El gobierno de Puebla sólo cumplió una de las 11 recomendaciones que giró hace una semana la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al gobierno de Puebla por el caso del enfrentamiento en San Bernardino Chalchihuapan.

Ni siquiera se emitió la disculpa pública de las autoridades que exigió el presidente del organismo nacional, Raúl Plascencia Villanueva. Sólo se conformó la fiscalía para las investigaciones.

Tampoco hasta la fecha existe un acercamiento con los nueve lesionados de gravedad para resarcir daños, como lo ordenó la CNDH, ni tampoco se han tomado medidas en contra del secretario de Seguridad Pública Estatal, Facundo Rosas.

Sólo la Secretaría de Seguridad Pública Estatal dio de baja a Wilibaldo Díaz Castillo y Yahir Bibiano Sánchez, parte de los mandos medios responsables por el operativo de desalojo en Chalchihuapan.

Fuentes de la dependencia informaron que se presentó como director de Operaciones Policiales, el comandante Guillermo Palma, quien fungía como coordinador operativo de la Policía Estatal.

Además, el comandante Óscar López, quien fungía como titular de la Primera Región de Policía Estatal, llegó como coordinador de Despliegue Territorial, para suplir a Yahir Bibiano Sánchez, según la información extraoficial.

Versiones periodísticas señalan que el exdirector de Control Policial, Adolfo Canseco Villagrán, ahora es el encargado de despacho de la Subsecretaría de Coordinación y Operación Policial, cargo que era ocupado por Ofelia Flores.

Sin embargo, la titular del área de comunicación social de la SSPE, Cristina Ortiz, indicó que no tenían movimientos confirmados dentro de la dependencia.

Mientras tanto, Facundo Rosas Rosas sigue trabajando en el cargo, así como los demás elementos policiacos que participaron en el operativo del 9 de julio en la mencionada junta auxiliar, según confirmaron fuentes de la dependencia.

Analizado punto por punto,  en algunos casos se ignora totalmente si se está trabajando en la recomendación, ante la opacidad que existe en el gobierno de Rafael Moreno Valle sobre el caso.

En otros casos, fuentes confirmaron que se ha roto por completo el dialogo con los manifestantes que exigen se regrese la administración de los Registros Civiles a las juntas auxiliares, que fue la causa de la protesta en Chalchihuapan.

El gobierno de Puebla tenía 30 días hábiles para cumplir cada uno de los 11 puntos de la recomendación, lo cual vence el día jueves 23 de octubre siguiente.

El jueves 11 de septiembre, la CNDH, mediante una investigación y peritajes, determinó que elementos de la Policía Estatal, fueron los que asesinaron por medio excesivo de la fuerza al niño José Luis Tehuatlie Tamayo durante el enfrentamiento en Chalchihuapan del 9 de julio.

Por lo tanto, el presidente del organismo, Raúl Plascencia Villanueva, recomendó al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, fincar responsabilidades contra el secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas.

De este modo el ombudsman tiró por la borda la versión del gobierno estatal de que fue la onda expansiva de un cohetón aventado por manifestantes lo que lesionó al niño de 13 años de edad.

Plascencia Villanueva aseguró que Facundo Rosas estuvo al mando en todo momento durante el desalojo en el que afirmó que sí hubo uso excesivo con más de 478 granadas de gas lanzadas contra manifestantes.

Fue el 9 de julio cuando un grupo de pobladores de Chalchihuapan cerraron la autopista Atlixcayotl, que comunica a la ciudad de Puebla con Atlixco.

Para desbloquearla, señaló Plascencia Villanueva, se montó un operativo desde muy temprana hora, lo que indica que las autoridades poblanas sabían del movimiento desde un día antes pudieron negociar, sin embargo, prefirieron el uso de la fuerza.
En el operativo de desalojo, de los 426 policías estatales, 32 portaban lanzaderas y diversas armas de dispersión, las que fueron utilizadas sin medida contra la población.

De este modo salieron al menos diez lesionados de los manifestantes y más de 40 de policías, aunque no se pudo documentar el número, debido a que muchos ni siquiera los atendieron las unidades médicas del gobierno estatal.

