El presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso del estado, Eukid Castañón Herrera, aseguró que hay tiempo para la armonización de la legislación electoral, ya que faltan casi cuatro meses, e indicó tendrá que darse el consenso de las diferentes fuerzas políticas y que las condiciones en Puebla son diferentes; la reforma tendrá que ir de alguna manera ajustada a las realidades del estado.
Dijo que el Congreso del estado de Puebla tiene como plazo definitivo el 30 de noviembre para modificar el Código Penal, como parte de la armonización de la Reforma Electoral, y aseguró que esta adecuación será congruente con la realidad política del estado.
En entrevista, el legislador precisó que se deberán reformar dos instrumentos jurídicos en la entidad (el Código de Procedimientos Penales y el Código de Instituciones y Procesos Electorales) para alinear los cuatro que se modificaron en la federación.
Refirió que estas reformas son una prioridad para los estados que el próximo año tendrán elecciones locales; sin embargo, destacó que en Puebla ya se trabaja en esta armonización, así como en el cabildeo con las demás fuerzas políticas.
A la par, destacó en que su bancada se mantiene en la misma postura de mantener en la ley la figura de las candidaturas comunes, pues insistió en que el PRI se opone a ello porque no resultó favorecido.
“El tema de las candidaturas comunes abre una posibilidad como lo ha venido haciendo en Puebla desde hace tiempo, un esquema de equidad; a veces algunos partidos políticos dicen que están en desventaja, al final la desventaja será en si son capaces o no de generar alianzas”, respondió.
Por último, Castañón Herrera confesó que a la fecha no ha dialogado sobre el tema con el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, quien también se desempeña como coordinador de la bancada del PRI.
El presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso del estado advirtió que en la armonización de las leyes electorales tendrá que darse el consenso de las diferentes fuerzas políticas, e indicó que las condiciones en Puebla son diferentes y la reforma tendrá que ir de alguna manera ajustada a las realidades del estado.
En entrevista, el legislador, al indicarle que hay un plazo fijado para que se dé la armonización electoral, manifestó que el tema tiene varias aristas, y recordó que apenas se publicaron los lineamientos para la elección de los consejeros en los estados.
Insistió en que no se puede hacer un análisis plano no multidimesional para no ser irresponsable, y hay cosas que tienen que verse a detalle sin olvidar que Puebla es un estado que tiene 217 municipios, es una entidad que tiene sus propias lógicas políticas, y la Reforma Política Electoral tiene que ir de alguna manera ajustada a las realidades del estado.
Expresó que el Congreso deberá hacer una ley que permita que puedan transitar las fuerzas políticas en las diferentes instancias.
Suguiere Ricardo Mosqueda fortalecer a las instancias administrativas del IEE
Ricardo Mosqueda Lagunes, especialista en el tema electoral, afirma que entre los pendientes de la iniciativa de Reforma Electoral que presentó el Ejecutivo se encuentran los mecanismos para fortalecer a las instancias administrativas del IEE.
De acuerdo con el análisis realizado por Ricardo Mosqueda, representante del Partido Nueva Alianza ante el Instituto Electoral del Estado (IEE), los ejes de la Reforma Electoral son: consolidar el pacto federal mediante la celebración en el mismo año de las elecciones estatales y federales; y que la representación política y la competencia electoral sea más equitativa.
La Reforma Electoral considera los siguientes puntos: la redistritación del estado, considerando los criterios de igualdad poblacional y uniformidad territorial para que los diputados no representen ni más ni menos de 15 por ciento del promedio por distrito, tomando en cuenta la representación indígena.
En el mismo rubro, se espera establecer períodos específicos de precampaña y campaña para todos estableciéndolos en 40 días y 60 días respectivamente. Se añade la figura de la candidatura común para cualquier cargo de elección popular, y la eliminación de las restricciones que tenían los partidos locales, los de reciente registro o los que lo hayan perdido con anterioridad para formar coaliciones.
El último eje que aborda la reforma se refiere al fortalecimiento de la autoridad del IEE. De esa manera se ampliará el período de los consejeros electorales a siete años, pudiendo, en su caso, ratificarse.
También, se pretende la desaparición del voto de calidad del consejero presidente, la creación de la secretaría ejecutiva del IEE y la creación de la unidad de fiscalización del IEE.
De manera muy especial, se destacan —señala Mosqueda— el establecer tres procedimientos de queja e impugnación en materia electoral: el de fiscalización, el especial sancionador y el ordinario.
Además, se incorpora en la iniciativa de ley que recibió el Congreso local la ampliación de las sanciones aplicables por presuntas irregularidades que incluyan la amonestación pública, la reducción del financiamiento público y la suspensión o pérdida del registro.
Mosqueda observa que hay una serie de pendientes en la misma iniciativa, los cuáles deberían revisarse.
El representante del Partido Nueva Alianza ante el máximo órgano estatal señala que aunque en el proyecto de reforma se contempla el fortalecimiento del IEE a través de la desaparición de la dirección general y de la secretaría general no se detalla cómo se fortalecerán las demás instancias administrativas del instituto.
“Con la creación de la unidad de fiscalización se tendría que descargar de atribuciones a la actual dirección de prerrogativas, partidos políticos y medios de comunicación”, apunta.
Asimismo, considera relevante que en el caso de haber convenio con el IFE para la organización de las elecciones concurrentes, se tendría que revisar el desempeño de las direcciones de organización y capacitación electoral, a efecto de vincularlas en los convenios de colaboración respectivos.
“También sería importante revisar las atribuciones de los consejeros para mejorar la calidad de su desempeño y enmarcar de manera idónea el ámbito de sus responsabilidades”.
