De acuerdo a Amnistía Internacional, el gobierno de Puebla no aplicó los protocolos reconocidos a nivel mundial durante la manifestación de vecinos de San Bernardido Clalchihuapan, que dejó como saldo decenas de heridos, entre ellos un niño al borde de la muerte.
El organismo defensor de los derechos humanos reconocido en todo el mundo reprobó la manera en que fueron dispersados los manifestantes el pasado miércoles 9 de julio al haber cerrado la autopista Atlixcáyotl.
En entrevista para Intolerancia Diario, el director ejecutivo de Amnistía Internacional México (AIM), Perseo Quiróz Rendón, señaló que analizan el tema de Puebla sobre la presunta violación de los derechos humanos.
Entrevistado telefónicamente desde la ciudad de México, indicó que en general la postura de la organización es la preocupación por las limitaciones a la libertad de expresión en cuanto a la aplicación de la “ley Bala”.
—¿Cómo vieron el asunto registrado en Puebla?
—Tenemos conocimiento, estamos analizando el tema, la postura que teníamos es una genérica respecto a la libertad de expresión.
“A nosotros nos preocupa mucho que la libertad de expresión se vea limitada en distintos estados de la República, incluido el estado de Puebla”.
Señaló que a AIM le parece que es primordial que ante la aplicación de este tipo de medidas existan protocolos adecuados del uso de la fuerza, los cuales no han visto que existan.
“Entonces es la postura general, es la preocupación de que no vemos protocolos que pueden generar que haya una limitación a la libertad de expresión, que no vaya acorde con los estándares internacionales”.
—Del caso que se vio en Puebla, ¿qué conocimiento tienen?
—No tenemos todos los detalles, por lo que hemos escuchado en medios de comunicación, pero nos parece que hubo esta ausencia de protocolos, no lo podemos decir a ciencia cierta pero es algo que hemos diagnosticado a lo largo y ancho de la República mexicana.
—¿Harán una investigación en específico en Puebla?
—Estamos valorando y analizando ese tema.
Desde hace unos días Amnistía Internacional exigió al Poder Judicial de la Federación servir como contrapeso de la llamada “ley Bala”.
Es de destacarse que organismos pro defensa de derechos humanos presentaron diversos amparo contra la Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza impulsada por el gobierno de Puebla.
El pasado miércoles 9 de julio un grupo de “granaderos” usaron gas lacrimógeno y balas de goma para dispersar a los manifestantes de San Bernardino Chalchihuapan que durante cinco horas mantuvieron bloqueada la autopista Puebla-Atlixco.
En el operativo resultaron lesionadas al menos 70 personas, entre ellas 47 policías estatales, además de vecinos que salieron con graves heridas como la pérdida de un ojo y el menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, quien cumplió una semana en terapia intensiva al caerle un proyectil en la cabeza.
En entrevista para este medio un día después del enfrentamiento, la madre del niño de 13 años, afirmó que su hijo fue lastimado de gravedad por los elementos de la Policía Estatal que participaron en el operativo para disipar a los manifestantes.
También la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) investiga posibles violaciones a las garantías individuales durante el operativo.
Articulo 19
También el organismo Articulo 19 emitió su postura al señalar que es muy grave lo acontecido debido a lo que demuestra la aplicación de la “ley Bala”, las preocupaciones que había de la sociedad, respecto al abuso de la fuerza policiaca y utilización de armas disuasivas.
“Simplemente se está cumpliendo la predicción, habíamos dicho que la ley era demasiado ambigua y discrecional que permitía que la policía actuara de manera arbitraria en las manifestaciones públicas”, dijo Leopoldo Maldonado, oficial jurídico de Articulo 19.
Señaló que además demuestra en un sentido más profundo que es una normatividad regresiva de derechos humanos totalmente autoritaria que tiene como objetivo inhibir el derecho a la reunión y a la protesta.
“Lo que se viene demostrando a partir de la publicación de la ley Bala es que el gobierno de Puebla buscaba justificar legalmente la intervención policiaca de manifestaciones del uso abusivo de la fuerza”, comentó.
Indicó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se hizo complicada, ya que también tiene su responsabilidad de la aplicación de la “ley Bala”, debido a que no interpuso la acción de inconstitucionalidad como se le exigió.
“Pero no solo eso, también avaló ante el gobierno del estado de Puebla y el Congreso la ley bala, por lo que ahora también es responsable, ahora tendría que atraer los casos que originalmente le corresponderían a la Comisión Estatal”.
