Las obras con sobre-costos del gobierno del Estado de Puebla, violentan la ley de Obras y Servicios, aprobada en el sexenio del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, que autoriza un incremento del costo original, del 25 por ciento.

Prueba de ello, es el nodo Juárez-Serdán, que se inauguró el domingo previo al cuarto informe del mandatario poblano, Rafael Moreno Valle, y que se anunció originalmente con una inversión de 311 millones de pesos, pero que al final se realizó en 394 millones de pesos.

De tal forma, que el costo superó la inversión anunciada inicialmente, hasta en un 27 por ciento, por lo que la autoridad estatal violenta la ley de Obras y Servicios federal, reformada el 4 de enero del año 2000.

Pero además, la constante de los últimos 4 años, ha sido fallas en obras con concreto hidráulico, desde gritas y hundimientos, hasta inundaciones por falta de alcantarillas, a pesar de aplicar multimillonarias inversiones, recursos de los poblanos.

Cabe recordar, que el gobernador del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, reveló que las vialidades relaminadas con concreto hidráulico, no necesitarían mantenimiento en los próximos 20 años, empero, de inmediato presentaron problemas estructurales.

También es importante señalar que algunas versiones periodísticas, revelan que los sobre-costos totales de las obras morenovallistas, superan los 650 millones de pesos, una cantidad ofensiva para un Estado con altos indicadores de pobreza.

Sobre-costos por traer empresas foráneas

Al respecto, el presidente de la Agrupación de Constructores y Empresarios Siglo XXI (ACOEM), José Alfredo Vega Herrera, dijo que para evitar esos sobre-costos, es fundamental que se tenga certeza de cada uno de los proyectos que se van a desarrollar en infraestructura, para ser más competitivos.

Reveló, el 90 por ciento de las obras del gobierno del Estado, presentan sobre-costos de diferentes porcentajes, sin que nadie levante la mano para denunciar esos atropellos contra los poblanos.

Por eso, dijo que los sobre-costos se presentan por varias razones, el más importante porque los contratos viene de constructores foráneos que no conocen la morfología de la ciudad, “y eso eleva el costo de las obras, aunque lo permite la ley de obra pública”.

Vega Herrera, reiteró que la ley de obra pública federal, dice que el presupuesto original puede incrementarse hasta en 25 por ciento.

Si no existe un proyecto ejecutivo, agregó, entonces no hay planeación, por eso, desde la ACOEM piden a la autoridad poblana la creación de una Secretaría de Planeación, “porque eso va a permitir que haya continuidad de sexenio a sexenio”.

De crearse la Secretaría de Planeación, en el Estado, dijo, se tendrían proyectos bien estructurados con anticipación y permitiría un buen ordenamiento territorial, un crecimiento urbano equitativo y obras que sean necesarias e importantes para los poblanos.

Con esa Secretaría de Planeación, agregó, los poblanos tendrían la visión hacia futuro para poder competir, con infraestructura y talento de los nuevos empresarios, porque si se abren las puertas tienen la posibilidad de invertir en la capacitación de los integrantes de la empresa.

En tiempos globales y competitivos, aseguró Vega Herrera, se necesita ser un Estado exitoso y considerar un crecimiento sostenido y ordenado, esto permitiría que todo el sector de la construcción creara una cadena productiva y una derrama económica, que beneficiaría en las familias con mayores necesidades.

Así, dijo que con la Secretaría de la Planeación se garantizan las obras necesarias, porque la autoridad ya tendrías proyectos bien estudiados, bien ordenados y eso permitiría que se evaluaran constantemente esos proyectos.

Incluso, reveló que si hay proyectos de sexenios anteriores se pueden retomar y nada más se actualizarían, viendo la inflación de los costos que se hayan dado dentro de la construcción, pero consensado con los constructores.


Urgente trabajar con base a la planeación

José Alfredo Vega Herrera, reveló que en la actualidad, en el Estado de Puebla nos está faltando la planeación, porque no hay un estratega que maneje adecuadamente ese rubro.

Hoy en día, a nivel internacional, son muy pocos los países que tienen esa dependencia de gobierno y en México solamente hay un Estado en el norte, “hay en Europa y en Estados Unidos, entonces hay que retomar esos ejemplos que han permitido que esos países, trabajen con mayores oportunidades y con mayor sensatez y coadyuven con el crecimiento económico”.


Los sobre-costos se cargan al erario público

El presidente de la ACOEM, reveló que los sobre-costos se cargan directamente al erario público, al ciudadano, “los paga la misma ciudadanía” por eso consideró que no es justo que se gaste el dinero de los contribuyentes.

Pero además, dijo que no es válido que se despilfarre en función de las obras que el gobierno cree conveniente, sin considerar que se trata de dinero de los ciudadanos.

Ciudadanos pueden demandar y quejarse de mal uso de recursos

Si los constructores fallan, está la ley de obra pública que los sanciona y obliga a reparar el daño, pero si el gobierno no hace las cosas adecuadamente, debe ser observado y tener algunas recomendaciones para que más adelante no sucedan este tipo de cosas.

Se trata que el barco se alinee lo mejor posible para crecer con un desarrollo sostenible, reveló el constructor poblano, pero también de ser más eficientes y eficaces en la consolidación de los proyectos gubernamentales.

De tal forma, que si se presentan sobre-costos en las obras, de entrada, dijo un abogado consultado por Intolerancia Diario, debe realizarse una modificación al contrato respecto a la cláusula de valor de la obra.

En esa modificación, se debe fundar los motivos que hay para hacerlo, pero no puede incrementarse más de lo ya pactado en el contrato porque de lo contrario es materia de nulidad y de una nueva licitación porque de acuerdo a la nueva reforma ya no hay adjudicación directa.

Desde la sociedad, reveló el litigante se puede demandar al gobierno, por los sobre-costos de una obra, “se puede hacer por medio de una queja en la Contraloría del Estado o en la Secretaría de la Función Pública federal, según la competencia”.

Incluso, en el anonimato, dijo que la demanda puede hacerse por medio de una llamada anónima, para evitar algún tipo de represalias, pero hoy en día, el ciudadano debe ser más observador de lo que realizan las autoridades gubernamentales.