El día de ayer, alcaldes auxiliares se reunieron con legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y con el secretario de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, sin que se resolvieran las demandas planteadas por los ediles auxiliares.
Los presidentes de las juntas auxiliares, entrevistados al término de la reunión, se quejaron de que las autoridades gubernamentales no atienden sus demandas.
Los presidentes pidieron a la Secretaría de Gobierno que el Congreso local derogue las reformas a la Ley Orgánica Municipal que le quitan a las juntas auxiliares los Registros Civiles.
El edil auxiliar de san Martín Tlamapa en el municipio de Santa Isabel Cholula, José Salomé Pacio Grande, atribuyó el comportamiento de los funcionarios estatales y de los diputados al intento de “darle largas” al pliego petitorio presentado por los alcaldes auxiliares hace algunos días ante la Secretaría de Gobierno estatal.
Pacio Grande comentó que los diputados están posponiendo la solución al conflicto de las juntas auxiliares.
Uno de los diputados asistentes a la reunión celebrada en Casa Aguayo, el legislador local del PAN Eukid Castañón, les pidió a los ediles auxiliares desahogar con calma y punto por punto cada una de sus peticiones: “No se vale tronar todos los cohetes de un jalón”.
Pero los ediles auxiliares inconformes con el retiro de los Registros Civiles de las juntas auxiliares van aumentado.
Hace algunas semanas la cifra de alcaldes inconformes era de 70 ediles. Actualmente, hay 175 ediles auxiliares que solicitan el retorno de los Registros Civiles a las juntas auxiliares.
Pacio Grande, edil auxiliar de san Martín Tlamapan, criticó la poca seriedad con la que los diputados locales abordaron la reunión: “Lo tomaron como si fuera una plática de café”.
Además, a alcaldes provenientes de la Sierra Negra no se les permitió el acceso a la reunión. Los ediles auxiliares viajaron varias horas para arribar a la capital del estado. Sin embargo, debido al leve retraso de 10 minutos se les impidió ingresar al encuentro con diputados y el secretario de Gobierno.
“Están tratando de boicotear las reuniones”.
Al encuentro entre ediles y la Secretaría acudieron legisladores únicamente identificados con el Partido Acción Nacional. Los diputados Franco Rodríguez Álvarez, Corona Salazar Álvarez, Eukid Castañón y Jorge Aguilar Chedraui acudieron al cónclave con ediles auxiliares, señalaron los propios ediles.
Pero, a decir de los ediles auxiliares consultados, la reunión fue infructuosa. Por ejemplo, el coordinador parlamentario del PAN, Jorge Aguilar Chedraui, se enfrascó en una discusión con el edil Jesús Arias Vargas.
Aprovechando el lenguaje técnico y jurídico, contó Arias Vargas, Aguilar Chedraui debatió con el edil cuando éste solicitó que se abrogara la Ley Bala. “Pruébalo en ti si no te hace daño”, dijo Arias Vargas.
“Pues qué quieren que le quiten a la ley Bala”,
“Lo que queremos es que la quite”, le respondió Arias Vargas, quien señaló que sólo estudió la primaria pero que sus demandas son juntas.
“Pues quítala. Ya hubo muertos y heridos”, insistió el edil auxiliar en el intercambio álgido con el diputado Aguilar Chedraui.
De acuerdo con los alcaldes que acudieron a la reunión, el tono del encuentro con los diputados del PAN y el secretario de Gobierno fue de defender la “ley Bala”.
Y además, cuando se abordó la petición de los 175 ediles auxiliares de derogar la Ley Orgánica Municipal para devolverles a las juntas auxiliares los Registros Civiles, la Secretaría de Gobierno responsabilizó a los municipios y se dijo “respetuosa” de la autonomía municipal.
“Nada más se echan la bolita”, contó otro edil que acudió a la reunión.
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“Los pueblos tienen un límite”, advirtió Pacio Grande, quien señaló que los pobladores de las juntas auxiliares están listos para participar en otra manifestación para exigir la derogación de la Ley Orgánica Municipal que le quita a las juntas auxiliares sus Registros Civiles.
Los pobladores de las juntas auxiliares se encuentran a la espera para participar en la siguiente movilización y también han demandado a sus representantes medidas más enérgicas para que el gobierno del estado de Puebla devuelva los Registros Civiles a las juntas auxiliares.
Los alcaldes de las juntas auxiliares señalaron que el gobierno del estado aplica prácticas dilatorias para frenar la solución al conflicto de las juntas auxiliares, pero señalaron que, de seguir incurriendo la administración morenovallista en un mayor retraso para resolver las demandas de los habitantes de las juntas auxiliares, más ediles auxiliares se sumarán al movimiento reivindicatorio de las juntas auxiliares.
De manera conjunta, los presidentes también advirtieron que cualquier amenaza o acto de intimidación en contra de los presidentes de las juntas auxiliares es responsabilidad de la administración estatal. “La gente de Cholula no está sola”, afirmó Javier Montes Bautista, presidente auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan.
Montes Bautista expresó, a nombre de los ediles auxiliares, su solidaridad con los vecinos y activistas de San Andrés Cholula, quienes se han manifestado en contra del decreto de expropiación de los predios aledaños a la pirámide debido a que el gobierno del estado de Puebla tiene como propósito construir un desarrollo turístico.
Montes Bautista también condenó las agresiones que sufrió el exjuez Enrique Romero Razo, quien fue asaltado el pasado viernes en su domicilio, donde fue golpeado y amenazado por cuatro personas; además de que le quitaron sus pertenencias, como computadoras, teléfonos celulares y memorias USB, así como dinero en efectivo.
El edil auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan cuestionó la persecución en contra de personas que no coinciden con el gobernador de Puebla: “Si esto le espera a todos los que no están de acuerdo con los ideales del gobernador.”
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Los ediles de las juntas auxiliares resaltaron que, de acuerdo con los convenios internacionales signados por el gobierno de México, cada vez que se vaya a realizar algún acto de gobierno o ley que afecte a las comunidades indígenas esta iniciativa debe ser consultada con los pueblos y comunidades indígenas, según indica el convenio 169 de la OIT y también lo indica el artículo 2 constitucional.
Como muchas de las juntas auxiliares son poblaciones indígenas, el gobierno del estado de Puebla debió consultar con las comunidades indígenas el retiro de los Registros Civiles de las juntas auxiliares, consulta que nunca realizó ni el gobierno de Puebla ni el Congreso estatal cuando reformó la ley.
Los pueblos indígenas poseen, de acuerdo con este convenio, el derecho a la consulta para decidir si aceptan o no leyes o políticas que afecten a los pueblos y comunidades indígenas.
