Las 14 dependencias emplazadas por la Comisión de Acceso a la Información (CAIP) para revelar información de su personal despedido violaron los tiempos establecidos de entrega; en tanto, dos han desacatado el falló del organismo.

Dicha información lleva más de dos años cuatro meses sin ser entregada, luego de un largo proceso o “maratón de opacidad”, emprendido por Intolerancia Diario en julio de 2012, cuando se hicieron las solicitudes de información.

Los datos que se ha entregado este fin de semana son los mismos que se negaron dar en 2012 de manera electrónica, bajo una estrategia emprendida para evitar que salieran a la luz el número real de despedidos en el primer año y medio del gobierno de Rafael Moreno Valle.

Las dependencias gubernamentales que han desacatado la orden de CAIP son la Universidad Tecnológica de Tehuacán y el Instituto Tecnológicos de Tepexi, que no han entregado información.

Este “maratón” ha estado lleno de estrategias de opacidad, tras trámites burocráticos, sobreseimientos, juicios de amparo y resistencia constante a la transparencia de la misma CAIP.

Hace unas semanas, la CAIP, que es el órgano garante de la transparencia en Puebla, notificó una resolución para la entrega de la información a las 14 dependencias, pero sólo lo hizo luego de perder un juicio de amparo ante un cuerpo colegiado de magistrados federales.
Para la entrega de los datos, las dependencias tenían 15 días hábiles para otorgar la información, sin embargo, ninguna lo hizo en tiempo y forma.

Diez instituciones, apenas el pasado viernes 7 de noviembre de 2014, enviaron los datos, y dos más, este lunes 10 del mismo mes; pero dos dependencias no lo han hecho hasta el cierre de edición.

La fecha fatal que tenían los funcionarios de las unidades administrativas de acceso a la información para la entrega de los documentos era el 4 de noviembre, debido a que debieron haber sido notificados el 13 de octubre, día en que fue notificado el recurrente.

Sin embargo, los organismos descentralizados del gobierno de Puebla estiraron la liga de la opacidad hasta donde más pudieron, sin ningún minuto menos.
 
La Puebla transparente
La Puebla transparente que tanto pregonan los políticos, desde el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas hasta el burócrata apolillado de escritorio, está aún muy lejos de la realidad.

Aquel cuarto lugar a nivel nacional en Ley de Transparencia queda muy lejano cuando alguna Unidad Administrativa de Acceso a la Información (UAAI) pone toda costa trabas para que los datos no sean revelados al ciudadano común, y si es reportero, con más razón.

Intolerancia Diario realizó, en julio del 2012, un ejercicio periodístico en el que quedaron al desnudo todas estas deficiencias en las UAAI de organismos descentralizados, donde la incapacidad o incompetencia —forzada en algunos casos— es la constante.

La pregunta fue la misma para 30 entidades de gobierno: “¿Cuántos despedidos se han registrado en su dependencia desde el 1 de febrero del 2011?”. La respuesta fue la misma en cada una: bloqueo y burocratismo.

De las 30 dependencias estatales, 14 sí entregaron lo solicitado, pero en 12 de ellas la información estaba digitalizada, a pesar de que se había asegurado que no existía de esta manera.

La respuesta fue la misma en cada una de las 30 oficinas, como con un machote: "No contamos con la información digitalizada". Con esa excusa no fue enviado vía Infomex o Internet.

Las UAAI buscaron argucias legales en la Ley de Transparencia, al poner a disposición la información o in situ, lo que quiere decir que el solicitante tiene que acudir a sus oficinas personalmente a revisar o recoger la información.

Pero en las oficinas que sí se acudió la sorpresa no fue tan grande, cuando se entregaron papeles realizados en computadora.

La digitalización sí existía y desnudó la orden del bloqueo, proveniente de un misterioso correo electrónico enviado desde la Secretaría de Contraloría —revelaron algunos encargados de las UAAI—, con la encomienda de hacer complicada la entrega.

Además de que la práctica de solicitar la credencial de elector para la entrega de la información es una práctica común.

Pero gracias al ejercicio periodístico se interpusieron 16 recursos de revisión, los que fueron divididos en dos, 14 integrados en el expediente 138/COESPO-01/2012 y sus acumulados, y dos en el segundo bajo el número 154/CCP-01/12, y su acumulado 153/CESP-02/2012.

Ambos fueron rechazados o sobreseídos por CAIP, supuestamente por no interponerlos en los tiempos marcados por la Ley de Transparencia, por lo que se recurrió a los juicios de amparo 371/2013-I-5 y 366/2013.

