Sin disculpas públicas ni apoyo a víctimas, mucho menos la renuncia o baja del secretario de Seguridad Pública estatal cumple el gobierno de Puebla por el caso del enfrentamiento en San Bernardino Chalchihuapan.
Este lunes se cumplen 25 días naturales o 16 hábiles desde que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió su recomendación al gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas por la violación grave de derechos humanos.
Hasta sólo una de las 11 recomendaciones que giró el organismo nacional al gobierno de Puebla se ha cumplido; están en trámite.
Sólo se sabe que la fiscalía especial para investigar el caso se ha presentado en la comunidad a entrevistar a testigos de los hechos.
Ni siquiera se ha emitido la disculpa pública de las autoridades que exigió el presidente del organismo nacional, Raúl Plascencia Villanueva, y sólo se ha conformado la fiscalía para las investigaciones.
Tampoco hasta la fecha existe un acercamiento con los nueve lesionados de gravedad para resarcir daños, como lo ordenó la CNDH, ni tampoco se han tomado medidas en contra del secretario de Seguridad Pública estatal, Facundo Rosas.
Por el contrario, el funcionario público sigue trabajando en el cargo, así como los demás elementos policiacos que participaron en el operativo del 9 de julio en la mencionada junta auxiliar, según confirmaron fuentes de la dependencia.
Con respecto al tema de las compensaciones a los pobladores de Chalchihuapan, Hilario Alonso Flores, representante del Frente Nacional de los de Abajo (FNA), dijo que el fiscal especial José Antonio Pérez Bravo ya comenzó a tomar las declaraciones.
Apuntó que muchos de los pobladores que dieron su testimonio a la CNDH para la conformación del resolutivo emitido el 11 de septiembre harán lo propio ante el Ministerio Público.
Sin embargo, los habitantes que resultaron lesionados durante el operativo policial para desalojar la autopista Puebla-Atlixco también interpondrán una denuncia penal, aunque no adelantó por qué delitos.
Alonso Flores además refirió que ninguno de los perjudicados ha solicitado alguna clase de compensación, pues lo que les interesa es que los hechos se investiguen a fondo debido a que la resolución de la CNDH se "quedó corta" y que la reparación del daño la hagan las autoridades estatales.
Analizado punto por punto, en algunos casos se ignora totalmente si se está trabajando en la recomendación, ante la opacidad que existe en el gobierno de Rafael Moreno Valle sobre el caso.
En trámite
La semana pasada, Juan Pablo Piña Kurczyn, jefe de la oficina del Ejecutivo de Puebla, refirió que las recomendaciones no señalan destituir al titular de la SSP, Facundo Rosas Rosas. Aseguró que la CNDH no dio esa recomendación a detalle.
Al mismo tiempo, afirmó que el gobierno "está cumpliendo a tiempo las 11 recomendaciones".
Indicó que entre las medidas que ya comenzaron cumplir está la de la fiscalía —a cargo de Antonio Pérez Bravo—, además "se ordenó adquirir el equipo de videograbación y audio".
Reveló que se ordenó que dar cursos de capacitación en derechos humanos y dijo que está en vías de reformarse el reglamento interior de diferentes dependencias para crear unidades encargadas de atender demandas ciudadanas y "privilegiar el diálogo".
Además, dijo que también se ordenó la creación de un fideicomiso, donde se van a disponer recursos para hacer frente a la obligación de reparar el daño a las víctimas de la represión; al respecto, apuntó que el apoyo se pegará de acuerdo con estándares internacionales en estos casos.
En cuanto a la disculpa pública, aseveró están en el trayecto legal para ofrecerla, pues tendrán que estar presentes las víctimas y sus familiares.
Pero al ser cuestionado sobre quién la ofrecería, expresó que el gobierno del estado, sin precisar a la persona o funcionario público que lo haga. "La comisión no hace ese tipo de señalamientos específicos".
Reconoció que desconoce si ha habido un acercamiento con familiares del menor José Luis Tehuatlie Tamayo, quien falleció en el enfrentamiento, pues "quien sabe si ha habido acercamiento es el fiscal".
La CNDH dio 30 días hábiles al gobierno del estado para cumplir con las recomendaciones.
Las recomendaciones
El jueves 11 de septiembre, la CNDH, mediante una investigación y peritajes, determinó que elementos de la Policía Estatal fueron los que asesinaron por medio excesivo de la fuerza al niño José Luis Tehuetlie Tamayo durante el enfrentamiento en Chalchihuapan del 9 de julio.
Por lo tanto, el presidente del organismo, Raúl Plascencia Villanueva, recomendó al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, fincar responsabilidades contra el secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas.
De este modo, el ombudsman (defensor del pueblo) tiró por la borda la versión del gobierno estatal de que fue la onda expansiva de un cohetón aventado por manifestantes lo que lesionó al niño de 13 años de edad.
Plascencia Villanueva aseguró que Facundo Rosas estuvo al mando en todo momento durante el desalojo, en el que afirmó que sí hubo uso excesivo con más de 478 granadas de gas lanzadas contra manifestantes.
Fue el 9 de julio cuando un grupo de pobladores de Chalchihuapan cerraron la autopista Atlixcayotl, que comunica a la ciudad de Puebla con Atlixco.
Para desbloquearla, señaló Plascencia Villanueva, se montó un operativo desde muy temprana hora, lo que indica que las autoridades poblanas sabían del movimiento y desde un día antes pudieron negociar, sin embargo, prefirieron el uso de la fuerza.
