensión, diversos grupos civiles, incluyendo a reconocidos intelectuales de talla internacional, han condenado los hechos, al calificar al gobierno estatal y federal de autoritario.
Incluso, el Instituto Nacional de Protección de Derechos Humanos (Inprodh), le puso la muestra a la CDH de Puebla al solicitar al gobierno estatal y el Poder Judicial un informe sobre los procesos contra los ambientalistas detenidos.
Este organismo, encabezado por el reconocido investigador de la UNAM Enrique Carpizo Aguilar solicitó a las autoridades estatales y federales que transparenten los procesos e informen a la sociedad.
De todo esto ha guardado silencio Adolfo López Badillo, por lo que diversas organizaciones sociales señalaron que acudirían ante instancias nacionales e internacionales en defensa de los derechos humanos.
López Badillo aseguró que en ningún momento la CEDH tuvo contacto con las autoridades de la Procuraduría de Puebla para hacer que ejecutaran una orden de aprehensión que ya tenían, afirmando que fue una situación coyuntural.
“Fue una cuestión coyuntural donde el organismo no tuvo nada que ver. Nosotros estamos dedicados a recibir la queja a investigarlas por presuntas violaciones a nuestros derechos y sería contradictorio que al estar protegiendo las garantías, dar información para que se ejecuten actos que pudieran vulnerar estos derechos.
”Fue una circunstancia coyuntural que en ningún momento tuvo participación la Comisión de Puebla”, aseveró.