Entre los lesionados se encontraba el menor José Luis Tehuatlie Tamayo, quien ahora se sabe fue herido por alguno de los 32 elementos policiacos con las armas a quienes e tiene que investigar para deslindar responsabilidades.

Las 11 recomendaciones de la CNDH
1. Instruya a quien corresponda para que se inicien los procedimientos de responsabilidad respectivos en contra del titular de la Secretaria de Seguridad Puìblica del Estado de Puebla, asíì como del personal de dicha institución que participoì en los acontecimientos del 9 de julio de 2014 en el municipio de Ocoyucan, Puebla, con motivo de las violaciones graves a los derechos humanos observadas en esta recomendación, y se envíen a este Organismo Nacional las pruebas con las que acredite su cumplimiento.

Respuesta: Continúa en el cargo Facundo Rosas Rosas, primer responsable del operativo de Chalchihuapan, y demás personas, confirmaron fuentes al interior de la Secretaría de Seguridad Pública. Sólo se registraron cambios en mandos medios que participaron en el operativo.

2. Tome las medidas necesarias para la creación de una fiscalía especial para la investigación de los hechos ocurridos el 9 de julio de 2014 en el municipio de Ocoyucan, Puebla, designada bajo su más estricta responsabilidad, a efecto de que garantice de manera transparente, objetiva e imparcial un adecuado acceso a la justicia para las víctimas, sus familiares y los policías lesionados, debido a la impunidad que prevalece ante los abusos cometidos por los elementos de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de esa entidad federativa, y para que también investigue los delitos cometidos por diversos manifestantes, y se envíen a este Organismo Nacional las pruebas con las que acredite su cumplimiento.

Respuesta: La única recomendación acatada fue la de la fiscalía. Sin embargo, es muy criticado que haya sido el procurador General de Justicia, Víctor Carrancá Bourget, quien fue el impulsor de la teoría de las ondas expansivas que le quitaron la vida al niño José Luis Tehuatlie.
Además, el fiscal José Antonio Pérez Bravo, fue criticado por ser el que sostuvo la versión que la activista Digna Ochoa, asesinada hace 13 años se quitó la vida a pesar de tener tres balazos en su cuerpo.

 3. Instruya a quien corresponda para que se reparen los daños causados a las víctimas y a sus familiares en los términos más amplios y de manera integral, acorde con lo que establecen los estándares internacionales en la materia y la Ley General de Victimas, con motivo de los actos y omisiones en que incurrieron los servidores públicos de la instituciones de seguridad pública y procuración de justicia del estado de Puebla que participaron en los hechos del 9 de julio de 2014 en el municipio de Ocoyucan, Puebla; elabore para ello un registro que permita identificar adecuadamente a cada una de las víctimas, el tipo de reparación que se le otorgaraì, los tiempos y las condiciones para que la misma se encuentre debidamente solventada, y envíe a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

Respuesta: La diputada Roxana Luna informó a este medio que ni siquiera ha habido algún acercamiento de las autoridades con los lesionados, quienes siguen tratándose medicamente por sus propios medios.

4. Dadas las condiciones de esa entidad federativa, en la que permanentemente hay expresiones de la sociedad demandando necesidades colectivas, y siempre que no se vulnere la ley, gire instrucciones a quien corresponda para que se implementen mecanismos efectivos para la atención de esos requerimientos que privilegien el diálogo y el respeto de los derechos humanos, y remita a este organismo nacional las pruebas de cumplimiento respectivas.

Respuesta: Tampoco hay acercamientos con grupos de manifestantes por el problema de los Registros Civiles; además, no se ha informado de protocolos para el dialogo con cualquier otro grupo de inconformes.

Así lo confirmaron tanto fuentes del gobierno estatal, como la diputada Roxana Luna, además del presidente de la junta auxiliar de San Martín Tlamapa y uno de los líderes del movimiento, José Salomé Pacio.

5. En el contexto anterior, instruya a quien corresponda para implementar una estrategia para la atención de demandas sociales en el estado de Puebla que contemple la solución pacífica de conflictos, se abstenga de criminalizar la protesta social y prevea acciones efectivas y eficaces de coordinación institucional para el tratamiento de manifestaciones públicas, privilegiando en todo momento el diálogo y reduciendo los riesgos que pudiera representar el uso de la fuerza.

