Ante diputados federales, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl González Pérez, calificó como violatorios de los derechos humanos los hechos de Chalchihuapan el año pasado.
Este miércoles, el ombudsman se presentó ante la Comisión Permanente para entregar el informe anual de actividades de la institución que preside.
Presentó de este modo los trabajos realizados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, donde habló principalmente de Ayotzinapa, Tlatlaya y Chalchihuapan.
Los anteriores fueron como los casos más significativos de graves violaciones a las garantías de los pobladores en el país.
Sobre el caso del 9 de julio, en la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, recordó que año pasado se emitió una recomendación para el gobierno del estado de Puebla.
“En cuanto a las violaciones graves a derechos humanos, durante el periodo que se reporta, este organismo nacional formuló una sola recomendación, la cual fue dirigida al gobierno constitucional del estado de Puebla, con motivo de los hechos ocurridos el 9 de julio de 2014 en el municipio de Ocoyucan. Ante la complejidad de las violaciones denunciadas, se da seguimiento puntual a su cumplimiento”, dijo.
Además, planteó que la lucha en contra de la impunidad es hoy un clamor nacional, e indicó que la condición para avanzar en esta área es el combate frontal a la corrupción, así como entender la complejidad del enojo colectivo, que obliga a un cambio de actitud, de estrategia y de discurso.
Por su parte, la diputada federal Roxana Luna Porquillo criticó el formato de comparecencia del ombudsman en la Comisión Permanente, pues no se permitieron preguntas ni intervenciones de legisladores.
Sin embargo, reconoció la labor de Raúl González al recomendar a las autoridades estatales que no se puede dar carpetazo a ningún caso con violaciones graves a los derechos humanos, hasta que haya justicia. Además, les pidió a las autoridades estatales no ser renuentes en cumplir las recomendaciones, lo cual ayudará a salvaguardar los derechos humanos de sus gobernados
El mutis
El 18 de noviembre de 2014, apenas a unos días de haber sido nombrado presidente de la CNDH, Raúl González señaló que junto con los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa la violación grave a los derechos humanos en San Bernardino Chalchihuapan sería una de las prioridades.
Sin embargo, a casi dos meses de esa declaración, aún no ha emitido alguna postura el organismo nacional, sobre si el gobierno de Puebla cumplió con la recomendación emitida por la violación grave de los derechos humanos.
En esta comunidad, el 9 de julio se enfrentaron manifestantes y policías estatales, resultando decenas de lesionados, entre ellos el niño de 13 años de edad José Luis Tlehuatle Tamayo, quien moriría 10 días después.
Tras una investigación de la CNDH, en la recomendación 2VG/2014 se determinó la responsabilidad de autoridades estatales en la violación grave de derechos humanos.
Entre las responsabilidades están la muerte del menor, por lo que emitió la recomendación de 11 puntos que no se cumplieron a cabalidad, según un reporte del sexto visitador del organismo.
No a la reelección
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, solicitó al Congreso de la Unión reformas legales para evitar la reelección del ombudsman nacional.
En entrevista en el marco de la presentación de su informe de labores en la Cámara de Diputados, destacó que quien esté al frente de la CNDH tiene que ejercer sus atribuciones a cabalidad, y eso significa mostrar su independencia y autonomía frente a todo poder público.
El defensor sustenta su actuación en su autoridad moral y en la credibilidad que logre en la sociedad, por lo que su reelección “debilita la autonomía moral, al politizarse la pretensión de un segundo periodo o una reelección en el cargo”.
Además, “es una convicción personal, y de ahí la propuesta que he reiterado ante el órgano legislativo para que no haya reelección” en la presidencia del organismo, reiteró.
Al titular de la CNDH, agregó, “tenemos que fortalecerlo en su credibilidad y quitarle todo aquello que pueda influir en ella”.
El presidente del organismo debe hacer su trabajo solamente “bajo la presión de las pruebas que se desprendan de su expediente; la única presión que puede aceptar es el cumplimiento de la Constitución, de la ley y de los tratados internacionales”.
Incluso, estimó que si “buscamos retomar el liderazgo en el ámbito internacional, es porque queremos lograr la comunicación permanente con los organismos internacionales de defensa de derechos humanos”.
En este sentido, dio a conocer que el 3 de febrero próximo la CNDH presentará ante el Comité de Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, en Ginebra (Suiza), un reporte sobre este tema y no solamente de los casos Tlatlaya y Ayotzinapa, sino de manera general.
Caso Ayotzinapa
El ombudsman externó que el expediente del caso de los normalistas de Ayotzinapa (Guerrero) no se puede dar por concluido hasta que los responsables sean puestos ante la justicia y reciban una sanción.
El exabogado de la Universidad Nacional Autónoma de México exhortó a los padres de familia y a las autoridades federales a darse un espacio de diálogo, para aclarar cualquier duda en torno al caso.
No se cerrará ningún expediente en la materia “mientras no se agoten todas las aristas que tienen que ver con los derechos fundamentales, y luego de ello haremos el pronunciamiento que corresponda”, subrayó.
“Debe señalarse que en las investigaciones que se llevan a cabo las autoridades no podrán dar por concluido este expediente hasta que todos los responsables sean juzgados y se aclare el destino de los estudiantes desaparecidos”, agregó González Pérez.
Explicó que lo sucedido en Iguala ha consternado a la sociedad mexicana y al mundo, por tratarse de un hecho que indigna y agravia a todos los mexicanos y obliga a buscar la verdad, a fin de que los responsables sean señalados, puestos ante la justicia y sancionados conforme a derecho.
