La diputada Roxana Luna Porquillo sostuvo una reunión con el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, para abordar el tema de Chalchihuapan, luego de que “la fe está siendo la última salida de los pobladores que han vivido en el terror en los últimos meses”, reconoció la legisladora federal.
El día domingo, el arzobispo Víctor Sánchez comentó que sostuvo reuniones con vecinos de Chalchihuapan; no obstante, Luna Porquillo precisó que sólo tuvo una reunión para intercambiar puntos de vista, e indicó que ella quería saber si estaba equivocada sobre su percepción en torno a lo que ocurre en la junta auxiliar de Santa Clara Ocoyucan.
La legisladora del Partido de la Revolución Democrática manifestó que cuando se ahondan las crisis y se vive el miedo la salida que le queda a la población es recurrir a su fe, el ir a la iglesia y orar.
Expresó que se tiene conocimiento de que el ministro se ha reunido ya con los habitantes y hay en puerta nuevas reuniones que solicitó la gente ante la desesperación en que viven.
Roxana Luna Porquillo señaló que la comunidad de Chalchihuapan se han refugiado en la fe ante la situación de terror que se vive, donde la gente ya no duerme por miedo a que en la noche lleguen los policías a detenerlos.
La legisladora indicó que la junta auxiliar se encuentra en shock y muchos han optado por irse a dormir al cerro, y tienen razón, ya que el gobierno detiene a líderes sociales en todo el estado.
Comentó que en las noches se pueden ver fogatas en los cerros, de personas que temen que ellos sean los siguientes en ser víctimas de la política del gobierno estatal.
Luna Porquillo lamentó que se estén dejando secuelas a los menores que sólo ven el odio de la autoridad hacia ellos, que no hay diálogo por parte de las autoridades.
Indicó que se le ha informado que los niños, cuando escuchan un helicóptero, lloran, temiendo que sus padres sean los próximos detenidos.
El acercamiento
Durante su conferencia de prensa de los domingos, el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa dijo que la Iglesia de Puebla podría ser mediadora entre el gobierno estatal y los habitantes de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan.
Reconoció que el conflicto sigue latente debido a la inconformidad de algunos ciudadanos, que perciben que no se han reparado los daños ocasionados el 9 de julio, en un operativo policial que cobró la vida de un menor.
El representante de los católicos en Puebla se dijo dispuesto a mediar entre las partes, e incluso señaló que tiene pactada una reunión con los habitantes de Chalchihuapan, para que, en su misión de pastor, trate de evitar más brotes de violencia en ese lugar, pues además de un conflicto político, se tiene un problema por templos religiosos.
Manifestó que a la autoridad estatal todavía le falta para cumplir las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pues la reparación de daño a las víctimas no es suficiente con una despensa, como acusó uno de los afectados del operativo.
Refirió que el diálogo es la mejor alternativa en la comunidad, lo mismo que la atención a la salud de las víctimas (que son ocho), así como evitar más detenciones, pues recientemente se encarceló a seis personas con el argumento de que fue en cumplimiento de una recomendación de la CNDH.
Comentó que en los próximos días se reunirá con un grupo de personas afectadas de la junta auxiliar.
Aclaró que ya ha tenido acercamiento con ellos y lo que le piden es que haya tranquilidad, e indicó que la gente del lugar es buena y se espera que con el diálogo se solucionen los problemas
El terror
Después de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha incrementado la presión contra las víctimas de la represión.
El pasado 22 de octubre, Hugo Jiménez, quien perdió un ojo el 9 de julio, advirtió que ha recibido amenazas de muerte por no aceptar lo que le ofrece el gobierno, quien lo ha humillado. “Llegó gente de gobierno y me dijo ‘ya no te enojes y toma dos despensas’”.
Dijo que ante la humillación fue “te saco un ojo y te doy una despensa, y dime si estás bien”; expresó que los funcionarios le señalaron que ellos no le hicieron nada, pero indicó que él tampoco hizo nada.
Denunció que en esta semana llegaron más funcionarios a su casa a sacar fotografías, entre dos y tres de la mañana, sin saber qué investigaban, y han llegado amenazas de muerte.
“Dicen que nos estamos enfrentando al gobierno, y nos quieren desaparecer, eso es lo que pasa del 9 de julio hasta ahora, estamos viviendo una pesadilla, qué más quiere, nos quiere desaparecer, o qué piensa, estoy mal y siguen las amenazas”.
En tanto, Araceli Bautista, vecina de Chalchihuapan, preguntó al gobernador “¿hasta cuándo, señor gobernador?”, y lamentó que por una decisión del Ejecutivo, de desaparecer las juntas auxiliares, la gente sólo defendió su derecho y fue reprimida.
Dijo que se les quita a la policía y deja la inseguridad, pero además a una autoridad como el juez de paz que mediaba y era respetado por la comunidad, ya que ponía paz.
