Desde marzo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla (CEDH) recibió la queja de los ahora expropiados de la avenida Las Torres, sin embargo, no hizo nada para conciliar, mucho menos para emitir alguna recomendación contra autoridades estatales.

Desde hace ocho meses, el personal del gobierno estatal entraba sin permiso y por la fuerza a los predios, viviendas y negocios, sin autorización de los propietarios, lo que derivó en la queja que simplemente fue archivada.

“Fuimos acosados de una forma grave en nuestras propiedades, hasta que el 28 de noviembre saquearon a mi papá sus locales y negocios que rentaba”, explicó David Gallegos, uno de los afectados de las expropiaciones, en entrevista a Intolerancia Diario.

“Tenemos una queja en Derechos Humanos de acá de Puebla, hicieron pláticas conciliatorias con el gobierno, pero nunca se acercaron las autoridades desde marzo”, señaló.

Nuevamente presentaron una segunda queja ante el organismo supuestamente defensor de las garantías individuales en Puebla, a cargo de Adolfo López Badillo, pero ahora por demolición, la 13904/2014-1, recibida por el funcionario Marco Antonio Osorio Sánchez.

“La anterior queja que presentamos fue por las molestias contra el gobierno, de que se metían a las casas a medir, sacar fotografías, desde ahí empezaron los abusos porque se metían a la fuerza, aunque no les diera uno permiso.

”Hubo pláticas conciliatorias en Derechos Humanos, pero no se llegó a ningún acuerdo, ni en el precio de cuánto iban a pagar, ni nos dijeron qué nos iban a afectar”, señaló.

Señaló que estaban conformando el amparo ante la justicia federal, pero el gobierno del estado les ganó en tiempo, al realizar los desalojos esta misma semana.

“Ni siquiera me han dejado la notificación del desalojo, nada de nada; se presentaron dos señoras, una era la juez y la otra, la encargada de la obra. Sin embargo, no se identificaron, pero llevaron a cabo el desalojo”, por lo tanto, señaló que es más difícil presentar la solicitud de amparo sin el documento.

Comentó que están dispuestos a negociar con el gobierno de Rafael Moreno Valle para llegar a un acuerdo en el pago de los predios, pero ni siquiera ha habido acercamientos ni información de con quién dirigirse.

La CEDH, al servicio del morenovallismo
En los primeros cinco meses de 2014, apenas se habían emitido nueve recomendaciones, ocho de ellas contra ayuntamientos y una sola contra dependencias del gobierno estatal.

Desde que inició el sexenio estatal, en febrero del 2011, hasta mayo de 2014, se han emitido 123 recomendaciones, pero sólo 26 de ellas fueron contra autoridades del gobierno del estado, de las cuales apenas 14 las emitió la administración de López Badillo.

De las 123 recomendaciones, 89 han sido en la gestión del presidente de la CDH-Puebla, y las 35 restantes se emitieron en tan sólo seis meses, cuando Marcia Maritza Bullen Navarro presidia el organismo, 12 de ellas contra autoridades estatales.

Por ley, las indagatorias de presuntas violaciones graves a derechos humanos, como la pérdida de la vida o golpes y lesiones, no pueden conciliarse.

Por lo tanto, las autoridades pueden evitar la recomendación resarciendo el daño, es decir, pagando hospitalización en dado caso o cese de elementos policiacos.

Sin embargo, existen quejas de ciudadanos a quienes simplemente no se les toma en cuenta su denuncia, ya que se les convence que no procederá.

Pero para que no se note la diferencia de los números, la institución protectora de derechos humanos en Puebla dio la orden de enumerar en su página oficial de internet también las conciliaciones, junto con las recomendaciones, lo que antes no se hacía.

Ahora las recomendaciones no se emiten mediante boletines de prensa, como se acostumbrada desde que fue creado el organismo. Solamente ya son subidas a la página de internet oficial.

Las expropiaciones
Este martes, por segundo vez en menos de una semana se utilizó la fuerza pública para aplicar la llamada “ley del Despojo” en la avenida de Las Torres, donde, sin previo aviso, autoridades toman posesión de inmuebles para demolerlos.

Fue en la colonia Zapata, de San Andrés Cholula, donde se realizó un nuevo desalojo para la modernización y prolongación de avenida Las Torres, que conectará con el Periférico Ecológico.

Esta ocasión, ingresó un grupo de granaderos de la Policía Estatal, para resguardar un terreno de cerca de 4 mil metros cuadrados, donde fue demolido un inmueble de por lo menos seis locales comerciales.

“Sólo me dijeron venimos a desalojar, que saque todas mis cosas, porque traían una orden del juez primero de lo civil, que nunca me mostraron, me insistieron si usted no saca sus cosas vamos a sacar todo”, dijo David Gallegos

“En lo que me decían,  a habían entrado a desalojar en un vivero y material de construcción”, dijo al relatar que en este terreno, de 3 mil metros cuadrados, hay un par de negociaciones que alquilaba.

Además, en este lugar también estaba su casa, de 200 metros cuadrados, en la que ha vivido más de 20 años, la cual empezó a ser demolida inmediatamente

“Llevamos más de 20 años viviendo, es una propiedad o un ejido que tenemos en la familia desde mi bisabuelo, desde los años cuarenta”.

—¿Le han ofrecido algún pago?

—Ni siquiera me han dicho con quién dirigirme para algún pago.

Señaló que está dispuesto a negociar con las autoridades para que le sea pagada la propiedad conforme a derecho, pero si no lo hay, buscará, por medio de la figura del amparo, lograr recuperar algo.

Explicó que el pasado viernes él mismo sufrió una primera expropiación exprés, en unos locales que tenía a tan sólo una calle de los que este martes fue despojado, en el que se demolieron seis locales comerciales y un templo religioso.