El diputado local del Partido Revolucionario Institucional Pablo Fernández del Campo Espinosa advirtió que, más allá de la situación jurídica, el gobernador del Rafael Moreno Valle Rosas enfrenta una situación ética donde no sólo bastan las condolencias a la familia del menor asesinado, sino que debe ofrecerse una disculpa pública a los poblanos.
En entrevista, el legislador indicó que la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 11 de septiembre, fue clara en el sentido de acatar la ley e imponer sanciones a quienes tuvieran y una responsabilidad.
“Los poblanos estamos a la espera de que esa recomendación se lleve a cabo a plenitud, se nos anunció la conformación de una fiscalía pero definitivamente nosotros no queremos que sea de papel o membrete, queremos que realmente lleve hasta sus últimas consecuencias”.
Quien fuera presidente estatal del PRI señaló: “Más allá de lo que señala la ley, hay reglas de política, de ética moral, donde el decoro mínimo no solo son las condolencias, sino también una disculpa.
”Centrándonos en lo que es concretamente el tema de derechos humanos, le pedimos al gobierno que dé una explicación amplia del avance que llevan para que se emita una opinión.
”Los poblanos exigimos, así como lo hacen las manifestaciones de ciudadanos que se han realizado en los últimos meses, una aclaración. Insisto, más allá de lo jurídico hay sensibilidad y hay un fallecimiento, esperamos es que la resolución se acate y se dé una explicación, que no quede a la deriva y un deslinde de responsabilidad, explicar”.
Recordó que el pasado domingo el líder nacional del PRI, César Camacho, fijo la posición del partido, e indicó: “Lo vamos a seguir apoyando, que se dé ayuda a los deudos; no es posible que haya manifestaciones sin una respuesta por parte del gobierno estatal.
”La posición del partido es que se dé el seguimiento, es grave que sólo haya cumplido una sola, es lamentable que no se dé un parte de lo que se está haciendo”.
El Verde despierta
El Partido Verde Ecologista de México en Puebla despertó de su marasmo. A través del diputado local Juan Carlos Natale, demandó una investigación transparente sobre el caso Chalchihuapan.
“La determinación de responsabilidades deberá realizarse bajo los criterios de transparencia e imparcialidad, privilegiando la verdadera impartición de justicia, sin importar la cantidad y mucho menos jerarquía de los funcionarios que se encuentren involucrados y que pudieran llegar a ser responsables”, comentó el legislador local.
No obstante, Natale López cuestionó el desdén del gobierno para atender las observaciones hechas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; además, pone en tela de juicio la imparcialidad de la fiscalía especial.
“No garantiza que se actúe con imparcialidad debido a que no se puede ser juez y parte al mismo tiempo en procedimientos de esta índole, ya que, como es bien sabido, el titular de la fiscalía creada mantiene una estrecha relación con una de las dependencias que tiene que ser investigada”, comentó.
Mantendrán la ley Bala
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del estado, Sergio Céspedes Peregrina, dijo que por lo pronto no hubo reuniones para analizar su abrogación, como lo propuso hace unas semanas el gobernador Rafael Moreno Valle tras los hechos violentos registrados en la junta auxiliar de Chalchihuapan.
Aseguró que esta ley cumple con normas internacionales y no violenta la Constitución, tal y como también lo ha afirmado la Comisión Nacional de Derechos Humanos.