La junta auxiliar de San Miguel Canoa se convirtió en el gran problema social para el gobernador Rafael Moreno Valle, quien en su afán de mantener el control de Puebla, maltrata, golpea y busca aplastar a una comunidad que resiste a los embates gubernamentales.
El origen del problema, extendido a todo el territorio poblano, fue la aprobación, en el Congreso del Estado, de la reforma a la Ley Orgánica Municipal, con lo que quitan facultades a los ediles auxiliares para controlar la policía y el Registro Civil.
Durante todo el 2014, esa comunidad indígena no generó buenas reacciones en los diferentes órdenes de gobierno y lo demostraron en la visita de todos los funcionarios municipales, del pasado 6 de marzo, donde el área de Gobernación mostró su falta de oficio.
Eran los tiempos de efervescencia política, los grupos sociales estaban en campaña en busca de ganar la presidencia auxiliar, pretexto que utilizó el Secretario de Gobernación, Guillermo Aréchiga Santamaría, para justificar el zafarrancho del día en que se inauguró el programa “progreso a las puertas de tu casa”, que prendió los focos rojos para la autoridad poblana.
En esa visita, un centenar de mujeres, reclamaron a las autoridades de gobierno, que les estaban cobrando cuotas excesivas por el predial e ingresaron a la plaza pública de Sano Miguel Canoa con cartulinas, como si nadie hubiera revisado y como si nadie hubiera sondeado los ánimos y problemas de los pobladores.
La planeación del evento correspondía a la Secretaría de Gobernación, que encabezaba la operación de todas las secretarías que estaban esa mañana en San Miguel Canoa.
Era la presentación del programa orientado a la atención de las juntas auxiliares, evento que puso de manifiesto que Gobernación no aplicó el análisis FODA, de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
Como consecuencia, el problema social se desbordó y la comunidad demostró que Canoa no sería un hueso fácil de roer y hasta la fecha, demuestran que el problema de esa junta auxiliar, no se trata solamente de un problema entre particulares, sino de una violación flagrante de los usos y costumbres de la comunidad.
Inicia el calvario para las autoridades
El pasado 27 de abril se llevaron a cabo elecciones en las 17 Juntas Auxiliares, pero las votaciones se realizaron en 13 de esas demarcaciones auxiliares, porque en San Miguel Canoa, Santa María Xonacatepec, San Sebastián de Aparicio y la Resurrección los comicios se pospusieron hasta el 11 de mayo, porque se registraron disturbios y quema de boletas.
En ese plebiscito, el regidor del PRI, Iván Galindo Castillejos, calificó de ineficiente el trabajo de Guillermo Aréchiga Santamaría, en la organización electoral y por no propiciar las condiciones de seguridad para que se llegara a un buen resultado.
Empero, la autoridad capitalina descartó un mal trabajo por parte de su secretario de Gobernación.
Defenderse para sobrevivir
Ante la embestida gubernamental, los presidentes auxiliares se vieron en la necesidad de organizarse y defenderse de las acciones represivas del gobierno poblano. Incluso recurrieron a los amparos, en busca de recuperar el manejo del registro civil y de la policía.
Fueron 208 presidentes auxiliares, los que conformaron la Coordinación Estatal por la Defensa y la Identidad de los Pueblos (CEDIP), desde donde exigieron que les regresaran las funciones al frente de registro civil.
Entre los impulsores de la medida, estaban Raúl Pérez Velázquez y Sabino Leonardo Báez Serrano, presidentes auxiliares de San Miguel Canoa y La Resurrección, además de Javier Montes Bautista, edil subalterno de San Bernardino Chalchihuapan. Hoy en día, los 3 se encuentran tras las rejas.
El argumento en que basaron los amparos, fue que los pueblos indígenas se rigen por usos y costumbres y que no tienen confianza en el personal de los ayuntamientos para el manejo del registro civil y de la policía.
El interlocutor oficial con los inconformes en el municipio de Puebla, fue el Secretario de Gobernación, Guillermo Aréchiga Santamaría, quien hasta el momento, no logra un acuerdo con los ediles auxiliares, para destrabar el problema.
Contrario a eso, la oposición se agudizó y la represión avanzó pero los pueblos indígenas continuaron con las movilizaciones, incluso recurrieron a organismos nacionales e internacionales, que hoy tienen los ojos puestos sobre el Estado de Puebla.
Defenderse con recursos propios
Ante la falta de respuesta por la creciente inseguridad presentada en San Miguel Canoa, la comunidad y sus autoridades anunciaron la conformación de una “policía comunitaria”, integrada por diez pobladores que harían rondines y estarían en contacto con la Secretaría de Seguridad Pública y Transito municipal.
De nueva cuenta, la Secretaría de Gobernación nada pudo hacer para que el tema quedara resuelto y contrario a ello, el edil auxiliar, Raúl Pérez Velázquez, logró generar en la opinión pública la idea que en Puebla había ingobernabilidad.