Respuesta: Hasta el momento no existe alguna estrategia para la atención de demandas sociales, aunque para no criminalizar la protesta, ahora en cada manifestación se envía personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y notarios públicos.

6. Instruya a quien corresponda para que se ofrezca una disculpa institucional a las víctimas y a sus familiares por los agravios generados por los servidores públicos de las dependencias a su cargo, se den a conocer las medidas y garantías para la no repetición de actos como los que dieron origen a esta recomendación, y se informe a esta Comisión Nacional sobre las acciones que se lleven a cabo para tal efecto.

Respuesta: No existe hasta la fecha alguna disculpa pública institucional a las víctimas, ni siquiera a Elia Tamayo, mamá de José Luis Tehuatlie Tamayo.

7. Gire instrucciones a quien corresponda para que se proporcionen a los cuerpos de seguridad equipos de videograbación y audio que permitan registrar su conducta durante los operativos y procedimientos de detención en los que participen, a fin de que se estén en condiciones de evaluar si su conducta se apegó a la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se envíen a esta Comisión Nacional las pruebas que acrediten su cumplimiento.

Respuesta: Policías estatales confirmaron que hasta el momento no les han implementado de equipo de videograbación “por falta de recursos”, pero altos mandos les recomendaron que si van a un operativo, utilicen sus teléfonos celulares para videograbar. Señalaron las fuentes que si ni siquiera les dan uniformes o equipo, mucho menos esperan videocámaras o grabadoras.

8. Instruya a quien corresponda para que se colabore con esta Comisión Nacional en el trámite de la queja que se promueva ante la Órgano Interno de Control de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Puebla en contra de los servidores públicos que intervinieron en los hechos, y se remitan a este Organismo Nacional las evidencias que le sean solicitadas y las constancias que acrediten su cumplimiento.

Respuesta: Las mismas fuentes policiacas señalaron que hasta la fecha no existe una investigación interna y solo esperan el trabajo que haga la fiscalía. Lo que si hay temor es que las bajas o despidos continúen por las pruebas de confianza, para tapar el hoyo que dejó Chalchihuapan. Sólo se tienen registrados de manera extraoficial de mandos medios que participaron en el operativo de desalojo.

9. Instruya a quien corresponda para que se colabore con esta Comisión Nacional en el trámite de la queja que se promueva ante el Órgano Interno de Control de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla en contra de los servidores públicos que intervinieron en los hechos, y se remitan a este Organismo Nacional las evidencias que le sean solicitadas y las constancias con que acrediten su cumplimiento.

Respuesta: Fuentes de la Procuraduría General de Justicia de Puebla señalaron que hasta la fecha no se ha abierto ninguna investigación interna y al igual que en la Secretaría de Seguridad Pública solo esperan el trabajo que haga la fiscalía. No hay versiones oficiales al respecto.

10. Instruya a quien corresponda para que se colabore con esta Comisión Nacional en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que se formule ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla en contra de los servidores públicos involucrados, y se remitan a este Organismo Nacional las evidencias que le sean solicitadas y las constancias que acrediten su cumplimiento.

Respuesta: Fuentes de la PGJ señalaron que apenas se está abriendo el expediente por parte del fiscal especial del caso, por lo que las indagatorias apenas empezaran la siguiente semana.

11. Instruya a quien corresponda para que se diseñe e imparta un programa integral de capacitación y formación en derechos humanos dirigido a los servidores públicos de las instituciones encargados de las áreas de seguridad pública y procuración de justicia, respectivamente, en el Estado de Puebla, que ponga un especial énfasis en el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, así como en los protocolos existentes en la materia, y envíe a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento

Respuesta: Fuentes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), señalaron que este tipo de capacitación ya se ha implementado  para los servidores públicos en distintos talleres.

En tanto, fuentes de la SSP confirmaron que aún no se diseña algún programa integral de capacitación, que no sea los que ya se tienen desde hace mucho tiempo al interior de la dependencia, siempre impartidos por la CEDH.