Durante el transcurso del 2014 fueron ganados por Intolerancia Diario, aunque en el primero de ellos la CAIP prefirió interponer un recurso de revisión a ordenar la entrega, con lo que alargó por lo menos nueve meses más el acceso a la información.

Así, la cifra real de despedidos en el primer año y medio del morenovallismo ha esperado, hasta la fecha, dos años cuatro meses.
Mientras la real transparencia o verdadera opacidad fue lo que salió a relucir en 28 meses de maratónicas y desgastantes entregas de información.
 
Maratón de excusas
En todas las oficinas, a pesar de que la ley marca tiempos determinados de entrega, casi siempre se cumple días después, ya que señalan los encargados que tienen que hacer la requisición nuevamente al área que tiene la información.

Así fue el caso en el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, quienes, aunque cumplieron —señalaron los encargados de la UAAI— que no tenían ahí los documentos porque son muy pocas personas las que realmente van a recogerlos.

Por lo mismo, prefieren esperar a que el solicitante llegue a sus oficinas de la 3 Oriente 209, para citarlo nuevamente otro día para la entrega de la información, sin importar que el ciudadano dé más vueltas.

El pretexto el mismo: estaba en curso fuera de Puebla.

En el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Puebla (ISSSTEP) el problema de la no entrega de los datos solicitados pudo pasar a mayores.

El encargado de la oficina, José Alberto Peña Sánchez, entonces secretario de la mencionada área, cuando se le mencionó que sería grabada la explicación de por qué no entregaban los datos, amenazó con mandar a traer personal de seguridad para evitarlo.

Posteriormente, más tranquilo, explicó que la información no había sido entregada por el área correspondiente, en este caso la oficina de Recursos Humanos, simplemente porque no habían encontrado a la titular.

Sin embargo, afirmó que los datos serían proporcionados aquella misma semana —6 de septiembre 2012—, pero se tenía que esperar a una llamada telefónica para avisar que ya estaba la información, la cual nunca llegó.

En el Instituto de Capacitación para el Trabajo (Icatep), un día antes (martes), citó a este medio de comunicación al mediodía de un miércoles, con la promesa de entregarse la información.

A la hora de la cita no hubo nadie en la oficina para entregar el documento, ya que su titular, Eduardo Montealbán García, había salido de Puebla y regresaría hasta el próximo lunes para continuar con el trámite burocrático.
 
Cobros
La Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana se cuece aparte, ya que aunque no negaron la información, sí la bloquearon a pesar de que fue solicitada vía Infomex.

El sujeto obligado afirmó no tener digitalizada la información, por lo que la ponía a disposición, pero al asistir a las oficinas ubicadas en avenida de Los Palos s/n, en San Pablo Xochimehuacán, no se encontró al titular, por lo que con esa excusa no se entregó la información solicitada.

Posteriormente, se informó que se tenía que pagar el costo de alrededor de 800 copias de los expedientes de las bajas de la corporación, con un costo de dos pesos cada una.

Lo anterior debido a que señalan que el solicitante tiene que hacer las cuentas de las bajas por sí mismo, además de que primero tienen que proteger la información personal de los extrabajadores.

Todo aunque sólo se pidieron datos duros y no cada uno de los expedientes, por lo que la postura de la corporación es de cerrazón total a entregar las cifras.

En el Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Puebla (CESP) simplemente no les importó en nada no entregar la información solicitada.

Al asistir a las oficinas, ubicadas en 31 Poniente 3331, no se encontró al titular de la UAAI, Israel Ruiz Ramírez, quien estaba de vacaciones y por ese motivo no se podría entregar la hasta que regresara, sin dar fecha de su regreso de vacaciones.

Pero a Miguel Monterde Alarcón, director de asuntos jurídicos, le importó poco saber que se acudiría a la CAIP para que se entregue la información., al señalar un simple “ni modo”, con una expresión de desinterés

En Carreteras de Cuota Puebla, el encargado de la UAAI se encontraba incapacitado, por lo que no había fecha para la entrega de la documentación, por lo que en ese tiempo se metió el recurso de revisión.

Sin embargo, un día antes de solicitar el recurso a la CAIP, fue citado el solicitante a la oficina para la entrega de la información.

Al llegar le fue negada, al ser enterado que ya existía el procedimiento en su contra, todo a pesar de que en ese momento podía ser entregada y evitar por ende todo el procedimiento en CAIP, que derivarían en juicios de amparo.

Asimismo, instituciones y universidades tecnológicas del interior del estado pusieron a disposición la información, por lo que se tenía que acudir a cada una de las localidades personalmente, a pesar de las grandes distancias.

Por lo mismo se metieron sendos recursos de revisión en cada caso, las cuales finalmente están entregando la información tras 26 meses de un largo maratón de opacidad.