El presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso del estado, Eukid Castañón Herrera, anunció que sólo se revisarán los protocolos de la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado, conocida como “ley Bala”, toda vez que no es documento, sino su aplicación.
En entrevista, el legislador informó que, de acuerdo al propio presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la citada ley cumple con los requisitos, y lo que se tiene que ver es lo referente a los protocolos.
Dijo que estos protocolos corresponde presentarlos a la Secretaría de Seguridad, sin embargo, en comisiones unidas habrá una revisión de los mismos.
Cuestionado sobre las declaraciones de Franco Rodríguez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, señaló que el legislador ha trabajado en los protocolos y lo que le toca a la propia secretaría, a efecto de perfilar una salida de fondo al tema de la ley.
Precisó que lo importante en las leyes es su aplicación, y esto se establece en la postura del diputado en el sentido de que no hubo una correcta aplicación, por ello hay que revisar todos los procedimientos y la normatividad que se requiera a efecto de que el documento se cumpla cabalmente y de manera adecuada.
Anunció que va a convocar a comisiones unidas de Seguridad, de Procuración y de Gobernación la próxima semana, para abordar el asunto de la ley.
Insistió en que el tema legislativo es un proceso colegiado y, en ese sentido, es momento de trabajar para ver lo que sucederá con la ley, con 21 diputados.
Sobre si es necesario hacer un acto protocolario para dar respuesta a la iniciativa que envió el gobernador el 21 de julio para abrogar la ley, dijo que primero tendrán que sesionar en comisiones y aclaró que no siempre habrá un dictamen cuando sesionen las mismas.
Dijo que después de los trabajos de cada comisión se dará información y las conclusiones se presentarán en el pleno.
Castañón Herrera anunció que se recopilará la información de las comisiones para dos o tres soluciones, además de que lo que se tiene que hacer es ponerse de acuerdo.
Aclaró que la legislación sigue vigente e insistió en que el documento como tal es claro y cumple con todo, por ello el trabajo es la manera de aplicarlo.
El pasado 21 de julio, durante la sesión de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, llegó el documento enviado por el gobernador para abrogar Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado, luego de la presión de organizaciones sociales tanto nacionales como internacionales, que cuestionaban la aplicación de la ley, como la ocurrida el 9 de julio en San Bernardino Chalchihuapan y que provocó la muerte del menor Luis Alberto Tlehuatle Tamayo.
En la iniciativa original —enviada el 15 de mayo— se establecía que los policías podían utilizar armas de fuego en condiciones de máxima seguridad.
Tras la aprobación el 19 de mayo de manera irregular, fue modificado el documento presuntamente por el Ejecutivo, y el diputado Julián Peña Hidalgo sostuvo que lo que aparecía tanto en el periódico oficial del estado como en el portal electrónico del Poder Legislativo.
El periódico oficial, que recibió para su publicación el documento el 21 de mayo, la publico “el 19 de mayo”, horas después de que había sido aprobada, pese a que técnicamente es imposible de acuerdo al procedimiento.
De acuerdo a la información obtenida, será en el punto 16 del orden del día cuando se proponga que se derogue el documento que fue respaldado por 32 diputados locales, y solo cinco votaron en contra.
Fue el 19 de mayo cuando 32 diputados votaron a favor de la aprobación, y cinco votaron en contra pese a las presiones de organizaciones sociales que cuestionaron la ley que permite disparar en contra de manifestantes las llamadas armas no letales.
