El gobierno del estado incumplió con las 11 recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en torno al caso Chalchihuapan, informó el primer visitador Gabriel García, quien realizó las investigaciones por los hechos del pasado 9 de julio.
Lo anterior fue informado por el Frente de Organizaciones Sociales en contra de la Represión, el cual se manifestó en la capital del país el pasado miércoles. No obstante, indicaron que no fue necesario hacer un plantón frente a la CNDH, toda vez que existe disposición de atender el caso de Puebla.
Dora Luz Sánchez Valencia —quien leyó el comunicado— informó que el primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos, Luis García, reconoció que el gobierno de Rafael Moreno Valle no cumplió con la recomendación hecha por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Recordó que fue el primer visitador quién realizó las inspecciones en Chalchihuapan y quien precisara que no fue ni petardo ni onda expansiva lo que causó la muerte del menor José Luis Tehuatle Tamayo.
Dijo que durante la reunión se abordó el tema y la posición de la comisión de que el caso no se ha cerrado, por lo que aún con el cambio de titular se dará seguimiento a la situación que hay en Puebla.
Anunció que se programó una entrevista con el nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, para el próximo 5 de diciembre en la ciudad de México.
Además, se enviará, en días previos, al director de la Primera Visitaduría, para que recabe la documentación en torno a nuevas quejas por la cantidad de detenidos que existen, toda vez que la Comisión Estatal de Derechos Humanos presuntamente no les ha dado el seguimiento.
Interviene Gobernación
La Secretaría de Gobernación federal se comprometió a revisar caso por caso de los 43 detenidos presuntamente por motivos políticos, mientras la Comisión Nacional de Derechos Humanos advierte que no se han cumplido las recomendaciones,
En la misma rueda de prensa, los representantes del Frente de Organizaciones Sociales en contra de la Represión dieron a conocer los resultados de la movilización en la ciudad de México, e indicaron que el Gobierno Federal manifestó su interés por revisar la situación que se vive en Puebla.
Explicaron que fue el subsecretario de Asuntos Políticos, Luis Enrique Miranda, quien se reunió con el grupo por más de dos horas, escuchando a cada uno de los representantes, entre quienes se encontraba gente de Chalchihuapan, Cholula y San Gabriel Chilac.
Tonatiuh Sarabia, representante del frente, indicó que hay preocupación del Gobierno Federal, de que Puebla pueda convertirse en otro Guerrero ante las acciones por parte del gobierno del estado.
Señaló que por ello el interés de la Segob de que cada uno de los 43 casos se resuelva y no genere un clima de violencia en Puebla, ya que los pueblos se encuentran cansados de los abusos que se han cometido.
Un estado represor
Tras indicar que no hay un cambio de actitud, se ha incrementado la represión, y recordaron que el jueves 21 de noviembre ordenó la aprehensión de Javier Montes Bautista, el cual fue detenido por medio de un impresionante operativo policiaco compuesto por más de 30 camionetas, “acusándolo de delitos que todos sabemos no cometió”.
Insistieron en que a los más de 40 presos políticos que existen en este régimen totalitario y de terror implementado el gobernador.
También, expresaron su solidaridad a los presos políticos de San Miguel Canoa, La Resurrección, Atlixco y otros que han sido reprimidos por no sujetarse a los designios del “señor gobernador”, “el cual, reiteramos, pasará a formar parte del basurero de la historia”.
Sostuvieron que, ante el incumplimiento de las recomendaciones, el siguiente paso es el que se inicie el juicio político al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, por graves violaciones a los derechos humanos y habrá que iniciar el proceso.
Cuestionaron que el ejecutivo estatal haya minimizado los señalamientos de la comisión, pero el procedimiento es claro, el ombudsman tiene la facultad de presentar una denuncia penal en contra del Ejecutivo estatal para que se proceda y se responda por el crimen del menor Luis Alberto Tehuatle Tamayo.
Indicaron que la única recomendación que fue atendida es el nombramiento del fiscal especial José Antonio Pérez Bravío, el cuan ha sido cuestionado por el caso de la activista Griselda Tirado.