Empieza la embestida
En plena efervescencia de la “policía comunitaria”, el 17 de octubre la policía ministerial aprehendió a Leonardo Sabino Báez Serrano, edil auxiliar de La Resurrección, por lo delitos de resistencia de particulares y ejercicio indebido de funciones.
Ante eso, Raúl Pérez Velázquez, de San Miguel Canoa, acusó a las autoridades estatales, de emprender una campaña de intimidación y persecución en contra de sus opositores
El 18 de octubre, un grupo de personas bloquearon el camino principal a la comunidad, incendiaron una camioneta con logotipos de la Secretaría de Gobernación y soldaron las puertas de la presidencia auxiliar, asegurando que Raúl Pérez detuvo obra pública.
Un día después los pobladores aseguran que se trata del grupo opositor a Raúl Pérez, liderado por Germán Pérez López candidato perdedor a la presidencia auxiliar y señalado también como empleado de la Secretaría de Gobernación.
La segunda aprehensión
Fue la tarde del viernes 31 de octubre, cuando el gobierno estatal, lanzó la segunda embestida y detuvo a Raúl Pérez Velázquez, presidente auxiliar de San Miguel Canoa.
La aprehensión fue llevada a cabo por 15 elementos de la policía ministerial, afuera del edificio de Obras Públicas, la orden de aprehensión fue girada por los delitos de amenazas, robo agravado y privación ilegal de la libertad que denunció un particular, supuestamente.
El lunes 3 de noviembre el secretario de Gobernación municipal, Guillermo Aréchiga Santamaría confirmó la detención del edil auxiliar y aseguró que no fue la comuna la que interpuso la demanda, sino que se trató de un asunto entre particulares y que se espera la decisión del poder judicial que determinaría su situación legal.
Pero además, dijo que en caso de ser necesario se tomaría protesta al suplente que fue elegido junto con Raúl Pérez Velázquez para ejercer las funciones de presidente en la junta auxiliar.
Hijos del edil auxiliar entran en escena pública
Los argumentos del encargado de la política interna de la capital poblana fueron echados por la borda por los hijos del edil auxiliar aprehendido, que aseguraron que la detención no fue producto de “un asunto entre particulares”, sino una trampa en contra de Pérez Velázquez.
Rocío y Javier Pérez Pérez encabezaron una fuerte defensa de su padre encarcelado y evidenciaron complicidad de varios vecinos de la junta auxiliar con el gobierno estatal, entre ellos, Constantino Arce Pérez, acusado de empleado del morenovallismo.
Pero además, afirmaron que el día en que supuestamente se presentaron los hechos por los que se acusa a Raúl Pérez Velázquez, el 18 de octubre, el edil subalterno no se encontraba en la comunidad, porque acudió a la ciudad capital, para resolver asuntos laborales de la comunidad.
Con pruebas a favor de Pérez Velázquez, Rocío atajó las descalificaciones gubernamentales y encabezó marchas de protesta, procesiones y plantones para exigir la libertad del presidente auxiliar.
Suplente toma protesta a escondidas
Los intentos para que el suplente, Félix Flores García, tomara protesta de la presidencia auxiliar, se consolidaron el lunes primero de diciembre, ante la oposición total de la comunidad de Canoa.
Incluso, el hecho fue informado por el regidor Oswaldo Jiménez López, tres días después, de consumada la protesta.
Lo cierto es que hasta el momento, el suplente no asume el cargo, aunque tiene el nombramiento oficial, pero la población no lo acepta y por lo tanto no da la cara ante la comunidad.
Prueba de ello, es que fue convocado a las últimas asambleas comunitarias del 2014, a las que no respondió, por lo que la presidencia auxiliar, continúa acéfala en los hechos.
Evidencia a Aréchiga Santamaría
El pasado 11 de noviembre, Rocío Pérez Pérez dio a conocer que recibió una llamada del Guillermo Arechiga Santamaría, para negociar la liberación de su padre, hecho que no se consolidó.
Dos días después el presidente de la comisión de Gobernación y Justicia del cabildo capitalino, Oswaldo Jiménez, propuso que se instruya a la Secretaría de Gobernación para que se cite al suplente y tome protesta.
Empero, para que el punto de acuerdo de cabildo se cumpliera tuvieron que pasar tres semanas porque fue hasta el 3 de diciembre que en sesión de cabildo se solicita que los regidores aprueben a Félix Flores García, como edil auxiliar de San Miguel Canoa.
La postura de la comunidad de Canoa se mantiene firme, de no permitir la apertura de la presidencia auxiliar y no avalar que el suplente tome el cargo, mientras no liberan a Raúl Pérez Velázquez, quien ahora ya enfrenta un nuevo delito, el de peculado, lo que demuestra la intención del gobierno estatal por mantenerlo tras las rejas.
Canoa es un asunto pendiente y la comunidad se mantiene firme para evitar que la autoridad ingrese y que el suplente tome protesta.
Mientras tanto, organismos nacionales e internacionales, tienen el conflicto en sus manos y buscan que la justicia regrese a esa población indígena.
