El presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso del estado, Eukid Castañón Herrera, aseguró que en la reforma al Código Penal se va a diferenciar a los vándalos de los grafiteros, además de reconsiderar las penas carcelarias que se habían planteado apenas hace un mes.
En entrevista, Castañón Herrera señaló que continúan bajo análisis las sanciones aplicables a quienes dañen inmuebles públicos o privados con pintas o grafitis, para “equilibrarlas” en función del daño ocasionado, e insistió en que no se busca limitar la libertad de expresión.
A un mes de que fue presentada la iniciativa, dijo que los diputados que integran esta comisión se encuentran revisando las diferentes propuestas para definir de manera precisa la figura jurídica que se ejercerá en contra de quienes afecten el patrimonio de los poblanos.
Dentro del análisis se comienzan a hacer precisiones para la aplicación de las sanciones, como el hecho de que aquellos que realicen rayones en propiedad privada podrían hacerse merecedores a una sanción económica o la realización trabajo comunitario, pero en caso que el daño sea en mobiliario urbano o patrimonio histórico la pena sería corporal.
El presidente de la comisión indicó que buscarán ser lo más específicos en la diferenciación entre grafiti y vandalismo, para no vulnerar las garantías individuales de las personas, pero sí establecer sanciones ejemplares por la comisión de este delito.
“Se equilibrarán las multas y sanciones en función de la gravedad del daño y del tipo de bien e inmueble que sea afectado, pues en primera instancia se dejará claro la diferencia que existe entre grafiti y vandalismo (…) Estamos valorando el tema de la proporcionalidad, tal como lo ha estipulado la Suprema Corte, por lo que analizamos las sanciones, no podemos decir si serán dos tipos de sanciones para un mismo delito o no”.
Aclaró que con esta reforma se busca respeto hacia los inmuebles públicos y la propiedad privada que está haciendo afectada por pintas, no sólo en el Centro Histórico de la capital, sino en la periferia y otros municipios.
“Estamos buscando que exista respeto, que se respete la propiedad privada, que a su vez que exista respeto, también exista respeto a la libertad de expresión, y es ahí donde estamos discutiendo el tema”, añadió.
La iniciativa presentada a finales del mes de enero contemplaba una sanción de uno a dos años de prisión a quien dañara con pintas propiedad privada, pero en el caso de propiedad pública el castigo iría de dos a cuatro años.
Sin embargo, la sanción podría elevarse de seis a 12 años de cárcel si se comprueba que hubo dolo en las afectaciones al mobiliario urbano, inmuebles o monumentos históricos.

La inconformidad


A principios de mes, ante las protestas generadas por la propuesta de modificar el Código Penal del Estado para sancionar hasta con 12 años de prisión a los grafiteros, el diputado Eukid Castañón Herrera, quien presentó la iniciativa, aclaró que todo está en análisis y pueden reconsiderarse las sanciones propuestas.
Castañón Herrera pidió no “sacar raja política” de su propuesta, con la cual busca implementar los castigos en contra de los grafiteros, y precisó que la propuesta será nutrida con la aportación que hagan sus demás compañeros.
“El resto está en calibrar muy bien las sanciones en función del daño y del tipo de inmueble, entonces estamos en ese tipo de análisis. Estamos buscando que sea una ley proporcional, que respete el principio de proporcionalidad que está establecido en la Constitución”.
Incluso, el diputado panista reiteró que en ella se establece que los municipios estarán obligados a ceder espacios a los jóvenes para poder expresarse de esta forma.
Anteriormente, la presidenta estatal del Partido de la Revolución Democrática, Socorro Quezada Tiempo, advirtió que la modificación al Código Penal del Estado, para castigar con mayor rigor a quien realice pintas denominadas grafitis, sería una forma de limitar la libre expresión.
En entrevista, Quezada Tiempo declaró su inconformidad con dicha modificación, donde las penas que podrían alcanzar las personas que sean detenidas realizando las pintas serían de hasta 12 años de cárcel.
El catedrático José Guadalupe Sánchez Jiménez, en entrevista por separado, advirtió que la propuesta del diputado Eukid Castañón Herrera es “draconiana del siglo XVI”, pero sobre todo va en contra de los artículos 6 y 14 constitucionales, ya que se busca criminalizar al ciudadano por manifestarse.
Indicó que la libre manifestación está consagrada en el artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.