Distintos organismos civiles convocaron a una “Caminata por la paz y la dignidad” el próximo 10 de agosto para exigir la libertad de los más de 35 presos políticos, justamente a poco más de un mes de los hechos ocurridos en Chalchihuapan.
El sindicatos de la Unión Nacional de Trabajadores Puebla (UNT), el Frente Amplio Social (FAS) y el Frente Poblano Contra la Represión convocaron a la marcha de protesta el próximo 10 de agosto, donde pedirán libertad de los que llamaron 35 presos políticos que se ha registrado en el sexenio de Rafael Moreno Valle.
Además, exigirán la derogación de las leyes que han sido aprobadas y en demanda al juicio político del gobernador Rafael Moreno Valle.
Fue el 9 de julio pasado cuando en la autopista Puebla-Atlixco, a la altura de Chalchihuapan, se enfrentaron vecinos de esta comunidad con policías estatales, luego de que mantuvieron cerrada la vialidad.
Derivado de este enfrentamiento, falleció el niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, de 13 años de edad, lesionado en la cabeza por un proyectil.
Desde entonces, los manifestantes afirman que este proyectil fue una bala de goma disparada por los policías estatales, mientras que el gobierno de Puebla ha mantenido la tesis de que fue la onda expansiva de un cohetón de los manifestantes lo que provocó la mortal lesión del menor.
Ahora, los organismos mencionados realizarán una movilización pacífica en la que también participarán organizaciones sociales y otros gremios campesinos y políticos; partirá a las 10 horas del Triángulo de las Ánimas, en la 39 poniente 3515.
Afirman que de esta manera evidenciarán el repudio a la violencia del estado, que se ha convertido en la práctica cotidiana de gobierno.
“Integrantes de la UNT-FAS anunciamos que las movilizaciones no cesarán hasta que ciudadanos que han alzado la voz en contra de la reforma a la Ley Orgánica Municipal, los megaproyectos que se construye en el estado y la defensa del transporte rural, como los mototaxis, recuperen su libertad”, señaló Marco Mazatle, secretario general STRM Sección 3 de Puebla.
“Exigimos la renuncia del secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas; del procurador Víctor Carrancá, así como de Facundo Rosas, titular de la SSP de Puebla, pues la permanencia en dichos cargos resulta ya insostenible”.
Afirma que las leyes promovidas por el gobernador Rafael Moreno Valle, cuyas iniciativas fueron aprobadas “al vapor” en el Congreso local, sin debates, estudios ni participación ciudadana, sean derogadas, pues son contrarias a los intereses de poblanos y en beneficio del gobierno en la obtención de más poder.
También se aprovechará el movimiento para pedir la derogación de la Ley de Expropiación del Estado de Puebla, la Ley del Agua, en su decreto que aprueba la estructura tarifaria para el cobro de los derechos, productos y contribuciones y en el que se reforma el artículo 118 bis de la Ley de Agua para el Estado de Puebla.
Asimismo, la Ley del Transporte para el Estado de Puebla y del decreto que crea el organismo público descentralizado denominado Carreteras de Cuota-Puebla.
Además de la legislación para “Proteger los derechos humanos y que regula el uso de la fuerza legítima por parte de los elementos policiales del estado de Puebla”, mejor conocida como “ley Bala”.
Asimismo, se pedirá la extinción del decreto por el que se suprime el organismo público descentralizado denominado Hospital para el Niño Poblano y el Proyecto para la Prestación de Servicios para el Proyecto Municipal de Eficiencia Energética en Alumbrado Público en el Estado.
Además de la reforma a diversas disposiciones de la Ley General de Bienes del Estado, entre otras que lesionan a los ciudadanos poblanos.
Desviar la atención
La llegada de Juan Pablo Piña Kurcyzn, exvisitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al gabinete de Rafael Moreno Valle es parte del contubernio para desviar la atención de la sociedad sobre el caso de Chalchihuapan, afirmó el activista Marco Antonio Mazatle, quien aseguró que las autoridades gubernamentales no pueden concluir el conflicto, llenos de mentiras: “Su llegada es para desviar la investigación de maltrato a los derechos humanos en contra de los habitantes de Chalchihuapan, pero aunque el exvisitador de Derechos Humanos ya tiene chamba, la sociedad estará vigilante de lo que hagan desde el gobierno del estado de Puebla”, ratificó.
En ese contexto, reveló que desde la sociedad civil organizada tienen programada una mega-marcha para este domingo 10 de agosto, con la participación de más de 30 organizaciones poblanas que se pronunciarán en contra de las reformas privatizadoras de Moreno Valle, pero también en contra de la represión gubernamental: “Salimos con la consigna de que ya nos tiene miedo, porque nosotros no les tenemos miedo”.
Ante eso, reveló que aunque no tienen proyectado el número de poblanos que se unirán a la marcha silenciosa de este domingo, agregó que sí hay algunas agrupaciones que ya negociaron y acordaron con el gobernador del estado de Puebla: “Eso no implica que ahí quede todo”. Porque, aunque aclaró que no tienen una actitud de cerrazón y maximalista, siempre están abiertos al diálogo, pero el mandatario poblano nunca los escucha, aunque hayan solicitado audiencia desde el arranque de la administración estatal y se las hayan negado. (Con información de Samuel Vera)
