Tras conocerse que el gobernador Rafael Moreno Valle ordenó el desalojo de los manifestantes de Chalchihuapan, que desembocó en la muerte de un menor de edad, las investigaciones del caso deben reencauzarse y la Comisión Nacional de Derechos Humanos puede complementar sus conclusiones y deslindar responsabilidades contra el mandatario poblano, aseguró el regidor Iván Galindo Castillejos.
Las conclusiones presentadas por la CNDH, el pasado 12 de septiembre, pueden ser modificadas y reencauzadas, por eso dijo que de entrada esa instancia ciudadana tiene que realizar un replanteamiento y reconsiderar la responsabilidad directa del mandatario poblano, Rafael Moreno Valle, con las consecuencias legales que ello amerite.
La lógica indica que el secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas; el procurador del estado, Víctor Carrancá, y el titular de la Secretaría General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, no se mandan solos, porque son funcionarios y obedecen las instrucciones de su jefe, el gobernador, por lo tanto él tiene la responsabilidad legal, recordó.
Galindo Castillejos dijo que puede ser que no tenga responsabilidad directa en el modo en que se realizó el violento desalojo que le costó la vida al menor José Luis Tlehuatlie, pero ya es seguro que dio la orden.
Y aunado a la investigación presentada por Intolerancia Diario, dijo que también deben retomarse puntualmente los resultados del dictamen de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que arroja responsabilidad directa sobre el gobernador, por lo que el Senado podría abrir una línea de investigación para una probable responsabilidad directa de Rafael Moreno Valle y encausar un juicio político.
Y posterior a los resultados de ese juicio político, dijo el regidor, lo que procede es deslindar responsabilidades penales sobre el gobernador Moreno Valle, porque está la muerte de un menor de edad y eso no puede tolerarse en la vida pública del estado de Puebla y del país en general.
Se mantiene la indignación social
Del 9 de julio a la fecha, aseguró el regidor priista, se mantiene creciente la indignación y la irritación social, pero además queda demostrado que ya nadie cree en la versión oficial, porque el gobierno quedó evidenciado como mentiroso, porque fabricó durante muchas semanas una historia que se desmoronó con el dictamen de la CNDH.