Organismos civiles antimorenovallistas harán denuncias de la situación de represión del gobierno de Puebla ante Comisión Interamericana en Defensa de los Derechos Humanos (CIDH), y la Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Asimismo, ante la Cámara de Senadores y Diputados, además de la presidencia de la República y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (CNDH).
Les harán llegar a estos organismos, la relatoría del foro “Criminalización de la Lucha Social y Situación Actual de los Trabajadores en México”, realizado este fin de semana, donde se analizó la situación que viven los ciudadanos en Puebla.
Integrantes del Movimiento de Alternativa Social señalaron que quien critica, quien cuestiona y desnuda las verdaderas intenciones del poder es perseguido, vituperado, calumniado y acosado de manera permanente.
“Pero ni así nos van a callar, ni así nos van a detener, vamos a seguir defendiendo el patrimonio nacional, vamos a seguir defendiendo los derechos de la gente, vamos a seguir defendiendo al pueblo de México y vamos a seguir actuando con convicción y con firmeza”, dijo Marco Mazatle.
En el foro en el que participaron diversos activistas de organismos civiles, se hizo el conteo de que en cuatro años del gobierno de Rafael Moreno Valle, se han encarcelado a 133 personas.
Los detenidos son dirigentes sociales, comerciantes, sindicalistas, activistas, defensores de derechos humanos, campesinos, amas de casa, mototaxistas, transportistas y todo aquel libre pensante.
“De 2011 a la fecha, en Puebla se ha reprimido sistemáticamente los derechos consagrados en nuestra Constitución como la libertad de expresión, la libre manifestación de ideas y la organización, y se ha criminalizado la protesta social con la llamada ley Bala”, se dijo.
El foro
El foro “Criminalización de la Lucha Social y Situación Actual de los Trabajadores en México”, se realizó en el Auditorio del Sindicato de la Sección 1 del IMSS.
El encuentro fue convocado por el Observatorio Electoral Ciudadano, donde ponentes coincidieron en que Moreno Valle representa el Neoliberalismo e impulsa proyectos que permiten la concentración de la riqueza a cambio de la sobre explotación de las fuerzas de trabajo, la tierra y los recursos naturales.
Los participantes fueron el abogado Samuel Porras Rugerio, el doctor Carlos Figueroa Ibarra, el maestro José Guadalupe Sánchez Jiménez, y cerró Enrique González Ruiz, académico, luchador social y exrector de la Universidad de Guerrero.
Por lo tanto, se exigió “un ¡ya basta! a la ola de violencia en contra de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UVPA) 28 de Octubre”, y la inmediata libertad a los presos políticos”.
Samuel Porras declaró que en Puebla hay una inversión del sistema penal como proyecto político, a favor del gobierno en turno.
Además, hizo una crítica al sistema jurídico que está al mejor postor, así como las obras innecesarias del morenovallismo.
Dijo que a los presos políticos, que cada vez son más, así como a los exburócratas de que les sirven los grandes puentes y obras faraónicas, cuando no tienen ni para llevar el sustento a sus familias.
Mientras refirió que los Tribunales operan con rezagos del gobierno pasado, si es que los despedidos buscan interponer un amparo o una denuncia contra los despidos injustificados.
En el caso de los presos políticos no se ha demostrado que ninguno de los encarcelados haya cometido delitos. No se tiene un problema legal, sino político, mucho menos de ley.
Enrique González Ruiz señaló sobre la descomposición del Estado mexicano, la cual no se ajusta a las necesidades del capital en la coyuntura del neoliberalismo.
“El Estado mexicano se descompensa, hace que su estructura jurídica no funcione, y utiliza al Ejército para hacer funciones de policías, como pasó en Tlatlaya, en lugar de dedicarse a la defensa de nuestra soberanía”.
