Los nombramientos de Juan Antonio Pérez Bravo como fiscal especial para dar seguimiento del caso Chalchihupan y de Juan Pablo Piña como enlace con la Comisión Nacional de Derechos Humanos confirman que el gobernador Rafael Moreno Valle busca consolidar la burla y el abuso en contra de los habitantes, pero de paso, también se burla abiertamente de la CNDH.
Así lo denunció el regidor del PRI Iván Galindo Castillejos, quien dijo que aunque ya se empieza a cumplir con el resolutivo emitido por el ombudsman Raúl Plascencia, el mandatario estatal “se burla de los poblanos”, porque esos nuevos enlaces fueron los que orquestaron la mentira del cohetón.
En entrevista, el regidor del tricolor pidió que Moreno Valle Rosas exija la renuncia de sus secretarios de Gobernación, de Seguridad Pública y del procurador, luego que quedaron exhibidos como represores y mentirosos.
Si Moreno Valle no ha dado ese paso y no se observa que el mandatario tenga voluntad para cumplir con las demás recomendaciones de la CNDH.
Galindo Castillejos subrayó que existen todos los elementos para iniciar un juicio político contra Rafael Moreno Valle, no solamente por Chalchihuapan, que fue lo que atrajo la atención a nivel nacional, sino por cuatro años la dictadura y porque “en Puebla no se respetan los derechos humanos”.
El resolutivo de la CNDH, agregó, abre las puertas para otras medidas en contra de reformas arbitrarias en Puebla, pero también es un aliciente para las existentes.
Iván Galindo dijo que es totalmente recomendable la propuesta del comisionado Raúl Plasencia Villanueva, de solicitar al Senado un juicio político si Moreno Valle no cumple con las recomendaciones realizadas la semana pasada.
Expresó que existe línea sobre el Congreso del estado y sobre el Poder Judicial, pero además el gobernador Rafael Moreno Valle tiene cooptado y asfixia a muchos medios de comunicación.
Bajo sospecha
El fiscal especial del caso Chalchihuapan tiene experiencia favorecer a las autoridades en casos polémicos. En los datos curriculares del nuevo fiscal, enviados por el gobierno estatal, no se destaca la participación de José Antonio Pérez Bravio como el MP que defendió a capa y espada la tesis del suicidio de la activista de los derechos humanos Digna Ochoa y Plácido; el dictamen del MP fue criticado por organizaciones de los derechos humanos como el centro Miguel Agustín Pro Juárez.
En su haber también está el hecho de ser el creador de la teoría del cohetón, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos desechó por falta de pruebas consistentes.
José Antonio Pérez Bravo tomó protesta ayer como fiscal especial para el caso San Bernardino Chalchihuapan. El nombramiento surgió de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre las violaciones graves a los derechos humanos en San Bernardino Chalchihuapan.