Un número indeterminado de órdenes de aprehensión penden contra pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, lo que ha convertido a la comunidad en un pueblo que no duerme.
Ahora, ante la posibilidad de que vuelvan a entrar policías a detener a sus vecinos, pobladores han colocado decenas de alarmas de movimiento y montan guardias nocturnas en las entradas principales, armados con machetes, palos y piedras.
Hay quienes están dispuestos a entregar la vida, dijeron los mismos pobladores, que este domingo dieron una rueda de prensa en el zócalo de la ciudad de Puebla, donde exigen el cese a la represión del gobierno de Rafael Moreno Valle.
Señalaron se temen más órdenes de aprehensión contra pobladores de esta junta auxiliar del municipio de Santa Clara Ocoyucan, entre ellas la de la Araceli Bautista Gutiérrez, madre del presidente auxiliar Javier Montes Bautista.
Mientras tanto, los policías estatales que fueron aprehendidos por el caso Chalchihuapan no han sido acusados por la muerte de José Luis Alberto Tehuatle Tamayo y ni siquiera se sabe o han hecho públicos sus nombres.
Apenas el pasado viernes 24 de octubre las alarmas sonaron cerca de la media noche, cuando se acercaron a la comunidad varias camionetas de la Policía Estatal, lo que alertó a la población.
Cuando estaban ya dispuestos a enfrentar a los uniformados, estos detuvieron su marcha y regresaron a Puebla.
En medio de todo este temor, se espera que este lunes salgan en libertad bajo caución dos de los cinco detenidos acusados por ataques a las vías de comunicación y motín: Raúl Contreras López y Álvaro García Xelhua, con fianzas de 43 mil y 49 mil pesos respectivamente.
Irregularidades en el proceso
El Juzgado Yercero entregó a la defensa de los cinco detenidos de la semana pasada apenas una mínima parte de la averiguación previa que ha conformado la Procuraduría de Puebla en el caso Chalchihuapan.
Sólo 96 hojas de más de 35 mil que conforman el expediente ya están en poder de los defensores, quienes han encontrado diversas anomalías en la conformación de la investigación de la PGJ.
Por ejemplo, en el expediente se tienen identificadas a cuatro personas más que supuestamente participaron en la manifestación del 9 de julio, entre ellas Araceli Bautista, madre del presidente auxiliar de la comunidad, Javier Montes Bautista.
Pero su identificación fue por medio de una entrevista que dio a Televisión Azteca el día de los hechos, con lo que se le pretende culpar de diversos delitos.
“Reportes: Sra. Araceli Bautista Gutiérrez, acompañada de Juárez Tecalero, junto con Filemón Montes Ocotl y Trinidad Xelhua Juárez, estuvieron realizando labor casa por casa para recabar firmas con el fin de no permitir que se llevaron el Registro Civil de la junta auxiliar, por instrucciones del presidente Javier Montes Bautista
”En fecha 9 de julio, la C. Araceli Bautista Gutiérrez manifestó a reportera de TV Azteca, lo siguiente: “Es la segunda vez que se bloquea la pista, que nuestro gobernador voltee a ver a los pueblos y a la gente que votó por él, a la gente que lo necesita como gobierno (…)”, señala el reporte policiaco basado en la entrevista hecha minutos antes del zafarrancho.
Persecución
En la rueda de prensa, Araceli Bautista señaló, al mostrar la parte del expediente donde es señalada, que podría ser detenida, por lo que exigió fin al acoso.
“Aquí están mis fotografías, aquí está mi nombre. ¿Cómo para qué me quiere a mí? ¿Tendrá tanto coraje porque no agarró a mi hijo, al presidente auxiliar, y ahora viene conmigo con todo?
”Yo soy una madre también como Elia (Tamayo). ¿Qué pretende? ¿También quitarme a mi hijo y matarlo como lo hicieron como con José Luis? ¿Qué le pasa al gobernador, de qué manera quiere poner paz, esa es la manera de actuar de un gobierno?
”Le digo al gobernador (Moreno Valle), ¿va a ir por mí al pueblo de la misma manera cómo fue por las otras personas? Aparte en esta averiguación también dice que hay más órdenes de aprehensión. ¿A cuántos más quiere meter?
”Al señor Facundo Rosas (secretario de Seguridad) ya lo sancionó. ¿Qué, nada más es un jalón de orejas y se acabó? Y a todos nosotros lastimándonos sin piedad, nuestro pecado fue pedir un derecho que es de los pueblos”, indicó.
Al respecto, la diputada federal Roxana Luna Porquillo lamentó que la PGJ se haya atrevido a integrar una averiguación sin que haya dictámenes que den certeza de que las personas encarceladas. “En el amparo estamos seguros que se va a ganar”, sentenció.
Finalmente, comentó que el hecho de que viernes hayan metido peritos es que quizás quieran subsanar otra aberración jurídica y que pone entre dicho la impartición de justicia en el estado.
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Fue el 9 de julio cuando pobladores de Chalchihuapan se enfrentaron a policías estatales durante el operativo de desalojo de la autopista Puebla-Atlixco, que se mantenía cerrada en protesta por haberles quitado el Registro Civil.
De este enfrentamiento resultaron lesionadas decenas de personas, entre ellas el niño de 13 años de edad José Luis Alberto Tehuatle Tamayo, quien murió 10 días después por un fuerte golpe en la cabeza producto de un proyectil accionado por la Policía Estatal.
Tras una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se comprobaron las graves violaciones a los derechos humanos, por lo que emitió el 11 de septiembre una recomendación contra el gobierno de Puebla con 11 puntos.
En la madrugada del 18 de octubre, policías ministeriales fuertemente armados irrumpieron en siete viviendas de Chalchihuapan, donde detuvieron a cinco personas por medio de golpes y amenazas.
En el operativo, lo mismo fueron encañonadas mujeres de la tercera edad como niños pequeños, algunos fueron golpeados cuando pretendían abrazar a sus padres en los momentos en que se los llevaban detenidos.
Florentino Tamayo Ponce, Raúl Contreras Montes, Vicente Juárez García, Álvaro García Xelhua y Fausto Montes han pasado todo un “calvario”, se encuentran recluidos y han sido acusados bajo dos expedientes por diversos delitos: motín y ataques a las vías de comunicación, entre otros.
Todos fueron golpeados, humillados y por más de 12 horas desaparecidos, además de comparecer, pues sin sus abogados defensores rindieron su declaración preparatoria.
Ellos formaron parte de los detenidos que el gobierno estatal presentó como uno de los puntos de la recomendación supuestamente cumplidas, junto con seis policías de la Policía Estatal.
Sin embargo, ninguno de los elementos policíacos está acusado de la muerte de José Luis Alberto, cuyo crimen sigue impune, reveló finalmente Vladimir Luna Porquillo, parte del cuerpo de defensa de los detenidos.
