El gobierno de Puebla emitió una serie de mentiras o inconsistencias en el expediente que entregó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para comprobar que cumplió con la recomendación emitida por el caso Chalchihuapan.
Por ejemplo, el gobierno informó a la CNDH que el 16 de octubre ejerció acción penal contra 16 personas; sin embargo, en un comunicado se mencionaron sólo 12 órdenes de aprehensión, 11 ya detenidos, seis policías y cinco presuntos manifestantes.
Además, los cinco de los habitantes de Chalchihuapan fueron detenidos el 18 de octubre, dos días después de lo que le aseguraron al organismo nacional.
Las detenciones se produjeron la madrugada del 18 octubre con lujo de violencia, cuando policías ministeriales llegaron a las viviendas rompiendo puertas y ventanas a marrazos, y encañonando niños y ancianos.
Además, un día antes de que el gobierno del estado emitiera el comunicado en donde se detalló de que se cumplió con la recomendación 2VG/2014, éste se le entregó a los periódicos El Sol de Puebla y Síntesis para “cumplir” con la fecha establecida por dicho organismo.
El comunicado fue publicado hasta la página 4 de El Sol de Puebla, el sábado 18 de octubre, mismo día que fueron detenidas cinco personas por la madrugada, luego de una incursión de policías ministeriales a la localidad de Chalchihuapan.
De este modo, las autoridades poblanas dieron este boletín de prensa como una nota periodística al organismo garante de los derechos humanos
Además, se menciona que fueron invitados medios de comunicación al evento de la disculpa pública celebrado a las 19 horas en el Centro de Convenciones, sin embargo, nunca existió alguna invitación, al grado que sólo se emitió el comunicado.
La publicación fue una de las pruebas que presentó el gobierno de Puebla a la CNDH para demostrar que sí cumplió con la recomendación, entre las que destacaba la disculpa pública, según una carta de la Sexta Visitaduría de la CNDH, emitida a las víctimas de Chalchihuapan.
El mismo comunicado fue emitido a todos los medios de comunicación hasta un día después que lo hicieran exclusivamente a los mencionados diarios.
De acuerdo con la CNDH, el gobierno del estado notificó, a través de la oficina del gobernador, que el pasado 17 de octubre a las 19 horas se realizó el acto protocolario y enlista a los funcionarios que participaron.
Señalan como prueba la entrega de las constancias que se levantaron para demostrar la entrega de las invitaciones, el texto íntegro de la disculpa, fotografías del evento y hasta un video del mismo, además de las publicaciones en los mencionados periódicos.
Pero los agraviados denunciaron que la invitación les llegó tres horas antes; además, ninguno de los habitantes de Chalchihuapan acudió al evento.
En la carta emitida por la CNDH para las víctimas de Chalchihuapan que la solicitaron, firmada por José Zamora Grant, director de la oficina de Graves Violaciones a Derechos, se señala que el gobierno de Puebla sólo cumplió parcialmente la recomendación.
El informe de la CNDH fue emitido a Elia Montes Tamayo, madre del niño José Luis Tlehuatle Tamayo, asesinado en el violento desalojo en Chalchihuapan, y a cinco habitantes más que resultaron afectados por las acciones policiales del 9 de julio.
Fue entregado el pasado lunes 10 de noviembre a través de un oficio (folio CNDH/6VG/DGVGDH/012/2014) girado por la sexta Visitaduría del organismo.
Según el informe, desde el pasado 12 de septiembre se suspendió a los tres mandos medios que más tarde serían despedidos por su responsabilidad en el fallido operativo.
Además, se informa que al secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, se le aplicó una amonestación pública, aunque hasta la fecha no se saben los montos.
La recomendación
Fue el 9 de julio cuando pobladores de Chalchihuapan se enfrentaron a policías estatales, durante el operativo de desalojo de la autopista Puebla-Atlixco, que se mantenía cerrada en protesta por haberles quitado el Registro Civil.
Tras una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se comprobaron las graves violaciones a los derechos humanos, por lo que emitió el 11 de septiembre una recomendación contra el gobierno de Puebla, con 11 puntos.
El gobierno de Puebla tenía 30 días hábiles para cumplir el resolutivo.
En la madrugada del 18 de octubre, policías ministeriales fuertemente armados irrumpieron en siete viviendas de Chalchihuapan, donde detuvieron a cinco personas por medio de golpes y amenazas.
En el operativo, lo mismo fueron encañonadas mujeres de la tercera edad que niños pequeños, algunos golpeados cuando pretendían abrazar a sus padres en los momentos en que se los llevaban detenidos.
Florentino Tamayo Ponce, Raúl Contreras Montes, Vicente Juárez García, Álvaro García Xelhua y Fausto Montes pasaron todo un “calvario” bajo diversos delitos, como motín, ataques a las vías de comunicación, entre otros.
Todos fueron golpeados, humillados y por más de 12 horas desaparecidos, además de comparecer sin sus abogados defensores rindieron su declaración preparatoria.
Ellos formaron parte de los detenidos que el gobierno estatal presentó como uno de los puntos de la recomendación supuestamente cumplido, junto con seis policías de la Policía Estatal.
Unas horas antes, exactamente a las 19 horas del viernes 24 de octubre, el gobierno de Puebla entregó el informe a la CNDH, apenas a cinco horas de que concluyera el plazo de 30 días hábiles
Fue una semana antes, el sábado 18 de octubre, cuando el gobierno de Puebla emitió un comunicado donde afirmó que cumplió con los 11 puntos de la recomendación de la CNDH; sin embargo, tardó seis días más en informarlo oficialmente.
En documento fue dirigido al ombudsman Raúl Plascencia, donde se indica que por instrucciones el gobernador el estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, en relación con la recomendación 2VG/2014 emitida, se informó sobre las acciones ejecutadas por el gobierno para dar cumplimiento a la misma.
En el punto de la disculpa pública que exigió la CNDH, finalmente el gobierno poblano invitó a algunas personas damnificadas del enfrentamiento a un evento el viernes 17 de octubre a las 19 horas, sin embargo, nadie asistió y ni siquiera la prensa fue invitada.
En una de estas cartas, dirigida a Elia Tamayo Montes, se le pidió que asistiera al salón Oriental 1 del Centro de Convenciones, con su familia, para dar cumplimiento a la recomendación de la CNDH.
Lo que no se dijo es que esa carta de invitación le llegó apenas con tres horas de anticipación, de lo cual ni siquiera hay una prueba de que se haya realizado.
“Su asistencia a este evento público es muy importante, por eso la exhortamos a que nos honre con su presencia”, señala la carta firmada por José Montiel Rodríguez, encargado de despacho de la Subsecretaría General de Gobierno.
”El día de ayer el Gobierno del Estado de Puebla realizó el evento de cumplimiento a la recomendación 2VG/2014 emitida por la CNDH el pasado 11 de septiembre”, señaló el comunicado.
