De la administración de Mariano Piña Olaya, como gobernador del estado de Puebla, a la de Rafael Moreno Valle, como actual gobernador, en instituciones como la Procuraduría General de Justicia (PGJ) las relaciones con los reporteros que cubren la fuente, incluso el manejo de la información, han sufrido un deterioro de más de un cien por ciento.
Durante 21 años de la procuración de justica de Puebla, los reporteros que han cubierto la información han sufrido una metamorfosis total del trato con los procuradores y del manejo de la información.
Durante los pruneros años no hubo “nada que ocultar”, los reporteros de la fuente policiaca no tuvieron un sólo obstáculo para cumplir con su trabajo, actualmente ni siquiera pueden acceder al moderno edificio de la PGJ sin antes ser registrados, fotografiados e incluso escoltados.
El actual procurador de justicia, Víctor Antonio Carrancá Bourguet, no sólo desapareció la oficina de prensa, sino que ha ocultado información para que los poblanos vivan con una venda en los ojos, leyendo y escuchando estadísticas que indican que “en Puebla no pasa nada”
Del año de 1987 a 1983 el gobernador de Puebla fue Mariano Piña Olaya, designó como procurador general de husticia a Humberto Gutiérrez Manzano y un mes después la responsabilidad recayó en Eduardo Peruyero Redondo, y durante la misma administración fue nombrado como procurador Humberto Fernández de Lara.
Durante los seis años de gobierno piñaolayista, la PGJ tuvo como primeros jefes de prensa, los primeros en la historia, a Humberto Moreno, José Altamirano y Manuel Carmona Sosa.
La relación con los procuradores de esa administración, además de los que fueron directores de la Policía Judicial del Estado (PJE): Miguel Inurrueta Desentis y Armando Canto Huitzil, fue de total apoyo informativo a los reporteros de la fuente policíaca.
Se creó, en las antiguas instalaciones de la PGJ, ubicadas en la 31 Oriente y bulevar 5 de Mayo, la primera oficina de prensa —en el primer piso—, donde los reporteros podían consultar información de las actividades de la institución y de la PJE.
Además, los reporteros podían consultar informes que llegaban de las comandancias del interior del estado, en la guardia de agentes, donde se podían consultar reportes y en algunas ocasiones hasta fotocopiar, no se ocultaba la información.
En esa misma administración el apoyo informativo no sólo se centraba en la Oficina de Prensa y en la Guardia de Agentes, sino que además la Dirección de Averiguaciones Previas facilitaba la copia de denuncias presentadas en las agencias del Ministerio Público —Centro, Norte, Sur, Hospitales, Oriente y Popular—, además de que el reportero podía acudir a estas mismas delegaciones a recabar información.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) tampoco ocultaba información, todas las corporaciones que de éstas dependían, entre estas la Policía Estatal Preventiva y la Dirección de Bomberos, estaban facultadas para facilitar información.
Manuel Bartlet Díaz
De 1993 a 1999 el gobernador Manuel Bartlet Díaz designó como procurador de justicia a Carlos Alberto Julián y Nacer, y éste como encargado de prensa de a Jesús Salmoran Irigoyen.
La relación con los reporteros de la fuente policiaca fue cordial, como ocurrió en la administración de Humberto Fernández de Lara.
La oficina designada para prensa quedó en el primer piso, al relevo de Salmoran se sumó Flora Molina, la primer mujer como encargada de prensa, quien realizó cambios en apoyo de los reporteros, pero que tampoco significó un obstáculo para la cobertura de la información, una pieza importante para que durante la administración de Manuel Bartlet se fortaleciera la confianza en la transparencia informativa.
Mario Marín Torres
Del 1 de febrero del 2005 al 31 de enero del 2001, el gobernador Mario Marín Torres designó como procurador general de justicia a la maestra Blanca Laura Villeda Martínez, y ella designó como su encargado de prensa a Juan Carlos López Rojas.
La relación de la procuradura con los medios fue ríspida, pero no dejó la apertura en la información; existía, además de una oficina de prensa, la facilidad para que los reporteros tuvieran acceso a copias de denuncias de las agencias del Ministerio Público, además de las comandancias, lo mismo ocurría con los que componían el equipo de colaboradores de la procuradora. No había obstáculos para que los reporteros pudieran realizar sus labores.
Lo mismo ocurrió durante los tres años que Rodolfo Igor Archundia Sierra duró como procurador, las críticas fueron constantes, pero la oficina de prensa nunca elaboró algún comunicado para refutar o aclarar una nota, la forma de trabajar del jefe de prensa López Rojas era buscar entrevistas para aclarar.
No hubo obstáculos para que los reporteros no cumplieran con su trabajo de informar.
Rafael Moreno Valle
Desde el 1 de diciembre del 2011 Rafael Moreno Valle es el gobernador de Puebla, y designó como la figura de Jefatura de Prensa por Enlace de Comunicación, designando como titular a Cristina Ortiz López.
La relación con la Procuraduría General de Justicia con los medios es totalmente nula.
El procurador ordenó retirar las copias de denuncias de las agencias del Ministerio Público a los reporteros bajo el argumento de “fuga de información”, además de que giró instrucciones a todo personal de la dependencia a su cargo para que se abstuviera de dar algún tipo de información a algún reportero, bajo la amenaza de suspenderlo de su trabajo y hasta consignarlo.
Ordenó que se cerrara la oficina de prensa para los reporteros y en el nuevo edificio de la PGJ no se permite la entrada de reporteros, solo si son “invitados” a una conferencia de prensa, pero antes de ingresar se tienen que registrar en la entrada, permitir que les sea tomada una fotografía, entregar una identificación, permitir ser registrado —para confirmar que no lleve un arma de fuego, droga o explosivos—, además de ser escoltados por personal de la Policía Ministerial del Estado, desde que ingresan hasta que se retiran.
Los reporteros no cuentan con ningún tipo de información sobre casos de robos, homicidios, asaltos —para no asustar a la ciudadanía—, más que reportes de detenidos y de actividades del procurador.
Actualmente, los poblanos tienen una venda en los ojos y sólo escuchan y leen estadísticas donde les informan que en Puebla no pasa nada.