Sobre la inclusión de las juntas auxiliares en al ámbito de la organización de las elecciones, si bien se le concedería al IEE dicha responsabilidad, la figura de juntas auxiliares no está considerada como un nivel de gobierno constitucional, por lo que ubicarlas dentro de la organización de las elecciones constitucionales hace el proyecto vulnerable a una controversia constitucional.
Ricardo Mosqueda estima que deben revisarse los montos de financiamiento público de los partidos políticos para fortalecer sus actividades ordinarias y las que se desarrollan para la promoción del voto durante los procesos electorales, ya que en la actualidad dichos montos son bajos en comparación con lo que reciben los partidos en otros estados del país.
Parche inconstitucional
Este día sesiona el Congreso de manera extraordinaria para discutir y en su caso aprobar el “parche” legislativo a la Reforma Electoral “al vapor”, del pasado 3 de septiembre.
Como siguiendo el script de la reforma “al vapor”, pero ahora en reversa, la Comisión de Gobernación aprobó la enmienda; el dictamen se aprobó con cuatro votos a favor y uno en contra, posteriormente la Comisión Permanente convocó a una sesión extraordinaria para la aprobación del dictamen. Todo esto a raíz del acuerdo pactado este domingo entre los morenovallistas y panistas históricos en la ciudad de México. Así se puede leer en el Intolerancia Diario del pasado 11 de octubre de 2012.
La discusión en la Comisión de Gobernación nuevamente la perdió el legislador del PAN Juan Carlos Espina von Roehrich, quien les explicó a los miembros de la comisión de la incapacidad del artículo transitorio para revertir la inconstitucionalidad de la Reforma Electoral aprobada “al vapor” el pasado 3 de septiembre por el Congreso local en sesión extraordinaria. Es más, expuso Espina von Roehrich a sus compañeros legisladores, la aprobación de un transitorio ahonda y proporciona elementos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para reforzar los argumentos sobre la inconstitucionalidad de la Reforma Electoral.
Espina planteó que realizar una reforma fuera de los tiempos marcados por la Constitución es, asimismo, otro acto inconstitucionalidad, por lo que el “parche” legislativo no servirá de nada. Aunque el diputado priista Gerardo Mejía coincidió en la sesión con los planteamientos de Espina, al final votó a favor del dictamen. Este jueves en sesión extraordinaria, convocada ex profeso para votar el dictamen, se espera que la reforma sea aprobada por el Congreso, a pesar de los argumentos del diputado Juan Carlos Espina. El legislador fue contundente: “Aquí, en el Congreso, lo que nos toca resolver, la reforma, violó el procedimiento legislativo, violó la normatividad interna, violó la Constitución federal. Ningún pacto de acuerdo o firma de la paz resuelve eso, lo único que lo va a resolver es una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy intentar corregir eso que se hizo mal es otro remedio malo que no va a solucionar eso qué pasó”.
Espina von Roehrich votó en contra del dictamen para aprobar la contrarreforma electoral, intentona de resarcir los yerros jurídicos de la reforma fast track del pasado 3 de septiembre, a la cual se le sigue una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el expediente 48/2012.
Además, explicó el sentido de su voto: “Yo voté en contra porque considero que no es una solución a la inconstitucionalidad de la reforma del 3 de septiembre. Hoy todos tácitamente están aceptando que esa fue una reforma ilegal, irregular, inconstitucional.
”Tan lo están aceptando que presentaron un transitorio para corregirlo. Lamentablemente este intento de corrección adolece del mismo defecto de inconstitucionalidad y no soluciona en nada las graves faltas jurídicas del dictamen del 3 de septiembre”.
El legislador explicó los riesgos que se corren con el “parche” legislativo que aprobarán mañana los diputados locales:
“Hacer ahora una reforma a la Constitución también sería ilegal. También violaría la Constitución federal. Ciertamente, la mejor solución era esperar la resolución de la Corte”.
—¿La reforma logró algún cometido? Se dijo que tenía dedicatoria…
—Mira, esa es una discusión y un debate aparte y en paralelo. Lo que desde el 3 de septiembre he discutido es la reforma en sí misma, en su contenido, en su forma y en su fondo, eso lo dejamos a la discusión en el seno del PAN, donde hay acuerdo y diálogo. Eso está muy bien, pero aquí en el Congreso lo que nos toca es resolver, la reforma violó el procedimiento legislativo, violó la normatividad interna, violó la constitución federal, ningún pacto, acuerdo o firma de la paz resuelve eso, lo único que lo va a resolver es una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy intentar corregir eso que se hizo mal es otro mal remedio que no va a solucionar eso qué pasó.
—Entonces, ¿esa corrección no sirve de nada?
—Pues es lo que les pregunté a los diputados.
“El diputado Mejía dijo que se corría el riesgo de cometer un grave error, lo manifiesta en el seno de la comisión, coincido con él; creo que estamos en riesgo de cometer un error grave nuevamente. ¿Por qué votan a favor? Hay que preguntarles a ellos, seguramente lo dice porque va a ser una reforma ilegal y una reforma inconstitucional.
”El Congreso estará informado de informar a la Corte de la reforma, capaz de que yo convenzo a todos y votamos todos en contra; a lo mejor los convenzo y no pasa la reforma, si llega a pasar la reforma y desde mi punto de vista, ahonda, profundiza los argumentos que presentó Acción Nacional para tirar la reforma del 3 de septiembre, coloquialmente diríamos que nos están dando la razón. El problema de fondo es que adolece de los mismos vicios de inconstitucionalidad, sigue estando en contra del 3 de la local, sigue estando en contra del 105. A ver mañana qué se resuelve en este Congreso”.