La aprobación de la “ley Bala” han sido la iniciativa de ley más polémica en este segundo período ordinario, donde se han aprobado leyes de manera fast track.
La actual Legislatura ha recibido críticas por parte de medios nacionales por su sumisión al Poder Legislativo.
El columnista Rafael Cardona caracterizó el perfil de los diputados poblanos como el de “sastrecillos” que hacen leyes a modo, trajes a la medida. “En el extremo de la crisis política, el gobernador contrata a los diputados sartoriales, el arte sartorio es el arte de la sastrería, tiene unos sastrecillos poco valientes que le hace un traje a la medida.
Entonces, él dice quiero una ley que me permita esto. Sí, señor cómo no, aquí la tiene usted. Ahora quiero que la abroguen, aquí se abroga a la medida del cliente. Esto refleja un estado virreinal en Puebla”, describió Cardona a los diputados el viernes pasado en una mesa de análisis con Brozo.
Paradójicamente, mientras la Legislatura se desgasta aprobado leyes al vapor y sin consultar a grupos sociales, ni siquiera ha logrado consensar la agenda legislativa de la actual Legislatura.
Pero quienes han sido asépticos en el tema de la represión de San Bernardino Chalchihuapan han sido los diputados locales del tricolor.
Con un lenguaje muy cuidado y casi quirúrgico, los priistas se han reservado cualquier crítica a la administración estatal y su política de represión hacia los grupos sociales, justificando la “ley Bala” y pidiendo que no se confunda la “regla” con su “aplicación”.
El PRI, sumiso, en el Congreso
A excepción de algunas cuantas voces de ese partido que se han levantado en contra de la ley y de las acciones de represión del morenovallismo, el priismo poblano ha sido silente.
Con distintas justificaciones, los priistas han preferido guardarse manteniéndose en bajo perfil frente a las acciones.
En las cuentas de Twitter de los priistas ni siquiera abordan el tema de la represión en San Bernardino Chalchihuapan, salvo excepciones como el diputado federal Enrique Dóger Guerrero, Iván Galindo Pablo Fernández y Guillermo Deloya, entre otros.
En corto, los priistas intentan criticar al gobierno. Pero al mismo tiempo reconocen su desamparo político.
Los priistas han dicho que asumen el costo político de sus decisiones y que como son minoría no pueden ir en contra de las iniciativas de Casa Puebla.
En los discursos y declaraciones intentan criticar las acciones gubernamentales, pero a la hora de los votos y de las acciones jurídicas o van a favor con el gobierno del estado o de plano se les olvidan las acciones jurídicas opositoras que prometen.
Los bandazos del tricolor
Inició la Legislatura el 15 de enero, con posturas críticas hacia el gobernador Rafael Moreno Valle.
Los diputados priistas locales de la actual Legislatura señalaron:
La diputada Silvia Tanús Osorio criticó la política estatal de obras faraónicas de la administración estatal, al fijar la postura del tricolor al inicio de la legislatura: “Lo decimos en voz alta: ninguna obra, por grande que sea su tamaño, será sinónimo de progreso, si no se traduce en el mejoramiento del nivel de vida de la gente”.
En el mismo tenor, Tanús Osorio resaltó que el gobierno del estado ha tomado “decisiones unilaterales” y recurre al “atropello” sin la inclusión de todas las fuerzas políticas.
En la actual Legislatura, el PRI aprobó una Reforma Electoral que abría las elecciones de juntas auxiliares a candidaturas ciudadanos y colocaba un tope de firmas para el registro de candidatos, pero dicha reforma al mismo abría la puerta a la intervención de los partidos políticos en las elecciones de juntas auxiliares.
El PRI votó a favor de dicha iniciativa de ley. Y ya en la emisión de convocatorias ciudadanos de juntas auxiliares, auspiciados por abogados del tricolor, interpusieron un juicio para defender sus derechos político-electorales logrando revertir dichas convocatorias emitidas por los ayuntamientos.
Los priistas emiten declaraciones tibias y justificatorias, o de plano se alejan de cualquier escenario que aborde el tema de la represión morenovallista, de la cual dan cuenta organizaciones sociales y medios de comunicación.
En el Congreso local, donde los diputados del PRI y el PAN avalaron y aprobaron la polémica “ley Bala”, el pasado 19 de mayo, los legisladores del tricolor titubean para criticar las acciones del gobernador de Puebla, Moreno Valle.
