Luego de que el gobernador Rafael Moreno Valle señaló que no va a pedir disculpas a los habitantes de Chalchihuapan, Ana Laura Martínez Escobar, integrante de la dirección del Movimiento de Regeneración Nacional, advirtió que aún se siente “súper poderoso” y continúa con su política autoritaria, despojando a los poblanos de lugares como el Parque Ecológico y la exhacienda de Chiautla.
En entrevista, la representante dijo que mientras Rafael Moreno Valle dice que no va a pedir disculpas, el Congreso de la Unión ya aceptó el iniciar el juicio político en contra de Raúl Plascencia Villanueva; además, el Senado dio entrada a la solicitud para la desaparición de poderes en Puebla.
“La recomendación en la que se basa el propio Rafael Moreno Valle para no disculparse resulta a modo; ahora señala que las recomendaciones no fueron para él, además Facundo Rosas y Víctor Carranca señalan que no fueron señalados”.
Señaló que ellos que tienen una mentalidad empresarial no admitirían que sus trabajadores actúen sin su autorización y en el caso de Chalchihuapan se sabe que la orden vino de arriba y se comienza a saber entre la mayoría de los poblanos.
“Lo que sí quiero señalar es que el caso Chalchihuapan fue la gota que derramó el vaso, pero el gobierno de Rafael Moreno Valle se ha caracterizado por ser autoritario y represivo, con 40 detenciones y ya no pudo haber más porque le falló la última vez, sigue detenida Enedina Rosas, está muy grave, Carlos Flores”.
Martínez Escobar dijo: “Sigue montado en la misma, siente que es súper poderoso, despoja a los poblanos de la hacienda de Chiautla, del Parque Ecológico”.
Expresó: “Es un hombre enfermo, de poder, mientras quienes están con él padecen la enfermedad de arrastramiento”.
Anteriormente, Morena advirtió que los poblanos viven en un estado de cero tolerancia a la crítica, donde ya no solo se persigue a los luchadores sociales, sino que ahora van por académicos y se atenta contra la cátedra persiguiendo a estudiantes.
En los últimos meses indicaron que se desató una persecución en contra de quienes piensan distinto al gobernador, quienes se oponen con bases a los llamados “proyectos de muerte”, y exigieron al secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, que dé una explicación sobre cómo sabe si existen o no órdenes de aprehensión.
Carlos Figueroa Ibarra, secretario de Derechos Humanos del Comité Estatal de Morena, recordó que el pasado 11 de abril el académico universitario Ricardo Pérez Avilés, quien realizó un estudio sobre el impacto de riesgo del gasoducto, advirtiendo que de construirse en esa zona representa un peligro por la actividad del volcán, ya que los tubos estarían a menos de tres metros de profundidad, fue intimidado en su domicilio por personas vestidas como campesinos y portando armas de fuego; llegaron a la casa del sociólogo, quien se encontraba en un evento académico en la Universidad Autónoma de Puebla, y por ello no fue agredido, pero dejaron las amenazas de que olvidara el asunto.
El representante de Morena indicó que independientemente de las detenciones que se dieron en contra de dirigentes sociales, ahora van contra académicos, ya que se quiere eliminar cualquier obstáculo que ponga en riesgo la ejecución del proyecto; además, señaló el caso del estudiante Alberto Melchor.
Sostuvo que se busca, mediante el terror, desarticular cualquier resistencia al proyecto, y los actos represivos que se han sido cometidos con personas que circulan en vehículos sin placas, no portan identificaciones ni órdenes de aprehensión.
Dijo que se tiene conocimiento de que hay siete órdenes de aprensión más en contra de personas que se oponen a los proyectos.
Manifestó que todo se basa en la intimidación, el manejar rumores de que hay 150 órdenes de aprehensión, o directamente intimidar a un estudiante de una radio comunitaria que está haciendo su tesis.
Indicó que gente que se opuso al teleférico, al distribuidor vial de Cholula, así como al Museo Barroco tiene miedo por los actos intimidatorios por parte del gobierno de Rafael Moreno Valle, que no acepta que la gente piense diferente.
Insistió en que son acciones que forman parte de la escalada represiva que el gobierno de Moreno Valle ha impulsado en diversos lugares del estado para desarticular la oposición creciente a los “proyectos de muerte” que se están realizando en todo el estado de Puebla. La escalada represiva es solamente una cara de las medidas represivas y autoritarias que en otros ámbitos se están imponiendo. Por ejemplo, las tres reformas a la Ley del Agua y la Ley Expropiatoria, aprobadas al vapor, y con la obsecuencia de todos los diputados en el congreso local.