En el operativo de desalojo, de los 426 policías estatales, 32 portaban lanzaderas y diversas armas de dispersión que fueron utilizadas sin medida contra la población.
De este modo, salieron lesionados al menos 10 manifestantes y más de 40 de policías, aunque no se pudo documentar el número debido a que a muchos ni siquiera los atendieron las unidades médicas del gobierno estatal.
Entre los lesionados se encontraba el menor José Luis Tehuatlie Tamayo, quien ahora se sabe fue herido por alguno de los 32 elementos policiacos con las armas, a quienes se tiene que investigar para deslindar responsabilidades.
Las 11 recomendaciones de la CNDH
1.- Instruya a quien corresponda para que se inicien los procedimientos de responsabilidad respectivos en contra del titular de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Puebla, así como del personal de dicha institución que participó en los acontecimientos del 9 de julio de 2014 en el municipio de Ocoyucan, Puebla, con motivo de las violaciones graves a los derechos humanos observadas en esta recomendación, y se envíen a este Organismo Nacional las pruebas con las que acredite su cumplimiento.
Respuesta: En trámite.
2.- Tome las medidas necesarias para la creación de una fiscalía especial para la investigación de los hechos ocurridos el 9 de julio de 2014 en el municipio de Ocoyucan, Puebla, designada bajo su más estricta responsabilidad, a efecto de que garantice de manera transparente, objetiva e imparcial un adecuado acceso a la justicia para las víctimas, sus familiares y los policías lesionados, debido a la impunidad que prevalece ante los abusos cometidos por los elementos de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de esa entidad federativa, y para que también investigue los delitos cometidos por diversos manifestantes, y se envíen a este Organismo Nacional las pruebas con las que acredite su cumplimiento.
Respuesta: Atendió la recomendación.
3- Instruya a quien corresponda para que se reparen los daños causados a las víctimas y a sus familiares en los términos más amplios y de manera integral, acorde con lo que establecen los estándares internacionales en la materia y la Ley General de Victimas, con motivo de los actos y omisiones en que incurrieron los servidores públicos de la instituciones de seguridad pública y procuración de justicia del Estado de Puebla que participaron en los hechos del 9 de julio de 2014 en el municipio de Ocoyucan, Puebla; elabore para ello un registro que permita identificar adecuadamente a cada una de las víctimas, el tipo de reparación que se le otorgaría, los tiempos y las condiciones para que la misma se encuentre debidamente solventada, y envíe a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.
Respuesta: En trámite.
4.- Dadas las condiciones de esa entidad federativa, en la que permanentemente hay expresiones de la sociedad demandando necesidades colectivas, y siempre que no se vulnere la Ley, gire instrucciones a quien corresponda para que se implementen mecanismos efectivos para la atención de esos requerimientos que privilegien el diálogo y el respeto de los derechos humanos, y remita a este Organismo Nacional las pruebas de cumplimiento respectivas.
Respuesta: En trámite.
5. En el contexto anterior, instruya a quien corresponda para implementar una estrategia para la atención de demandas sociales en el estado de Puebla que contemple la solución pacífica de conflictos, se abstenga de criminalizar la protesta social y prevea acciones efectivas y eficaces de coordinación institucional para el tratamiento de manifestaciones públicas, privilegiando en todo momento el diálogo y reduciendo los riesgos que pudiera representar el uso de la fuerza.
Respuesta: En trámite.
6. Instruya a quien corresponda para que se ofrezca una disculpa institucional a las víctimas y a sus familiares por los agravios generados por los servidores públicos de las dependencias a su cargo, se den a conocer las medidas y garantías para la no repetición de actos como los que dieron origen a esta recomendación, y se informe a esta Comisión Nacional sobre las acciones que se lleven a cabo para tal efecto.
Respuesta: En trámite.
7. Gire instrucciones a quien corresponda para que se proporcionen a los cuerpos de seguridad equipos de videograbación y audio que permitan registrar su conducta durante los operativos y procedimientos de detención en los que participen, a fin de que se estén en condiciones de evaluar si su conducta se apegó a la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se envíen a esta Comisión Nacional las pruebas que acrediten su cumplimiento.
Respuesta: En trámite.
8. Instruya a quien corresponda para que se colabore con esta Comisión Nacional en el trámite de la queja que se promueva ante la Órgano Interno de Control de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Puebla en contra de los servidores públicos que intervinieron en los hechos, y se remitan a este Organismo Nacional las evidencias que le sean solicitadas y las constancias que acrediten su cumplimiento.
Respuesta: En trámite.
9. Instruya a quien corresponda para que se colabore con esta Comisión Nacional en el trámite de la queja que se promueva ante el Órgano Interno de Control de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla en contra de los servidores públicos que intervinieron en los hechos, y se remitan a este Organismo Nacional las evidencias que le sean solicitadas y las constancias con que acrediten su cumplimiento.
Respuesta: En trámite.
10. Instruya a quien corresponda para que se colabore con esta Comisión Nacional en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que se formule ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla en contra de los servidores públicos involucrados, y se remitan a este Organismo Nacional las evidencias que le sean solicitadas y las constancias que acrediten su cumplimiento.
Respuesta: En trámite.
11.- Instruya a quien corresponda para que se diseñe e imparta un programa integral de capacitación y formación en derechos humanos dirigido a los servidores públicos de las instituciones encargados de las áreas de seguridad pública y procuración de justicia, respectivamente, en el Estado de Puebla, que ponga un especial énfasis en el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, así como en los protocolos existentes en la materia, y envíe a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.
Respuesta: En trámite.