Todavía la semana pasada, el PRI poblano se debatía entre criticar abiertamente la política represiva del gobernador Rafael Moreno Valle o mantener una postura “equilibrada”, eufemismo para mantenerse al margen del tema.
El diputado priista y presidente de la Junta de Coordinación Política, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, censuró la conducta del secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas, y pidió su renuncia.
Pero en la sesión pública ordinaria la bancada del PRI en el Congreso no pidió la renuncia del secretario ni levantó la voz sobre el operativo.
Rosas fue el responsable del violento operativo en contra de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan. El funcionario de seguridad pública estatal en todo momento ha justificado el operativo.
La carrera en materia de seguridad de Rosas inició en el Cisen.
Posteriormente, Rosas fue coordinador de inteligencia de la policía federal, en el sexenio pasado. Y subsecretario de Prevención bajo el mando de Genaro García Luna. Rosas es poblano, originario de Tepexi de Rodríguez.
Pero al mismo tiempo el PRI, cuyos legisladores aprobaron la “ley Bala”, defendieron la ley señalando que la misma respeta los derechos humanos y le coloca límites al uso de la fuerza pública.
Los diputados Víctor Manuel Giorgana Jiménez y Sergio Céspedes Peregrina, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, defendieron la ley.
Para ambos legisladores el error de la ley está en la “aplicación” y no en el contenido de la misma.
Esto a pesar de que especialistas y organizaciones de los derechos humanos como Artículo 19 han criticado la “ley Bala”, aprobada el pasado 19 de mayo, con 32 votos a favor y cinco en contra.
El legislador Giorgana ha dicho que la ley no le da una “licencia para matar” a los policías.
Sergio Céspedes, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, señaló que la misma ley fue corregida en comisiones, es producto del trabajo legislativo de todas las fracciones y que se ha malinterpretado y confundido el contenido de la misma.
“Una cosa es la regla y otra cosa es la interpretación y la aplicación”, ha defendido el diputado priista.
Sobre el tema de la represión en Chalchihuapan, los diputados, en el pleno legislativo, han tomado con pincitas el problema.
A nombre de los diputados priistas, Rosalío Zanatta Vidaurri señaló en tribuna que su partido pedía el esclarecimiento de lo sucedido en San Bernardino Chalchihuapan, donde “se dieron una seria de hechos condenables y lamentables que provocaron numerosos lesionados tanto de la Población Civil como de los Cuerpos Policiales. Señaladamente el grave estado de salud del joven de 13 años y policías estatales”.
El PRI solicitó que la CNDH y la PGR atraigan el caso, coincidiendo con la postura del gobierno de Puebla, que realizó la misma petición.
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A diferencia de los diputados locales del PRI, los senadores del PRI incluyeron en el orden del día una severa crítica en el diario de debates de la comisión permanente.
En el exhorto se señalaba que José Luis Alberto Tlehuatlie Tamayo murió debido a la política criminal de Rafael Moreno Valle en Puebla: “El menor de tan sólo 13 años, murió a causa de la política criminal implementada por el Gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas”.
Pero el exhorto no se leyó en la comisión permanente el pasado 23 de julio.
A su vez, las iniciativas de los diputados del tricolor han sido verdaderamente evasivas de la problemática social y de represión.
Por ejemplo, el diputado priista José Chedraui Budib, al presentar su iniciativa de ley para combatir la corrupción, se propuso impulsar “leyes que promuevan la suma de pequeños cambios constructivos, en el ser y en el quehacer de los ciudadanos y las instituciones, cambios que generen una nueva forma de pensar y de actuar, tanto en el ámbito personal como en el colectivo”.
El agua, otro tema de bandazos
En el tema de la privatización de los servicios del agua, el PRI ha incurrido en “bandazos”.
En septiembre del 2012, el Congreso local aprobó la privatización de los servicios del agua en Puebla.
Horas antes de la votación, la dirigencia estatal advirtió que su partido iría en contra. Pero en el momento de emitir su voto, nueve priistas votaron en contra y dos a favor.
La dirigencia estatal ofreció realizar una acción de inconstitucionalidad en contra de la privatización.
El dirigente estatal Pablo Fernández del Campo anunció la acción de inconstitucionalidad.
Pero a la fecha el PRI no emprendió ninguna acción jurídica en contra de la privatización.
Aunque en declaraciones los priistas han querido verse opositores a dicha medida, no han hecho nada.
