Luego que Intolerancia Diario reveló que se continúan cobrando las nóminas de exburócratas despedidos desde hace más de un año, el diputado Julián Peña exigió que las autoridades fiscalizadoras realicen las investigaciones correspondientes.
Advirtió que el cobro de nómina de personal despedido hace año y medio es un fraude, no sólo contra los extrabajadores sino también contra las finanzas del propio estado, lo que tiene un sentido penal.
El legislador de Movimiento Ciudadano comentó que si hay una denuncia por parte de un trabajador hay que llegar hasta sus últimas consecuencias para ver quién o quiénes están realizando el cobro de los cheques que se emiten cada quincena.
Peña Hidalgo dijo que en el momento en que se da de baja a un trabajador de inmediato se retira de la nómina y se inicia el proceso de liquidación.
Indicó que habrá que analizar si solo es en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal o también existe la misma simulación en otras áreas o dependencias.
Recordó que en las últimas semanas se dio un recorte en Cultura y dependencias de la Secretaría General de Gobierno, por lo que en una primera estimación, señaló que podrían ser hasta 500 trabajadores los que sigan en la nómina pese a que ya no laboran para el gobierno de Rafael Moreno Valle.
Advirtió que el dinero se estaría desviando con fines políticos y la recomendación es que quienes fueron despedidos también soliciten una copia de la nómina para determinar si aún aparecen como trabajadores y si sus cheques están siendo cobrados.

La manifestación


El pasado 2 de octubre de 2014, elementos de la Policía Estatal que fueron despedidos demandaron a las puertas del Congreso del Estado la renuncia del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, ante el incumplimiento de sus promesas y rechazaron aceptar la liquidación de mil pesos por año que ofreció el gobierno del estado.
Con pancartas, centenares de uniformados también exigieron la renuncia del Secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas.
Una comisión de los elementos suspendidos se plantaron frente a la sede del Congreso del Estado para demandar la intervención de los legisladores; en tanto, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Franco Rodríguez Álvarez, se ausentó del recinto.
Los elementos señalaron que han arriesgado su vida durante 20 o más de 30 años de servicio y ahora lo que se les ofrece son únicamente mil pesos por año y una computadora.
Mostrando sus recibos de pago, los uniformados demostraron que el salario que recibían no era el que señala el gobierno estatal, este era de 7 mil 200 pesos mensuales y menos el descuento de 900 pesos por conceptos de impuestos y servicios médicos.
Aquel lunes, los elementos de la policía estatal denunciaron la manera en que amañaron los exámenes de control de confianza, relataron que la mayoría de los evaluados fueron notificados a las 23 horas para que se fueran a descansar y se les solicitó que regresaran a las 7 de la mañana del día siguiente, es decir 8 horas después.
Los exámenes que les aplicaron fueron el psicométrico, toxicológico y polígrafo, sobre enriquecimiento y nexos con la delincuencia organizada.
Señalaron que en condiciones normales se da un descanso de 24 horas previas a fin de que pueden llegar relajados a presentar el examen y los resultados sean reales.
Consideraron que después de trabajar 18 horas seguidas dormir cuatro y tener la presión lo que sucederá, es lógico que reprueben el examen psicométrico y el polígrafo presente alteraciones.
En el tema de nexos con la delincuencia organizada, hasta ahora no se conoce ni un sólo caso comprobado de que quienes fueron cesados por presuntas relaciones, tengan esos nexos.