Nueve elementos de la Policía Estatal fueron suspendidos este fin de semana supuestamente por habérseles encontrado documentación falsa y otros cien fueron removidos de sus cargos para áreas administrativas.
Fuentes de la dependencia de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, informaron que este viernes fueron citados a la academia de la policía de la 10 Poniente, donde llegó el José Eugenio Granillo Domínguez, encargado de despacho del área de Asuntos Internos.
Asimismo fue acompañado por personal de la Secretaría de la Contraloría, para acusar a los elementos policiacos de haber presentado para trabajar documentos apócrifos, como actas de nacimiento, certificados de estudios y cartilla militar.
La inconformidad es que los uniformados suspendidos llevan entre 10 y 20 años laborando, por lo que aseguran que no son documentos falsos los que presentaron.
De este modo fue entregado a cada elemento un oficio de la suspensión y sus causas, además de que la dependencia se reserva el derecho a denunciar ante el Ministerio Público, por la posesión de dichos documentos.
Desde el pasado jueves, Intolerancia Diario, informó por medio de la columna El Chat de quien esto escribe, que los uniformados fueron llamados desde el miércoles para sentenciarlos.
Ahora este viernes, al menos nueve elementos ya fueron suspendidos oficialmente, y en lugar de presentarles una propuesta de finiquito los amenazaron con aplicarles una orden de aprehensión.
De este modo desde el miércoles pasado por medio de la amenaza de la denuncia ante el Ministerio Público, se les exigió que firmaran su renuncia o serían detenidos por el delito de los documentos falsos, sin embargo no firmaron.
Elementos de la corporación, aseguraron a este medio que son falsas las acusaciones de las autoridades estatales, debido a que no puede ser que apenas se hubieran dado cuenta que entraron a trabajar con documentos falsos, después de muchos años.
Señalaron las mismas fuentes que se están organizando para hacer una nueva protesta por este proceder de las autoridades de la SSP encabezada por Facundo Rosas Rosas.
Ahora los elementos que fueron suspendidos interpondrán un amparo ante la justicia federal, al asegurar que son falsas las acusaciones y es una cacería en su contra
Aseguran las fuentes de la corporación que esta situación se debe a una cacería, desde que las autoridades han querido dar de baja a los uniformados de cualquier modo.
El viernes 13 de febrero, al menos cien elementos policiacos fueron avisados de que serían removidos de sus cargos, para ser pasados a áreas administrativas.
Señalan que el temor es que poco a poco vayan despidiendo a los uniformados, por lo que ya se preparan por medio de amparos.
A principios de octubre de 2014, policías Estatales mantuvieron un paro de labores en las oficinas de la corporación, en el que exigen la destitución del secretario de Seguridad Pública Estatal, Facundo Rosas Rosas.
Desde entonces señalaron que las autoridades incumplieron los acuerdos que ningún policía iba a ser cesado, luego de que notificarán que 400 elementos serían destituidos por no aprobar las pruebas de control de confianza.
Señalaron  que en reunión les informaron que dejaron de ser policías del estado, y que serían acomodados en áreas administrativas.
Por lo que afirmaron es un engaño, debido a que el personal administrativo también tiene que pasar la prueba de confianza, por lo que tampoco podrían ser ocupados en estos cargos obviamente.

Así ocurrió el pasado 1 de octubre


Disfrazan los despidos en Seguridad Pública

Fue un engaño la promesa de que los policías no iban a ser despedidos. La mentira morenovallista sólo sirvió para levantar el paro policíaco que los uniformados estatales mantenían en la víspera, ayer el gobierno empezó a correr a los elementos de Seguridad Pública.
Los primeros fueron los elementos de la Policía Ministerial del Estado (PME). El despido de los ministeriales se realizó en el auditorio de la 31 Oriente y el bulevar 5 de Mayo.
Al cierre de la edición, el gobierno estatal no había especificado la cifra de los ministeriales despedidos.
Versiones periodísticas apuntan a que la cifra de despedidos iría de los 80 a 160 policías ministeriales que quedarían fuera de la corporación.
A diferencia del paro de labores que realizaron sus compañeros de la Policía Estatal Preventiva (PEP), en esta ocasión los policías acudirían al amparo.
El gobernador Rafael Moreno Valle desconoció el acuerdo entre elementos de las corporaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del estado y el subsecretario de Coordinación y Operación Policial, Adolfo Canseco Villagrán, quien este lunes, luego de un paro de protesta, le informó a los policías que quedaba sin efecto el despido de 400 elementos de la Policía Estatal que no habían aprobado una prueba de confianza.


