El pleno legislativo sirvió para que el secretario de gobierno, Luis Maldonado Venegas, defendiera una y otra vez las políticas de “gobernabilidad” de la administración estatal.

El funcionario de la administración estatal encaró algunos de los cuestionamientos para justificar las acciones políticas del gobierno de Puebla.

Una a una, las acusaciones realizadas por Organizaciones de Derechos Humanos, las críticas realizadas por activistas sociales y los propios señalamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre las violaciones de derechos humanos en el caso de San Bernardino Chalchihuapan que le costó la vida al niño, José Luis Tlehuatle Tamayo de 13 años, fueron minimizadas por Maldonado Venegas.

Maldonado intentó que se esfumaran las dudas de algunos legisladores de oposición y sus críticas sobre la actuación gubernamental el pasado 9 de julio.

Las voces críticas se escucharon en el Congreso y Maldonado justificó “la ley bala estigmatizada y ni siquiera la conocen”, su expresión sobre las “piedras de grueso calibre” que supuestamente ocuparon los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan en el desalojo policiaco del pasado 9 de julio; y la inexistencia de los “presos políticos en Puebla”.

En ese tenor Luis Maldonado defendió las acciones de gobierno de Puebla y desacreditó los cuestionamientos sobre la existencia de presos políticos en el estado.

Durante la comparecencia del secretario de gobierno, Maldonado ninguneó las acusaciones en contra del gobierno de Puebla sobre la existencia de presos políticos y las constantes violaciones a los derechos humanos cometidos por la administración estatal.

Maldonado refutó en el legislativo la existencia de presos políticos: “Únicamente hay presuntos responsables de delitos del fuero común. Ante algunos conflictos bajo supuestas demandas sociales, que pretendan encubrir actos de provocación, violación del marco legal, afectando los intereses de terceros o amenazando la libertad y seguridad de los ciudadanos, la autoridad no tiene más alternativa que hacer valer el estado de derecho”.

En el posicionamiento efectuado ante los legisladores por el responsable de la política interna en la entidad, Luis Maldonado Venegas, incurrió en descalificar a los opositores.

“Ese discurso, que pretende ser utilizado por oportunismo electoral por líderes morales de algunos movimientos, lideres morales que en la práctica no son tan morales, se diluye con evidencia y por ello entregare copia del expediente para corroborar la falsedad de estos señalamientos”, refirió el funcionario.

Maldonado expuso una visión para justificar la violencia ejercida por el Estado:

“Mencionaré los desafortunados hechos del pasado 9 de julio que dejó como saldo 8 ciudadanos y 40 policías heridos y la muerte de un niño de Chalchihupan. Han subido distintos análisis y especulaciones; criterios de la más diversa especie, acciones y dictámenes parciales, pero las conclusiones son distintas, no obstante el ceñirse al estado de la ley”.

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Cuestionados sobre el tema de Chalchihuapan y sobre las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Secretario General de Gobienro dijo que, “a la fecha, nueve de ellas han sido plenamente cumplidas y dos se encuentran en proceso de atención” debido a la propia naturaleza de las mismas.

Al respecto, tanto el titular de la Secretaría General de Gobierno y como el procurador de Justicia, Víctor Carrancá Bourguet, reiteraron que no existen “presos políticos”, pues las detenciones obedecen a actividades delictuosas. Asimismo, reiteraron que el deber del estado para “impartir justicia, reparar el daño y evitar la repetición de los actos o circunstancias semejantes”.

En su momento, Luis Maldonado Venegas puntualizó, “la Ley no se negocia, ni está al arbitrio del chantaje” y manifestó que existe un discurso manipulado, utilizado por supuestos líderes “morales” de algunos partidos políticos, que en la práctica mienten, intentando diluir evidencias y hablando de “presos políticos”. Por ello, entregó al Congreso la copia de los expedientes turnados a la CNDH, “para corroborar la falsedad de dichos señalamientos” utilizados mediáticamente por algunos personajes.

El funcionario expresó, a nombre del sector, que esta glosa se realizó con la convicción de que la “Ley iguala a todos como ciudadanos”, por lo que “nadie escapa a las decisiones públicas y políticas”.

Abundó sobre el clima de gobernabilidad y de seguridad que tiene el estado, así como las acciones de control y supervisión, que permiten el desarrollo económico y social, tanto de los individuos como de Puebla en su conjunto.

En el posicionamiento se expusieron las acciones encaminadas a mantener el buen gobierno y el compromiso del gobierno estatal para ejercer una gestión transparente, honesta y cercana a la gente, dijo Maldonado.

En este rubro también se destacaron las distintas herramientas tecnológicas, a fin de publicar información útil, logrando una calificación promedio de 93.9 en la evaluación que realiza la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (CAIP).

El apunte

El titular de la Secretaría General de Gobierno puntualizó que para solucionar los conflictos sociales se debe privilegiar el diálogo; sin embargo, dijo, “el estado no pactará ni permitirá que se tuerza la ley, mucho menos no cederá al chantaje político”.

“Mencionaré los desafortunados hechos del pasado 9 de julio que dejó como saldo 8 ciudadanos y 40 policías heridos y la muerte de un niño de Chalchihupan. Han subido distintos análisis y especulaciones.”

“El gobierno del estado solicitó la atracción, las investigaciones y la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El gobierno aceptó sin reservas, sin resistencias la aplicación de las recomendaciones y se ha abocado en su legalidad. Nueve han sido cumplidas y dos en proceso de atención y quiero decir que ningún gobierno está extremo de estos imprevistos.”

A destacar
El secretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, refutó en el Congreso local la existencia de presos políticos: “Únicamente hay presuntos responsables de delitos del fuero común. Ante algunos conflictos bajo supuestas demandas sociales, que pretendan encubrir actos de provocación, violación del marco legal, afectando los intereses de terceros o amenazando la libertad y seguridad de los ciudadanos, la autoridad no tiene más alternativa que hacer valer el estado de derecho”.