Habitantes de San Miguel Canoa y de La Resurrección realizarán una procesión de la zona de Los Fuertes al zócalo, la tarde de este miércoles, en ella demandarán el cese a la persecución y que liberen a los presidentes auxiliares encarcelados.
En rueda de prensa, realizada en el zócalo de la ciudad, señalaron que el gobierno del estado ha presionado a los ediles que se encuentran presos para que ya no defiendan los intereses de los pueblos, por ello van a iniciar la movilización pacífica.
Anunciaron que harán la caminata orando y esperando que las autoridades liberen a Raúl Pérez, edil auxiliar de Canoa, y a Sabino Baez Serrano, a quienes además se les están fabricando delitos.
Expresaron que los jueces que llevan el caso se niegan a aceptar las pruebas de la inocencia de los dos ediles y, ante las acciones del gobierno, sólo les queda el rezar.
Cuestionaron la acción de funcionarios municipales como Guillermo Aréchiga, que presuntamente ha falsificado firmas para impedir que alcancen su libertad.
En tanto, el Frente de Organizaciones Sociales Políticas de Puebla indicó que es necesario detener las acciones represivas en contra de los movimientos sociales que ha emprendido el gobierno de Rafael Moreno Valle.
Reiteraron que las acciones del gobierno del estado han sido de presión en contra de los movimientos sociales y, ante el riesgo que existe, de que se incrementen estas acciones, es necesario poner un freno a los abusos.
Lamentaron que se sigan criminalizado los movimientos sociales, y es el Gobierno Federal el que debe mediar para que cese la represión en contra de los ciudadanos, dijo que en dos años, lejos de que fueran atendidas sus demandas, han tenido que soportar la presión de las autoridades estatales y represalias como la suspensión de apoyos sociales.
Precisaron que hay situaciones graves en contra de campesinos, queriendo imponer proyectos, además de que se reprimió a comerciantes, campesinos, y se amenazó a periodistas con denunciarlos penalmente por lo que publicaron.
Dora Luz Sánchez Valencia recordó que en Puebla se han reprimido de manera brutal las manifestaciones pacíficas, y expuso el caso de Chalchihuapan, motivado por defender el Registro Civil.
Precisó que ante el incumplimiento de las recomendaciones, el siguiente paso es el que se inicie el juicio político al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas por graves violaciones a los derechos humanos, y habrá que iniciar el proceso.
Expresó que el Ejecutivo estatal minimizó los señalamientos de la comisión, pero el procedimiento es claro, el ombudsman tiene la facultad de presentar una denuncia penal en contra del Ejecutivo estatal, para que se proceda y se responda por el crimen del menor Luis Alberto Tehuatle Tamayo.
Expuso que la única recomendación que fue atendida es el nombramiento del fiscal especial José Antonio Pérez Bravío, el cuan ha sido cuestionado por el caso de la activista Griselda Tirado.
Reiteró que las acciones del gobierno en contra de los movimientos sociales continúan y uno de los casos es el de los detenidos en Cholula.