En stand by, despido de 151 policías estatales


Las presiones en contra de los trabajadores de la Secretaría Pública Estatal continúan. Para presentar su declaración patrimonial, los elementos de seguridad pública requieren de un NIP que otorga la Secretaría de Finanzas, pero el mismo no puede ser otorgado si no hay un oficio de la Secretaría de Seguridad Pública estatal que lo autorice. Así lo contó Intolerancia Diario el pasado 20 de diciembre de 2013.
Trabajadores de Seguridad que están en riesgo de ser despedidos al incumplir la presentación de su declaración patrimonial —documento que jamás se les había solicitado— no pueden hacer este trámite que les salvaría su trabajo.
A través de distintos mecanismos se ha buscado despedir a los trabajadores, algunos de ellos cumplen funciones administrativas, o de chóferes o pintores, pero son asignados a tareas de policías antimotines u otras tareas, en lo que los trabajadores consideran una forma de acoso.
Lo mismo modificando turnos que enviándolos a cubrir manifestaciones o estar como policías antimotines, cuando este personal administrativo ha recibido una instrucción de un mes para cubrir dichas actividades de seguridad pública.
Elementos de seguridad pública estatal señalaron a Intolerancia Diario que los trabajadores han pasado los controles de confianza que forman parte de los requisitos de permanencia en el sistema de seguridad del estado de Puebla.
Los trabajadores entrevistados confirmaron que en años anteriores no presentaron sus declaraciones patrimoniales y que en consecuencia no serían justos sus despedidos. Además, dicho documento no se les solicitó.
En octubre del 2012 se aplicaron pruebas de control de confianza, arrojando 130 elementos del personal de seguridad dados de baja por reprobar dichos exámenes.
Sin embargo, trabajadores de la dependencia estatal señalaron que se les ha acosado de unos meses a la fecha, con distintas medidas. Por ejemplo, durante el fin de semana del Buen Fin, a personal administrativo se le destinó a estar en guardia, modificándole su horario de salida, que era a las 12 horas, para que fuera a las 2 horas de la madrugada.
“Nosotros no nos hemos hecho tontos para presentar la declaración patrimonial, pero nunca se nos había pedido ese documento. Es la primera vez que nos lo piden. A nosotros se nos hace raro cuando nos llegó el primer oficio donde se nos decía que habíamos incurrido en omisión, porque en nuestro expediente no teníamos ese documento, ¿pero cómo vamos a incurrir en omisión si este documento no nos lo habían solicitado jamás? Luego, luego acudimos a ver a los abogados, porque decían que habíamos violado ésta y otra ley, y nos citaron distintos artículos.
”Nosotros ya hemos pasado los controles de confianza. Y ahora que fuimos a presentar nuestra declaración patrimonial nos salen con que no podemos hacerlo porque no nos han asignado un NIP. A mí se me hace muy raro todo esto. ¿Quién o quiénes se quieren quedar con nuestros puestos de trabajo?”.
Las fuentes consultadas señalaron que los trabajadores están en la zozobra y que aún no se realizan los despidos anunciados por este medio de comunicación el pasado martes.
Además, los trabajadores externaron su preocupación por la medida; al enterarse de la misma a través de Intolerancia Diario, señalaron que han buscado presentar sus declaraciones patrimoniales sin éxito, debido a la ausencia del NIP. 
Elementos de seguridad estatal entrevistados por este medio de comunicación señalaron que su situación laboral es precaria. Trabajadores con más de 15 años en la dependencia cuentan con contratos de confianza indefinidos, los cuáles pueden ser rescindidos en cualquier momento.