Presos políticos, retraso en aplicación del nuevo sistema penal con juicios orales, la falta de la creación del Consejo de la Judicatura y números rojos marcaron el segundo año al frente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Roberto Flores Toledano. El magistrado presidente rendirá —este jueves— su segundo informe de labores tras su reelección, aprobada apenas la semana pasada.
El control o sistema del miedo ha permeado en el gremio de la abogacía en Puebla, por medio de amenazas de bloqueos en los juicios que lleve, según revelaron algunas fuentes.
Esto se comprobó al buscarse entrevistas con algunos integrantes del Colegio de Abogados o hasta de la Libre de Derecho, pero nadie aceptó, excusas hubo muchas, todas con el mismo fin de no hablar ni para bien ni para mal sobre la situación del TSJ.
El Consejo de la Judicatura
La creación del Consejo de la Judicatura como órgano regulador del sistema penal en Puebla fue una de las promesas en la gestión de Roberto Flores Toledano.
Sin embargo, hasta la fecha Puebla sigue siendo una de las cinco entidades de todo México que no cuentan con este órgano para garantizar la independencia en las resoluciones de jueces y magistrados donde puedan acudir los ciudadanos.
El trabajo de los jueces ha sido marcado por los más de 50 casos de presos políticos opositores al gobierno de Puebla, quienes se mantienen en prisión con argumentos muy endebles.
Por esto mismo, organismos civiles han exigido la creación del Consejo de la Judicatura, sobre todo los que defienden a los presos políticos, como el Movimiento Alternativa Social (MAS) o el Frente de Organizaciones Sociales y Políticas de Puebla (FOSYPPUE), entre otros.
Se acusa que los jueces y magistrados actúan bajo la línea directa del gobierno estatal para encarcelar a quienes se oponen a los proyectos que impulsan o para beneficiar intereses privados.
El 7 de febrero de 2013, cuando se registró su primera elección, Flores Toledano señaló que había una imperiosa necesidad de crear el Consejo de la Judicatura. “Tenemos funciones como tal en lo que es la Junta de Administración, pero yo sí soy de la idea de que existe la necesidad imperiosa de crear el consejo”, pero a dos años de distancia todo quedó en palabras.
Puebla, Baja California Norte, Campeche, Colima y Chihuahua siguen careciendo de esta figura. La primera propuesta para crearla fue enviada por el gobernador Rafael Moreno Valle al Congreso local el 28 de noviembre del 2011. La segunda fue del diputado priista Lauro Sánchez López e ingresada el 8 de febrero de 2013. Ambas se mantienen estancadas.
Juicios orales
Uno de los temas pendiente es la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, con retrasos en la construcción de las Casas de Justicia, donde deben realizarse los juicios orales.
Incluso, ante el retraso se presentó la semana pasada la renuncia de Luis Francisco Fierro Sosa a la Comisión Ejecutiva para la Actualización y Modernización de la Procuración y Administración de Justicia (CEAMPAJ), encargado del proceso.
Los Juzgados del nuevo sistema se ubican en Teziutlán, Zacatlán, Izúcar de Matamoros y Huauchinango; sin embargo, entraron “a medio gas”, ya que en los últimos tres aún no se desarrolla ningún juicio oral hasta la fecha.
De acuerdo con el calendario aprobado por el Poder Legislativo, la región 4, con cabecera en Tehuacán, estará lista el 17 de marzo de 2015; y la región 5, con cabecera en Puebla, hasta el 17 de junio de 2016 para cumplir con el plazo establecido por el gobierno federal.
Pero a 495 días de tener de plazo fijado, se ha avanzado poco. Hasta finales del 2014 en Puebla apenas se avanzó un 44.86 por ciento hasta el 2014 en la implementación del nuevo sistema penal, lo que mantiene las alertas en el TSJ.
En el informe de enero de este año del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), organismo encargado del proceso a nivel nacional, coloca a Puebla junto con otras 19 entidades del país entre los niveles de medio, medio bajo y de bajo cumplimiento.
María de los Ángeles Fromow Rangel, secretaria técnica de este organismo federal, explicó que para el 18 de junio del 2016 los estados habrán pasado ya por un diagnóstico sobre deficiencias y avances.
Además, de acuerdo con la última evaluación realizada por la Secretaría de Gobernación federal, la entidad tiene apenas cuatro puntos de los 10 que debe alcanzar para poder implementar este sistema, colocándose entre los estados más atrasados.
El rezago en el que se encuentra Puebla se debe a que en agosto de 2013 el Congreso local aprobó una reforma para retrasar ocho meses el inicio de la implementación de los juicios orales, que en la entidad se ha ido llevando a cabo por zonas.
Además, Puebla se encuentra reprobada con un 5.3 de calificación en los niveles de actualización y construcción de infraestructura necesaria.
Ni siquiera funciona la página de internet del CEAMPAJ, http://www.nuevosistemadejusticiapuebla.mx, para dar información del tema, al señalarse que está en mantenimiento.
Según los parámetros establecidos, Puebla debió haber alcanzado 730 punto en la última evaluación del realizó el Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC), pero sólo obtuvo 327.5 por ciento.
El CEAMPAJ recibió recursos para 2015 por 39 millones 195 mil pesos. Esta situación ubicó a Puebla en el lugar 14 en cumplimiento del ranking nacional. La medición la realizó la Secretaría de Gobernación federal, con base en una metodología que mide la coordinación y flujo de información, simetría institucional.
Asimismo, se mide el ritmo de implementación y la participación ciudadana, Puebla ha incumplido, aunque ambas instancias han dejado en claro que ninguna entidad federativa está preparada aún para la aplicación de la reforma penal.
Inexperto con guillotina
Roberto Flores Toledano apenas tenía un año dos meses de carrera judicial cuando rindió protesta, el 15 de febrero de 2013, en sustitución de David López Muñoz.
Muchas veces se ha mencionado su cercanía con el gobernador Rafael Moreno Valle, aunque fue negado por el magistrado al afirmar su designación obedece al apoyo de sus compañeros de pleno y no a una relación estrecha con el mandatario estatal.
“A mí me privilegiaron mis compañeros del pleno, no es el gobernador, fue una elección democrática de mis compañeros”, dijo en ese entonces.
Inmediatamente después de su llegada, cuatro jueces fueron suspendidos de sus funciones luego de que el TSJ inició procesos en su contra por diversos ilícitos cometidos con las facultades que le otorgaba su puesto.
Por ejemplo, el juez de Tepeaca José Luis Arenas Juárez fue detenido por liberar ilegalmente a un reo de alta peligrosidad en un presunto acto de corrupción. Asimismo, los jueces Alejandro Ramírez Cante, de Huejotzingo, y Jesús Sánchez Jiménez, de Chiautla de Tapia, enfrentaron un proceso por evasión de reos. El último ingresó al penal de San Miguel, sin embargo, tiempo después obtuvo su libertad.
