Al negar información sobre los despedidos durante la presente administración, el gobierno del estado de Puebla y la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) violan el artículo sexto de la Constitución mexicana y el derecho de las personas por conocer información pública, aseguró la presidenta del capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Lilia Vélez Iglesias.
Tras la información revelada este día por Intolerancia Diario sobre la resolución de un tribunal federal, Vélez Iglesias subrayó que la justicia federal confirmó que la actuación de la CAIP, el órgano garante, y el gobierno del estado, que es el sujeto obligado por la ley, violentan el mandato constitucional, pero particularmente se confirma que la CAIP es un organismo garante de la opacidad del gobierno morenovallista.
“Lo que más destaca del fallo del Tribunal del Poder Judicial Federal, es la actuación de la CAIP, porque paradójicamente es el órgano que debería garantizar a los ciudadanos el poder acceder a las información y lo que ha hecho es justo convertirse en una suerte de órgano garante de la opacidad del gobierno actual”.
El fallo es muy importante, afirmó Vélez Iglesias, y resaltó el papel del periódico Intolerancia Diario, quien no se conformó con la negativa de la CAIP e interpuso los recursos necesarios.
Agregó que los recursos de revisión deben ser expeditos: “Tiene que ser un proceso rápido, que sea pronto, porque la información muchas veces tiene una caducidad”.
Explicó que a lo mejor lo que hoy es relevante en términos de información, si pasa tanto tiempo, puede que ya no sirva para quien la está solicitando o ya no tenga la pertinencia necesaria cuando entreguen la información.
“Así vemos un órgano garante que en lugar de garantizar la transparencia garantiza la opacidad, y que no sólo una vez que tiene un fallo en contra de la justicia federal y que tiene que presentar la información pública, sigue litigando contra el solicitante, esto es inaudito. Es inaudito que el órgano garante, lejos de ayudar al solicitante, litigue contra él”, explicó la presidenta de la Amedi.
México, pionero en acceso a la información
Asimismo, recordó que cuando se diseñó el marco jurídico y de acceso a la información en México se generó un proceso muy interesante, por primera vez se utilizó el Internet para poder hacer solicitudes y recursos, lo que ocurrió en la reforma de 2007; y por otro lado, se estableció un procedimiento que resulta muy sencillo para el solicitante.
“Es un procedimiento para que el recurso de revisión se realice por Internet, y en el caso de que jurídicamente tenga algunos defectos, el órgano garante tiene la posibilidad de corregirlo sin necesidad que el solicitante tenga un abogado”.
Todo eso, aclaró, se está violentando con los proceso que sigue la CAIP, porque aquí obliga al solicitante a que tenga un abogado, a que siga un proceso muy largo, a que muchas veces tenga que pagarle al abogado porque ahí sí ya los juicios de amparo son procesos más complejos y requieren de la asesoría de un especialista.
“Entonces aquí vemos cómo se están violentando buena parte de los contenidos en el artículo sexto de la Constitución, que están pensados para que sea un proceso fácil y sencillo de acceso a la información”.
Lo anterior confirma que la CAIP es un organismo garante de la opacidad del gobierno morenovallista.
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Para Lilia Vélez Iglesias, el fallo de la autoridad federal abona en contra del gobierno poblano: “Me parece clarísimo que hay todo un tema de opacidad, porque finalmente es por un lado la actuación de la CAIP, que es sumamente criticable; y por otro lado, también la actuación del gobierno estatal”.
Detalló que cuando existe un fallo para no entregar información sigue litigando por un lado el gobierno poblano y por otro lado la CAIP en contra del solicitante, usando los mismos argumentos jurídicos, a pesar que la justicia les está diciendo que la información es pública y tienen que entregarla.
Olvida RMV promesas de campaña
En el gobierno del estado de Puebla, afirmó la presidenta de la Amedi, hay una gran resistencia a hacer pública la información y esto es muy paradójico, porque si uno revisa la campaña y revisa la plataforma electoral de Compromiso por Puebla —que es pública y se puede comprobar en el Instituto Electoral—, uno de los principales ofertas de campaña fue la transparencia.
La falta de transparencia, reiteró, fue uno de los principales temas con los que se criticó al gobierno anterior, durante la campaña, pero cuando se llega a ser gobierno, cambia por completo el asunto y hay una tendencia muy grave a la opacidad, precisó.
Ante eso, recordó todo el asunto de los proyectos y obras públicas, que están reservados, “son reservas claramente violatorias de la Constitución”, porque además, son reservas generales, cuando se debe reservar argumentando en cada caso para no generar un daño al interés público.
“Se hace reserva de toda la obra pública de aquí al 2017 y eso nos muestra un gobierno que es muy opaco y tiene una enorme resistencia a que los ciudadanos sepamos qué se está haciendo, cómo se está haciendo y cómo se gasta nuestro dinero”.
Pero además, puntualizó, es que si algo se está haciendo en este gobierno son proyectos con montos extraordinariamente altos, entonces eso es algo que tendría que ser sumamente transparente, porque cuando no hay transparencia se generan suspicacias: “En el momento en que te dicen no te enseño la información, empiezas a pensar que algo ahí es sumamente incorrecto”.
